Las entidades de gestión piden a Wert que frene la reforma

Tras la publicación en LA RAZÓN del anteproyecto de la reforma de la LPI, las entidades de gestión han pedido al ministro de Educación y Cultura que paralice su aprobación. Agedi (Asociación de gestión de derechos intelectuales); AIE (Artistas intérpretes o ejecutantes); Cedro (Centro español de derechos reprográficos) y SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) han emitido un comunicado en el que se quejan por haber tenido conocimiento de las medidas por cauces extraoficiales y les acusan de falta de diálogo: «Nos ha sorpendido y alarmado el anuncio de la inminente aprobación por el Consejo de Ministros». Consideran que «este anteproyecto retraerá, aún más, el peso del sector cultural en el PIB, en lugar de incrementarlo, tal y como se prometía en su programa de Gobierno». Entre las medidas que prevé el nuevo texto está un régimen sancionador para estas entidades que incluye multas de hasta el 1 o el 2 por ciento de sus ingresos anuales si se producen faltas graves que pueden identificarse fácilmente con lo que ocurrió en SGAE en los últimos años. Además, pasan a estar bajo supervisión del Ministerio y no de las comunidades autónomas a menos que facturen más de un 80 por ciento en una misma región. Los derechos no identificados, es decir, aquellos que las entidades no pueden repartir entre sus socios por no haber sido capaces de saber quiénes son los autores de las obras que han generado ingresos, pasarían a prescribir en 10 años en lugar de 5. De manera que no podrían utilizarse para financiar proyectos faraónicos como el de Arteria que puso en marcha Teddy Bautista. También indica el texto que la Comisión de Competencia podría llegar a estipular las tarifas que las sociedades de gestión aplican al uso de su repertorio, algo que tampoco ha sentado nada bien entre las entidades de gestión. De hecho consideran que «podría incrementar los conflictos». Es bien conocido el largo historial de expedientes y sanciones abiertas por el órgano regulador a las sociedades por abuso de posición de dominio o tarifas inequitativas. Finalmente el Gobierno decidió no aprobarlo hoy, aunque argumentan problemas de agenda en el Consejo.