El Gobierno valenciano justifica que guardó material de protección contra la covid bajo llave para protegerlo de robos

La Conselleria de Sanidad ha justificado que hubiera guardado “bajo llave” material de protección contra el coronavirus durante los primeros meses de la pandemia, para protegerlo de sustracciones de dicho material que se venían produciendo durante las semanas anteriores a la declaración del Estado de Alarma.

En concreto, en el recurso presentado contra la sentencia del juzgado de Alicante que obliga a la Generalitat a indemnizar a los sanitarios por la falta de protección frente a la covid durante los primeros meses de la pandemia, la Abogacía de la Generalitat alude al robo de “600 mascarillas quirúrgicas, 300 mascarillas odontológica de bozalito, 30 mascarillas FPP3, 30 mascarillas FPP2 y 20 botellas de solución hidroalcohólica” en el Hospital de Elda (Alicante).

El recurso se refiere a uno “hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declara el Estado de Alarma. Dichos hechos fueron objeto de denuncia ante la Dirección General de la Policía, así como de la incoación de un expediente informativo por parte del Departamento de Salud de Elda”.

El texto además explica que “como consecuencia de los hurtos que se estaban produciendo a medida que se acercaba la declaración del Estado de Alarma, se decidió poner dicho material en los despachos de los supervisores con el fin de dispensarlo únicamente al personal que le correspondía, por su nivel de riesgo de exposición al COVID-19 y según los protocolos de actuación del Ministerio de Sanidad”.

En el escrito presentado a la Comisaría se señalaba lo siguiente: “Que dicho material ha sido presuntamente robado/hurtado; dado que el acceso a Quirófanos (Quirófano, Almacenillo y Quirófano de Urgencias) se accede a través de clave de acceso, conocida sólo por el personal autorizado, no por el resto de personas que acceden al Hospital General Universitario de Elda”.

Además, el recurso asegura que en ningún caso se les facilitaba solamente una mascarilla a la semana a los sanitarios, sino que se hacía de forma diaria, y además había material para cada tipo de actuación.

Tras la presentación de este recurso, el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM CV) ha advertido esta mañana que tomará acciones legales contra la Generalitat valenciana si no retira dicha acusación de robo contra los sanitarios.

Fallos en la demanda

El recurso presentado por la Abogacía de la Generalitat valenciana alude a “infracciones de normas o garantías del procedimiento” que no han sido tenidas en cuenta en la sentencia.

En primer lugar, asegura que “no se indican concretamente ni las circunstancias de los demandantes, ni tampoco se expresa una enumeración clara y concreta sobre el incumplimiento de la normativa en materia de prevención respecto de cada uno de los facultativos para los que se solicita una indemnización”.

Además, señala que “es indispensable acreditar el incumplimiento concreto y la relación de causalidad con el daño. Es decir, es preciso establecer qué daños se han producido, en qué circunstancias concretas para cada sanitario, y acreditar que esos daños derivan de la vulneración de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y no tratar de establecer un relato de hechos genérico para todos ellos, cuando se están solicitando indemnizaciones concretas en función de en qué grupo de afectados se incluya cada uno”.

Es decir, para la Conselleria de Sanidad es “fundamental determinar la casuística concreta de cada sanitario para valorar la procedencia o no de abonar una indemnización, porque no es lo mismo haber prestado servicio de una zona COVID del hospital que en otra que no lo es, ni tampoco es igual el material de protección que debe usarse en una zona COVID del hospital que en un centro de atención primaria”.

El recurso además recuerda que a partir de la entrada en vigor del decreto de Estado de Alarma, todas las competencias en materia sanitaria y, por lo tanto, de abastecimiento de material de protección, recayeron sobre el Ministerio de Sanidad, por lo que la responsabilidad queda fuera de la competencia autonómica.