Valencia tendrá una de las leyes "más restrictivas de España" para pisos turísticos

El Ayuntamiento de Valencia ha clausurado más de 1.000 apartamentos turísticos ilegales en la ciudad en el último año y medio, como consecuencia de la labor inspectora realizada desde las áreas de Urbanismo y Policía local.

Además, el consistorio ha impulsado una moratoria en la concesión de licencias de viviendas de uso turístico en todos los distritos de la ciudad mientras se aprueba una nueva normativa reguladora que será la más restrictiva de España, según dijeron ayer desde el Ayuntamiento.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, pidió al Gobierno central que ponga en marcha la ventanilla única de registro de apartamentos, y consideró que la decisión del Ministerio de Consumo de bloquear la publicidad engañosa sobre apartamentos turísticos ilegales «llega tarde, aunque es positiva». Además, Catalá pidió al Gobierno que ponga en marcha sistemas informáticos que vigilen la publicidad digital.

En poco más de año y medio, con el endurecimiento de las inspecciones, se han clausurado más de 1.000 apartamentos turísticos ilegales en Valencia. «Estamos combatiendo el problema social que generan los apartamentos turísticos ilegales con determinación y elaborando una normativa que ponga freno a la proliferación de estos apartamentos».

Además, Catalá ha recordado que "frente a la parálisis de los gobierno de izquierda durante ocho años", han puesto en marcha "cinco grupos de inspectores de Obras y Licencias de Urbanismo y siete grupos de Policía Local para que rastreen por toda la ciudad la actividad de apartamentos turísticos ilegales", que hace un "trabajo intenso".

Aumentan un 738 % las actas-denuncia a apartamentos turísticos

La División Territorial de la Policía Local, que coordina las siete comisarías de Proximidad de la ciudad, ha realizado en el último año y medio más de 700 actas-denuncia de inspección a pisos turísticos, frente a las 84 que se pusieron en el año 2023 o las 73 del año 2022. La mayoría de estas denuncias se interponen "por carecer del título habilitante para ejercer dicha actividad".

Desde la División Territorial Operativa de la Policía Local, en coordinación con el Servicio de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento, se ha realizado un protocolo de actuación para todas las unidades policiales, según recuerdan las fuentes municipales.

Una vez hay una reclamación se acude al lugar y se toman los datos de los ocupantes de la vivienda y se identifica la plataforma desde la cual se ha realizado la reserva. Si se comprueba que la vivienda no está legalizada se redacta un acta-denuncia y por medio del IBI se localiza al titular propietario de la misma.

Desde el Ayuntamiento apuntan que "la proliferación de apartamentos turísticos se inició en el año 2015 con la llegada al gobierno municipal de Joan Ribó y PSOE, desde entonces y hasta 2023 se inscribieron más de 4.500 apartamentos".