El proceso judicial se prevé largo y tan embarrado como el juzgado de Catarroja

El proceso judicial cuya fase de instrucción pronto cumplirá un año, y que ya ha sido prorrogado por su complejidad, se mantiene con los únicos dos imputados: la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas; y el que fuera su secretario autonómico, Emilio Argüeso, a los que la instructora, Nuria Ruiz imputa el delito de homicidio imprudente.

Primero, en la sede provisional de la Ciudad de la Justicia de Valencia donde se ubicó el juzgado de Catarroja ya que su sede oficial en el citado municipio había sido arrasada también por la dana; y después en los ya remodelados juzgados, ante la jueza y las más de cuarenta partes personadas, han testificado más de 350 personas, la mayoría familiares de la víctimas, pero también técnicos y, por supuesto, los dos imputados, además de otros protagonistas importantes de los hechos como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó; o el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, quien estuvo prácticamente desparecido desde el día de autos. Ahora, las miradas están puestas en la periodista Maribel Vilaplana, que declarará como testigo el 3 de noviembre. La jueza tendrá que aquilatar mucho el interrogatorio a la testigo ya que si surgen elementos claramente incriminatorios para el presidente de la Generalitat, la jueza deberá elevar la exposición razonada al TSJ e inhibirse, y la Audiencia ya le ha advertido que Mazón no está investigado por estar aforado. Difícil papeleta.

Cada vez que ha declarado algún cargo político el eco de sus palabras ha dado combustible a la batalla política en la que unos echan toda la culpa al gobierno central personalizado en sus agencias y organismos: CHJ, Aemet, UME..., y otros, al gobierno de la Generalitat, con su presidente al frente, al que reprochan que ese fatídico día, no lo estuviera.

A través del filtro de la posverdad, las declaraciones son utilizadas en direcciones a veces contrarias a las que sus protagonistas quisieron darles en el estrado.

También se han prodigado, y algunos con especial virulencia, los ataques contra la jueza, a la que han tratado de desacreditar de todos los modos posibles, hasta el punto de que el abogado de la defensa del imputado Argüeso está siendo investigado en una pieza separada para determinar si faltó a la buena fe y al respeto debido a la jueza al afirmar que algunos autos habían sido confeccionados por su marido, al tiempo que incluía imágenes «robadas» de la jueza junto a su cónyuge y su hija, menor de edad.

Hasta el momento, la Audiencia de Valencia ha respaldado las decisiones de la jueza en cada recurso que ha tenido que dirimir, salvo en la expulsión de una de las acusaciones populares, concretamente la de Hazte Oír, o la declaración de la periodista.

Acusaciones populares las hay de todo color y pelaje, algunas representadas incluso por exdiputados autonómicos, y la utilización política de la información de primera mano que trasciende de las declaraciones de las más de tres centenares de testigos, es más que evidente. Quizá por ello, la jueza está haciendo públicos la mayoría de los autos y diligencias que emite, muchos de ellos en contestación a los recursos de las defensas y en los que su señoría también es contundente.

El turno de declarantes lo abrió Salomé Pradas el pasado 11 de abril ante una enorme expectación y con las asociaciones de víctimas acusándola de asesina a las puertas de los juzgados. Pradas dijo entre lágrimas que «ella no sabía nada» que los que sabían «eran los técnicos» y reiteró que «ella no tenía experiencia» y que en el Cecopi «había más de cien años de experiencia».

Esta inexperiencia parece constatada por los vídeos grabados aquel día y que han trascendido hace poco. Pradas, que quitó responsabilidad al presidente de la Generalitat, sí que mencionó al exinspector jefe del Consorcio de Bomberos, José Miguel Basset. También reiteró que nadie advirtió en el Cecopi de que el barranco del Poyo se pudiera desbordar.

Explicó también que habló con Mazón durante la tarde. Pero nadie estaba esperando al presidente en el Cecopi -aseguró- ni el envío del Es Alert se retrasó por esperar su llegada. El retraso fue causado por los técnicos, volvió a señalar Pradas. La exconsellera también reprochó la actuación del Gobierno central y argumentó, citando leyes diversas, las competencias del Gobierno central en la gestión de la tragedia.

Respecto a la posibilidad de constituir el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de las Emergencias, explicó que no se convocó porque la directora de Emergencias, Virginia Barcones, viajó a Brasil ese mismo día.

Tras la declaración de Pradas, que salió de la Ciudad de la Justicia por una puerta trasera, le tocó el turno al que fuera secretario autonómico de Emergencias durante la noche de la dana, Emilio Argüeso, que tardó apenas unos minutos en explicar que «cuando se decreta la Emergencia de nivel 2, las competencias las asume inmediatamente la consellera y deja de tenerlas el secretario autonómico, que solo es competente mientras la emergencia se mantiene en el nivel uno». En lo que sí hizo seguidismo de la consellera fue en responsabilizar a los técnicos de todo.

Al igual que Pradas, responsabilizó al jefe del Consorcio de Bomberos -ya jubilado- José Miguel Basset, por haber retirado a los bomberos que vigilaban el cauce del barranco del Poyo, algo de lo que Argüeso se enteró semanas después. También dijo que el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, estaba de vacaciones y fue localizado por su secretaria para que se incorporara. Además, explicó que fue Suárez quien le recomendó no hacer caso de las miles de llamadas que colapsaron el teléfono 112: «cuando hay un accidente de tráfico a lo mejor hay cincuenta llamadas alertando de lo mismo».

Argüeso también cargó contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, por no haber alertado de los caudales desmesurados que bajaban por el barranco.

Meses después, concretamente el pasado de septiembre, Miguel Polo, declaró ante la jueza que en la reunión del Cecopi del 29 de octubre había «una absoluta indecisión» y «se estaba improvisando qué hacer», además de que «cuanto menos hablaras era mejor, porque en todo se liaban ellos mismos».

En su declaración como testigo señaló que le sorprendió «la parsimonia» que vio en la reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada), cuando en la CHJ «estaban todos atacados» para que se mandaran avisos a la población para que subiera a pisos altos y abandonara los coches.

Polo señaló que, si tuviera que cambiar algo, no daría por hecho que Emergencias estaba «haciendo lo que toca», y afirmó que a las 10 de la mañana, con un aviso rojo, que quiere decir que se «podía generar una inundación equivalente a 100 años de periodo de retorno», ya se podían haber planificado y lanzado «los mensajes correspondientes».

Sin embargo, él no lo hizo, y cuando asegura que pidió mandar el Es Alert dice que tenía el micrófono apagado ya que entró al Cecopi por videoconferencia.

Sobre los caudales descomunales que bajaban por el barranco del Poyo, dijo que tampoco verbalizó esa información «porque no era relevante» porque era «evidentemente importante, pero congruente con todo lo que estaba pasando». Por lo ahí también prefirió permanecer callado.