El IVF tumba el plan del Valencia CF para acabar el Nou Mestalla

El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ha concluido tras estudiar el plan económico presentado por el Valencia CF a la Generalitat para acabar el Nou Mestalla que este no supone una “garantía eficaz”, por lo que propone pedir al club más concreción y nueva documentación al respecto, según pudo saber Efe por fuentes de la Conselleria de Política Territorial, que fue la que encargó el informe.

El estudio del IVF concluye que se requiere una mayor concreción en términos, condiciones y compromisos firmes, lo que hace conveniente la solicitud al club de una nueva documentación. Esa petición se realizará en la reunión que mantendrán el martes los consellers Arcadi España y Rafa Climent, de Economía Sostenible con el club.

En el mes de noviembre, tras iniciar el proceso de caducidad anticipada de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) para que el club retomara y acabara su nuevo estadio como consecuencia de sus incumplimientos como promotor, el Consell le ofreció un plazo de noventa días para presentar una propuesta “creíble y garantizada financieramente” a cambio de poder mantener los beneficios urbanísticos que le daba esa ATE.

El Valencia presentó a principios de marzo un nuevo proyecto para el estadio con un presupuesto de 110 millones de euros que contaba con los ochenta que podrá dedicar la entidad a infraestructuras de los 120 millones a los que puede acceder en virtud del acuerdo entre LaLiga y el fondo CVC.

Para estudiar ese plan, el conseller España pidió también un primer informe al ayuntamiento de València, que avaló la caducidad anticipada y pidió para conceder esos beneficios en forma de aumento de la edificabilidad firmar un nuevo convenio en el que el club se comprometiera a acabar el estadio según los ya firmados, es decir con un aforo de 70.000 personas y no de 46.000 como el que propone y con un sistema que permita instalar una pista de atletismo para celebrar grandes campeonatos de este deporte.

La entidad de Mestalla ha pedido reiteradamente que no se caduque la ATE, sino que se amplíe su duración de 2025 a 2030 y, de hecho, recurrió a la justicia ordinara la decisión de la Generalitat de no atender a esa petición de reordenación hace ahora un año.