La polémica de la línea 9 del TRAM de Alicante que persigue a Rebeca Torró

Las arcas públicas valencianas no han estado nunca en una situación boyante. Mientras el Consell sigue esperando que el Ministerio de Hacienda apriete el botón para autorizar el «extra FLA», los proveedores aguardan una señal para confiar en que podrán cobrar.

Entre los acreedores de la Generalitat figuran las empresas contratistas de obra pública que tampoco están al corriente de pago, pese a que se encargaron, por ejemplo, de ejecutar obras de emergencia tras la dana.

La situación en el sector ya empieza a preocupar y por eso, es inevitable que repasen aquellas infraestructuras que se hicieron con poca diligencia.

El ascenso dentro del PSOE de la ex consellera de Infraestructuras, Rebeca Torró, ahora secretaria de Estado de Industria y secretaria de Organización del PSOE, ha hecho que, inevitablemente se repase su currículum en términos de gestión.

De igual modo que se destaca su labor para que la gigafactoría de Volkswagen se estableciese en Sagunt, se hace alusión a la compra de unas locomotoras para modernizar la línea 9 del Tram de Alicante que resultaron ser demasiado pesadas- 63 toneladas- para que fuese seguro que circulasen por los puentes que estaban construidos.

Esta es, al menos, la versión que denunció el Partido Popular, poniendo de relieve que se trataba de un error tan básico que ponía en evidencia la mala gestión de los socialistas.

Se le señala porque fue ella la encargada de materializar la adjudicación de estas unidades a Stadler Rail, con factoría en Almussafes, y posteriormente tuvo también que dar salida a estos trenes, en los que se había gastado 43 millones, construyendo viaductos nuevos para que se pudiesen utilizar pues, según confirman fuentes conocedoras de la operación, la intención inicial era reforzar los ya existentes.

Por tanto, el resultado de este fallo sería que se gastasen 28 millones que no estaban previstos inicialmente en la planificación de esta actuación. Son los viaductos sobre el río Algar (8,6 millones de euros), sobre el barranco del Mascarat (8,2 millones), en Altea y un tercero sobre el barranco de Quisi, entre Calpe y Teulada (12 millones).

Desde el entorno de Torró niegan que la secuencia de la adjudicación fuera tal y como ha vuelto denunciar estos días el propio presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Insisten en que el Consell de Ximo Puig tuvo que cerrar la citada línea porque suponía un riesgo grave para la seguridad. El motivo, insisten, es la falta de inversión de los gobiernos del PP que habían precedido al Botànic.

Aseguran que fueron los consellers socialistas los que apostaron por invertir 150 millones para modernizarla. Se trata de una cifra importante pues, la renovación de la red de Metrovalencia tras la dana ha costado 120 millones.

Insisten en que, como parte de esta inversión, se compraron trenes modernos y compatibles con la infraestructura nueva y, para adelantar el uso de la línea, se decidió poner el servicio en marcha hasta el tramo en el que sí podían circular los nuevos trenes y continuar el trayecto en autobuses.