El PSPV, Compromís, ERC y Podemos llevan al TC el cambio de la ley que permite encauzar el barranco del Poyo

El PSOE, Compromís y Podemos se han unido para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la ley de la Huerta de Valencia impulsada por la Generalitat valenciana, pues considera que los cambios realizados van contra los derechos constitucionales de protección del medio ambiente,

La secretaria de Ordenación del Territorio y desarrollo sostenible del PSPV-PSOE, María José Salvador, y el diputado por Alicante en el Congreso de los Diputados, Alejandro Soler, han alertado de que el PP utiliza la dana "como excusa para desproteger la huerta y a las personas, incrementar el riesgo y reducir su seguridad".

El Gobierno que preside Carlos Mazón aprobó los cambios sobre esta legislación con carácter urgente después de que la propia Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) admitiese que el proyecto de adecuación y encauzamiento en el caso urbano de Aldaia y drenaje de caudales en el barranco del Poyo, "estaba redactado y pendiente de pronunciamiento ambiental, por incompatibilidades con la Ley de Protección de la Huerta".

Según recoge un comunicado enviado por el PSPV, Salvador ha explicado que el Consell de Mazón ha modificado por decreto la ley de la Huerta basándose en "falsedades", y ha criticado la "grave irresponsabilidad" del PP y Vox al respaldar estas medidas" que suponen "una involución y una contrarreforma" en materia de urbanismo , que "desprotege" a los valencianos.

Por su parte, Soler ha señalado que el PP utiliza la dana "para hacer negocio sobre una terrible tragedia y usarla como excusa para facilitar la construcción" en la Comunitat Valenciana, y ha insistido en que "el PP está volviendo a la senda del urbanismo salvaje con el único interés de hacer negocio".

La diputada de Compromís Àgueda Micó ha indicado que también tienen el apoyo de ERC para recurrir este decreto ley que busca "desmantelar toda la protección de la huerta de Valencia" y poder urbanizar 3.800 hectáreas de huerta y hacer "toda la especulación urbanística que quieran".

"Es incomprensible, es intolerable, pero es que además es anticonstitucional", ha aseverado Micó, quien ha avisado de que no va a permitir que PP y Vox utilicen los recursos legislativos que tienen para "cargarse" la huerta, un valor ecológico, territorial y cultural.

Podemos se ha adherido al recurso porque, según la coordinadora autonómica de Podem, María Teresa Pérez, esta reforma es "un atentado antidemocrático que elimina el Consell de l’Horta para acallar la voz de sindicatos agrícolas y asociaciones de defensa del territorio" y "recalifica el suelo agrícola convirtiéndolo en suelo urbanizable".

Ha indicado que esta política forma parte "del modelo capitalista depredador defendido por el gobierno del PP junto a sus aliados de Vox" y ha destacado que no se puede permitir que se construya ni un metro cuadrado más en zonas inundables, pues la dana "ha demostrado que solo hay espacio para una alternativa ecologista que ponga por delante la vida de las personas".

Una ley fallida

El diputado popular en el Congreso ha señalado que “utilizan falacias y falsedades en su recurso cuando lo cierto es que la anterior ley bloqueó proyectos en los barrancos del Poyo y la Saleta que hubieran salvado vidas. La fallida Ley de la Huerta del Botànic ha supuesto desde 2018 la pérdida de espacios de huerta y su regeneración. No solo no ha contribuido a mejorar los espacios de huerta degradados, sino que ha sido un freno a actuaciones en barrancos, como confirma la misma Confederación Hidrográfica del Júcar y el Ministerio”.

César Sánchez ha exigido al Gobierno de España “celeridad porque las actuaciones en barrancos son inaplazables y ahora el Ministerio de Transición Ecológica se ha quedado sin excusas para más retrasos. Sánchez tiene que hacer ya las obras hidráulicas en la provincia de Valencia frente a las riadas”.

Por último, Sánchez ha recordado que “la normativa anterior que tanto defienden generó inseguridad jurídica entre los propietarios y agricultores, al imponer restricciones sin ofrecer soluciones efectivas para la dinamización de la huerta. La nueva ley busca proteger la huerta no solo como paisaje, sino como espacio agrícola vivo, facilitando la actividad agraria y respetando los derechos de los propietarios”.