Podemos quiere endurecer la legislación que limita la expansión de las grandes superficies en la Comunidad Valenciana

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig y el vicepresidente segundo del Consell, Héctor Illueca, han coincidido este miércoles en la presentación del plan Renhata 2023. Han hecho dos intervenciones por separado, ambas defendiendo el derecho a la vivienda, en las que se ha visto poca sintonía entre ambos.

La misma que muestran en una cuestión que está visto que va a ser clave para la campaña electoral de Podemos: la de limitar los precios de los alimentos y abrir una cruzada contra los supermercados.

Illueca, lejos de matizar sus declaraciones en contra de las grandes superficies en general y sobre Mercadona en particular, y que Puig ha calificado de «tremendamente injustas», ha insistido en la necesidad de abrir un debate «riguroso y sereno» en Les Corts Valencianes sobre el precio de los alimentos para alcanzar «el máximo consenso posible» sobre las medidas a adoptar para hacer frente a este problema.

«Tenemos puntos de vista distintos, pero lo más importante es que se ha presentado una proposición no de ley en Les Corts que va a abrir un debate».

Las propuestas de resolución de la PNL está dividida en dos bloques. El primero en el que están aquellas medidas en las que puede intervenir la Generalitat valenciana y aquellas que dependen del Gobierno central.

En las primeras, Unides Podem propone dar ayudas para garantizar el acceso de la población valenciana en situación de vulnerabilidad a una cesta de alimentos básicos, rebajar las trabas para promover la venta directa y dar incentivos fiscales a las empresas agroalimentarias y de consumo constituidas bajo el régimen de cooperativa.

Añade además medidas para frenar el crecimiento de las grandes cadenas de alimentación a las que acusa de estar subiendo los precios no por causa de la inflación, sino para obtener más beneficios.

En este punto, solicita modificar el Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (Patsecova) para eliminar la moratoria establecida en su aprobación con el objetivo de que a los supermercados se les exija una licencia autonómica en la apertura de los locales de más de mil metros en «zonas sensibles». También defiende endurecer la regulación para limitar su expansión.

En el segundo bloque, de estricta competencia del Gobierno central, pide el apoyo de Les Corts para exigir la limitación de los precios de la cesta básica de la compra, así como para gravar los beneficios extraordinarios de las grandes cadenas de distribución alimentaria y grandes supermercados.

Illueca ha defendido que las medidas propuestas son «razonables» y aseguró que desde Unides Podem están dispuestos a negociarlas con todos los partidos.

«La gente tiene que poder tener la seguridad de que al día siguiente le va poder poner un plato de lentejas a sus hijos en la mesa, y el poder público tiene que actuar e intervenir».

Sobre el impuesto a los beneficios extraordinarios de grandes cadenas, ha admitido que es el Gobierno el que tiene mayores posibilidades de ponerlo en marcha, pero defendió que debe estudiarse en el ámbito autonómico. «Los beneficios de las grandes empresas están provocando una inflación desmesurada».