La jueza de instrucción de Catarroja que investiga las muertes y lesiones ocurridas como consecuencia de las riadas originadas por la dana del 29 de octubre del año pasado ha vuelto a desestimar la petición de citar como testigo al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al igual que ya hizo anteriormente. Argumenta la magistrada que «la declaración de situación de emergencia catastrófica corresponde al presidente, la asunción del mando único, caso de haberse acordado, hubiera pasado al presidente, así como la estructura organizativa del plan territorial. En definitiva, las preguntas que pudieran formularse al presidente de la Generalitat versarían sobre el análisis de la omisión de la declaración de situación de emergencia catastrófica. Nunca se declaró dicha situación, lo que difícilmente tendría encaje en una declaración testifical, y desplazaría su posición procesal a la propia de un investigado». Y vuelve a recordar que el juzgado de Catarroja no puede citarlo como investigado, salvo que él mismo se ofreciera voluntariamente, algo que ya «ha declinado».

En seis autos emitidos ayer, la jueza también niega la lista de llamadas de los móviles de la exconsellera Salomé Pradas y del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Considera su señoría que al requerir la lista de llamadas se estaría quebrantando el secreto de las comunicaciones, y ello solo es admisible ante la comisión de delitos dolosos, algo que no es el caso.

Sin embargo, sí que admite como prueba la aportada por un denunciante, -de quien rechaza la personación de momento, por no aportar parentesco con fallecido o parte de lesiones propias- en el que se constata que la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas estaba invitada a una entrega de premios de la entidad Juristes Valencians y que este acto fue suspendida por la mañana por motivos meteorológicos, y que dicha suspensión le fue comunicada a la consellera siete horas antes de que ésta convocara el Cecopi.

También contesta a otra petición "respecto a la solicitud de declaración testifical de todos los que participaron, presencial o telemáticamente, en las reuniones del Cecopi", y señala la imposibilidad en estos momentos de establecer “una programación de todos los señalamientos” ante la falta de un espacio concreto y estable para practicar las declaraciones en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

La magistrada ha desestimado en otro auto el recurso de reforma de Liberum contra el auto que admitía la personación del PSOE como acusación popular previa prestación de fianza de 6.000 euros.

En esta misma línea, en un auto distinto sí ha admitido la personación como acusación popular de un partido político denominado Valores previa consignación de una fianza por el mismo importe que han abonado el resto de acusaciones populares, 6.000 euros.

Por último, a petición de una acusación particular, acuerda oficiar a la Generalitat para que le remita datos relativos al embalse y la presa de Buseo.

También resuelve citar como declarar como testigo al presidente de la Diputación de Valencia, el 14 de abril y la petición de más informes sobre víctimas mortales y lesionados al Instituto de Medicina Legal