Cuando la democracia olvida sus raíces grecorromanas y el mundo clásico no importa

En los últimos años, mis estudiantes de la asignatura Mundo Clásico, que imparto en primer curso de los Grados en Historia, Filología, Filosofía y Humanidades que ofrecemos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, han disfrutado especialmente con la lectura de un librito del profesor de Exeter Neville Morley titulado, en castellano «El mundo clásico, ¿por qué importa?» (Alianza). En él, siguiendo una línea de defensa del «poder evocador de los clásicos» que arrancaría desde la «Paideia» de Werner Jaeger, se valora la importancia de las estructuras históricas del mundo grecorromano, sus lenguas y su legado, «pilares del conocimiento». Aunque se insiste en la tergiversación que, en ocasiones, se ha hecho de ese legado, también se subraya lo que ha prestado a la formación de los pensadores, los líderes y los ciudadanos de cientos de generaciones.

En estos días va a tratarse en el Consejo de Ministros el Real Decreto que reformará, por enésima vez, la enseñanza Secundaria y el Bachillerato de nuestro país y que, pese a las abundantes reacciones en contra de historiadores y de asociaciones de profesionales de la docencia universitaria y media parece saldrá adelante gracias a este Gobierno del consenso y de la moderación. En estos días, de hecho, la Real Academia de la Historia, ha difundido un manifiesto en que censuraba «la priorización de la Historia Contemporánea sobre la historia de épocas anteriores» y lamentaba que, en el borrador que ha trascendido, «no (se) concede espacio y relevancia a los procesos históricos previos a la Contemporaneidad».

El librito de Morley que leen con fruición mis estudiantes, y que provoca no pocas conversaciones interesantes en mi despacho de la Facultad, desgrana –y para el mundo romano también lo hizo, con sobresaliente pluma Cyril Bailey en «El legado de Roma»– algunas de las grandes instituciones del pasado clásico grecorromano sin las que difícilmente puede explicarse no solo el presente sino la esencia misma de la Historia y esa «convivencia democrática», «libertad» o «progreso» que tanto reivindica el borrador de la nueva Ley.

Entre ellas, me parece oportuno enumerar, al menos dos, el concepto de ciudad-estado como espacio de derechos, obligaciones e implicaciones generosas y sacrificadas de los ciudadanos –la «pólis» griega– y el concepto de espacio de dominio administrativo sobre un territorio –el «imperium»– que Roma acabó por gestionar como una monarquía imperial a partir de Augusto. Ninguno de los «grandes progresos históricos» en que la nueva Ley dice pretender formar a los ciudadanos puede explicarse sin ellos como tampoco parece posible que se explique con una Historia cuyos motores, según declara el planteamiento del currículo, resultan ser ahora las «identidades», las «creencias», las «ideas» o las «emociones». La antigua Ley Wert, denostada por el signo político del partido que la propuso, reconocía que «el pasado no está muerto ni enterrado, sino que influye en el presente y en los diferentes posibles futuros». Sorprende, y duele, comprobar que el término «pólis» aparece en el borrador del Real Decreto que ahora va a llevarse al Consejo de Ministros tan solo en dos ocasiones, las mismas en que lo hace «Imperio romano».

Por su parte, «Grecia» solo es citada en 22 ocasiones y «Roma» en catorce. En la ley que ahora se derogará los términos «pólis» e «Imperio romano» aparecían siete veces y «Grecia» y «Roma» eran citadas 32 y 42 veces, casi el doble de las ocasiones en que ambas civilizaciones, claves de nuestro presente y constructoras de la idea misma de Europa, son citadas en el borrador que pronto será aprobado.

Curiosa paradoja

Pero es que, además, si nos fijamos en las materias en que esos conceptos se citan comprobaremos con estupor que son materias de Latín, Griego o Cultura Clásica que, mayoritariamente, tienen presencia en Secundaria y no en Bachillerato donde, precisamente, en el estudio de la Historia, y como señalamos ya en un artículo anterior, se defiende que «los logros de nuestra convivencia democrática» comenzaron solo a partir de 1812.

Curiosa paradoja que ese presentismo a ultranza que reivindican los ideólogos de este Gobierno pretenda explicar qué significa «convivencia democrática» sin hablar a esos mismos alumnos preuniversitarios de Pericles, de la «pólis» o de la ejemplar voluntariedad de los cargos públicos durante la Antigüedad y sustituya categorías históricas que, durante siglos, han sido reconocidas como base de la «larga duración» y de la «estructura histórica» por términos como «género», «sostenibilidad» o «igualdad» que, pueden los lectores hacer la prueba, llenan las páginas de este documento que pretende acabar con una herencia milenaria, la grecorromana, que, sin embargo, se abrirá camino mientras haya, como los hay en mis clases en la Universidad de Navarra o en las excavaciones arqueológicas de las que soy responsable –y de las que proceden las fotografías– estudiantes dispuestos a apasionarse por ella.