Las empresas valencianas de renovables advierten del aumento de litigiosidad por la suspensión de licencias municipales

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresas del sector de la Energía (AVAESEN), Marcos Lacruz, ha advertido de un aumento de la litigiosidad por la suspensión de licencias municipales para proyectos de energías renovables.

Durante el Congreso de Energías Renovables que se celebra este jueves en València, Lacruz se ha referido a la amenaza de suspensión de licencias en algunos ayuntamientos que a su juicio, no es “el mecanismo más adecuado” para regular la fotovoltaica en su territorio y “poco ayuda” a los objetivos de la transición energética.

Ha reclamado apoyo y comprensión a la administración en el debate público: “Que esté de nuestro lado a la hora de competir y formar e informar a la población de que las renovables han venido para ayudarnos”.

Y ha solicitado a la administración y a los grupos políticos para regular la fotovoltaica en su territorio, sino al contrario, es “una de las amenazas” al desarrollo fotovoltaico, que además puede generar un aumento de la litigiosidad.

Diferentes corrientes dentro del Botànic

Por otra parte, los consellers responsables de la tramitación administrativa de los proyectos de energías renovables han defendido con vehemencia que han trabajado con “consenso y coordinación” y como “una única administración” durante los dos últimos años, mientras el sector empresarial asegura haber detectado “diferentes corrientes” dentro de la Generalitat.

La Generalitat ha informado favorablemente de 61 proyectos de instalaciones de energías renovables, el 57 % de los 107 presentados cuyo plazo para la declaración de impacto ambiental terminaba este 25 de enero, lo que supone la aprobación de 1.356 MW de energía.

Marcos Lacruz ha señalado que las empresas tratan con una única administración pero han visto “diferentes corrientes” dentro del debate sobre el modelo energético que los partidos políticos han puesto sobre la mesa.

Ha sido un proceso “convulso” para un sector que está acostumbrado a la tensión y que, una vez concluido el plazo para la declaración ambiental, mira al futuro con “muchos más” expedientes que tienen que cumplir otras fechas, por lo que ha pedido “la misma intensidad” para lo que debe ser “un trabajo continuado” que desembocará en proyectos construidos y en funcionamiento.

En un debate anterior dentro del Congreso, el conseller de Economía, Rafa Climent, la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Isaura Navarro, y la secretaria autonómica de Política Territorial, Urbanismo y Paisaje, Inma Orozco -en sustitución de la consellera Rebeca Torró, que no ha podido asistir por una indisposición-, han defendido el trabajo realizado por sus departamentos para llegar a tiempo para el hito del 25 de enero a pesar de “la falta de recursos humanos”.

Según Climent, “hemos cumplido” trabajando “con seriedad y rigor” atendiendo a que no se perdieran los avales de las empresas y a que a la administración no le costara dinero por las posibles indemnizaciones.

Ha resaltado la capacidad de diálogo del gobierno del Botànic y el desarrollo de políticas “de arriba abajo”, en contacto con los sectores productivos, por eso ha afirmado que, ante las informaciones publicadas en los medios de comunicación, nadie “puede poner en duda nuestra manera de trabajar y la intención para que todos los proyectos salgan adelante lo más rápido posible”.

“Estoy harto de que digan Compromís, PSPV, Unides Podem. Las decisiones que tomamos son como administración”, ha reiterado.

También Isaura Navarro ha criticado la “presión mediática innecesaria” que han soportado en los últimos meses y ha afirmado que, por las competencias que tiene, tiene que proteger a todos los sectores y eso “no es fácil”. “Más que atacarnos en prensa, lo que podemos hacer es felicitarnos”, ha agregado.

Orozco ha afirmado que esas presiones “han minado un poco” la confianza de los técnicos, del funcionariado, para dar respuesta a “un alud de expediente desconocido” en la administración.

Por otra parte, ha afirmado que no es necesario hacer la transición con sacrificios ambientales y territoriales y ha abogado por conciliar los retos de la transformación con la protección del territorio y en este sentido, se trabaja en el diseño de un mapa de zonas preferentes que establecerá escalones con el nivel de agilidad de los procesos, ha informado Navarro, ante lo que AVAESEN ha pedido que no sea “demasiado restrictivo” y no ponga freno al desarrollo de renovables.

Proyectos pendientes

De los 455 proyectos fotovoltaicos presentados, 107 han sido informados favorablemente y están a expensas de que el órgano sustantivo -la Conselleria de Economía- conceda la autorización administrativa y de construcción.

Entre los otros 348, hay 72 pendientes de revisión, 134 han sido admitidos a trámite y 142 se encuentran en trámite de información pública y serán remitidos para los informes pertinentes ambientales y territoriales, ha desgranado Climent.

Sobre los próximos plazos, en febrero cumplen plazo entre ocho y nueve expedientes y otros disponen de seis meses -hasta julio- para su autorización; la intención es que sea lo más pronto posible para que se puedan ejecutar.

Con ellos se llegará a 5.500 megawatios, la mitad del objetivo de 2030, que son 10.000 MW en la Comunitat Valenciana, si bien el conseller considera que se alcanzarán los 12.000 o 13.000 MW.