El enfrentamiento entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana por la responsabilidad de la dana comenzó antes de que se conociese incluso qué número de víctimas mortales y desaparecidos había causado la riada. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido en los últimos días la gestión del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, incidiendo, eso sí, en que cometió el error de no solicitar la declaración de la emergencia nacional. "Estuvo noqueado", dijo esta semana en una entrevista en Onda Cero en la que remarcó que el jefe del Consell actuó de "buena fe" en todo momento.

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez y toda la izquierda sigue señalando a Mazón como principal responsable de las pérdidas humanas y materiales, la Generalitat apunta de manera insistente a organismos estatales como Aemet o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por no prever, en el caso de la primera, o alertar, en el caso de la segunda, las terribles consecuencias de la dana.

A lo largo de esta semana, las miradas se han puesto en el Fondo de Solidaridad Europeo. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, fue la que reveló que el Gobierno central todavía no ha solicitado estas ayudas. Pese a que todavía hay tiempo para hacerlo, el PP ha aprovechado para criticar al PSOE por volver a olvidarse de la Comunitat Valenciana. Desde la Generalitat afirman que "no es la primera vez que nos encontramos con esta actitud obstruccionista" de la Administración central y citan varios ejemplos.

• Falta de efectivos de fuerzas de seguridad para garantizar la coordinación y la seguridad de las operaciones en las zonas afectadas, lo que provocó que durante los primeros días los vecinos tuvieran que defenderse de ladrones que querían aprovechar las situaciones de caos producidas.
• Retrasos en el despliegue de apoyo militar y logístico, necesario en los momentos más críticos de la emergencia.
• Demoras en la llegada de recursos esenciales, como los camiones cisterna y materiales básicos para garantizar servicios mínimos a los ciudadanos.
• Demoras en la llegada de las ayudas de primera necesidad a familias
• Retrasos injustificados en la gestión y tramitación de las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros que impide a las familias afrontar las reformas de sus viviendas o la adquisición de un nuevo coche
• Demoras también sin justificación en la llegada de las ayudas para la compra de vehículos para las personas que perdieron sus coches en la riada