SOS Desaparecidos se persona en la causa de la dana en Valencia

La asociación sin ánimo de lucro SOS Desaparecidos se personará como acusación particular en el procedimiento que investiga la gestión de la dana en un juzgado de Catarroja (Valencia), en representación de familiares, y presentará una querella para que se investigue lo sucedido en Letur (Albacete), donde murieron seis vecinos.

El presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, ha ofrecido este viernes una rueda de prensa en Madrid junto a su equipo jurídico para anunciar las acciones judiciales, con las que representarán a familiares de 70 fallecidos tras una catástrofe que dejó 233 víctimas mortales (225 en la Comunitat Valenciana, 7 en Castilla-La Mancha y una en Andalucía) y tres desaparecidos.

A la rueda de prensa han acudido familiares de las víctimas, algunos de ellos con camisetas con el rostro de sus seres queridos y el lema 'No han muerto, les han asesinado'.

Denuncian homicidios imprudentes y aportarán un informe pericial

SOS Desaparecidos denuncia un presunto delito de "homicidio imprudente por culpa in vigilando" que atribuyen a una "serie de negligencias", dejación de funciones, "desidia" y "errores" de distintas administraciones.

Por ello, en un escrito, el lunes se personará como acusación particular ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja; simultáneamente aportará un informe pericial que detalla negligencias de distintas administraciones y pedirá además nuevas pruebas.

Quieren que Mazón declare como testigo

En base al informe pericial, realizado pese a la "omertá" que han detectado en las administraciones, que han negado sistemáticamente la información a los peritos, SOS Desaparecidos pedirá que declaré como testigo el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por ser, a su juicio, el responsable último del mando en la catástrofe.

El perito encargado del informe, Chema Gil, ha explicado que según la ley 3/2020 de la Generalitat Valenciana, y el apartado 4 del artículo 12, en caso de peligro y daños de especial extensión o intensidad "el presidente de la Generalitat podrá declarar la situación de emergencia catastrófica" y ello supondrá "la asunción por el presidente del mando único y la dirección de todas las actividades de la emergencia".

Por eso, consideran que la "obligación" del presidente era estar en el Cecopi y pedirán que la jueza de Catarroja, cuya instrucción han elogiado, llame a Mazón como testigo.

"La Generalitat ha protagonizado un desastre, una chapuza, ha actuado con tal nivel de desidia que en buena medida muchas de estas muertes se podrían haber evitado", ha señalado el perito.

SOS Desaparecidos ha apuntado también al papel de los ayuntamientos y a la ausencia en algunos de planes de Protección Civil y de preemergencia, que sí se activaron en municipios en los que no hubo víctimas mortales. También ha denunciado la inejecución de planes de obras que se quedaron en un cajón en sucesivos gobiernos.

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"Los políticos llegaron 227 muertes tarde"

Las familias de las víctimas, que están dando los pasos para convertirse en asociación, también han tomado la palabra.

Encarna Martínez, que perdió a su hermano, José, se ha dirigido a Mazón para pedirle que dimita y decirle que su legislatura no puede acabar para que cobre durante dos años. "No todo vale, ni el dinero ni escaños", ha recalcado, denunciando que "los políticos llegaron 227 muertes tarde", como rezaba también su camiseta.

Por su parte, Rosa Álvarez ha pedido refuerzos para el juzgado de Catarroja que investiga este caso y ha anunciado que los familiares acudirán esta tarde a la sede del PP, en la madrileña calle de Génova.

Recurren la no comparecencia del CHJ

Por otra parte, la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud Valencia ha pedido a la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa sobre la catástrofe que impute a tres técnicos de Emergencias de la Generalitat y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Así consta en el recurso que la asociación ha presentado al auto de la jueza instructora del pasado lunes por el que imputó a la exconsellera de Justicia Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.

Además, la asociación ha pedido que al listado de 225 personas fallecidas como consecuencia de la catástrofe se añada una más, un hombre que murió ahogado y que no figura en el auto con la lista de fallecidos, una omisión que consideran "inexplicable", según el recurso.

Tras el auto de la jueza que afirmó que "no ha lugar" a la declaración como querellados del directos general de Emergencias, del subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y del presidente de la CHJ, como pedía esta asociación, consideran "llamativo" que no se resuelva expresamente sobre su imputación, ni se disponga su citación como testigos.

La investigación practicada hasta la fecha "ha puesto de manifiesto su intervención en la gestión de la catástrofe, al contar con datos suficientes como para haber adoptado decisiones antes de lo que se hicieron", indica el recurso, por lo que piden una resolución expresa sobre si situación procesal.

Esta asociación, en la que figuran 114 afectados por las inundaciones de la dana, ve "imprescindible" que se determine si deben ser llamados a declarar en calidad de investigados, o de manera subsidiaria en el caso de los técnicos de Emergencias en calidad de testigos, a fin de que puedan aportar "información relevante la gestión de la emergencia".

En el caso concreto del presidente de la CHJ, Miguel Polo, consideran que su "negligencia" es manifiesta, pues su organismo "no realizó llamadas telefónicas de alerta durante la crecida del Barranco del Poyo, sino que se limitó a enviar correos electrónicos", pese a la gravedad de los hechos y que estaba presente en el Cecopi.

"En emergencias de esta magnitud, la comunicación activa y eficaz es un deber inexcusable; no basta con enviar emails cuando se están superando los umbrales críticos de caudal", afirma la asociación, que considera que "su omisión y pasividad en este sentido constituyen una negligencia grave" y debe ser imputado.

También consideran que el auto recurrido tiene "importantes errores materiales, así como importantes errores de valoración" del resultado de las diligencias de investigación practicadas, y que no se ha motivado lo suficiente la no imputación del resto de querellados.