El Consell acusa al Gobierno de querer sacar rédito en plena crisis de corrupción con la actualización de las entregas a cuenta: "Pretende ser una compra de voluntades"

Alivio. Al menos, alivio parcial acompañado de sospecha e indignación. Así han recibido en el Consell el anuncio sorpresa este lunes de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que mañana mismo firmarán en el consejo de Ministros la actualización del sistema de entregas a cuenta seis meses después de empezar el año.

Un dinero que es el que pertenece a todas las autonomías por su peso económico y recaudación y que en el caso de la Comunitat Valenciana significaba dejar de cobrar cada mes la diferencia entre la recaudación de 2023 y 2024, que era de 165 millones de euros al mes. Nada más y nada menos que 990 millones acumulados en este primer semestre.

Estas debieran aprobarse en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero al llevar prorrogados dos años no hay una fecha fija para poder hacerlo mediante decreto. El Consell lleva reclamándolo desde que el presidente Pedro Sánchez admitiera que no tenía apoyos para presentar unos PGE en marzo de este año.

La sensación del Consell es que este anuncio viene ahora para "blanquear" los escándalos de corrupción en el PSOE a nivel nacional. "Qué casualidad que 3 días después (de los audios de la UCO) decida la ministra que ahora sí va a llevar la actualización de entrega a cuenta. Miren, me da la impresión de que esto pretende ser una compra de voluntades. Pretenden blanquear lo que está ocurriendo en un gobierno que está en caída libre", ha criticado la consellera Ruth Merino, que ha recordado que "este dinero es de todos los valencianos y lo han tenido retenido durante más de seis meses". Merino ha pedido a Montero "no tomarnos por tontos a los ciudadanos de este país y mucho menos a los de la Comunidad Valenciana".

La consellera ha recordado que ese dinero ha producido "asfixia financiera" en las cuentas de la Generalitat, que reclaman más de 3.500 millones de euros con el retraso de las entregas a cuenta así como con el FLA extraordinario, mecanismo para compensar el exceso de déficit que desde el Consell fijan en 2.500 millones de euros. En este sentido, Merino ha exigido que "inmediatamente apruebe el FLA extraordinario" ya que es necesario para pagar a los proveedores de servicios básicos de la Generalitat. "No es de recibo que después de 13 años, este año por cuestiones de tacticismo político no se haya aprobado todavía", ha lamentado, y ha pedido "que hagan su trabajo, que es atender las necesidades de las ciudadanos de las comunidades autónomas".

Aún así, la consellera asegura que desconfía de las intenciones y todavía temen que mañana pretendan "colar" alguna otra iniciativa en ese mismo real decreto. "Esperemos además que lo lleven únicamente esta medida porque suelen utilizar cosas que los ciudadanos necesitan para meter dentro de de esos redes decretos, que hay otras medidas que no tienen nada que ver", ha asegurado la consellera de Hacienda, Ruth Merino.

Mazón reclama el FLA

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado este lunes que "sin el FLA poco podemos hacer por el ahogo que nos está generando" ante la aprobación prevista mañana, por parte del Consejo de Ministros, de los pagos a cuenta del sistema de financiación autonómico.

Mazón ha lamentado que "después de 13 años que se nos niegue la liquidez autonómica y se nos hable simplemente de entregas a cuenta, que son nuestras, que ya tendrían que estar, que llegan tarde y mal, es un nuevo atraso del Gobierno de España y más en unas circunstancias muy extraordinarias".

"Estamos en unas circunstancias inéditas, en las que en el que toda esta labor de reconstrucción que estamos haciendo hoy aquí además, coincide con la peor financiación, la peor liquidez y el peor tratamiento que el Gobierno de España nos está dando en la historia de la democracia".

Mazón ha reivindicado "mucho más que esta especie de truco de magia, de algo que ya nos debe y que llega tarde y mal".