El pucherazo populista

Manuel Azaña escribió el 19 de marzo de 1936 a Cipriano Rivas Cherif: «Los comunistas se llevaron las actas (electorales) pistola en mano». Alcalá Zamora, presidente de la República, declaraba meses después de aquellas elecciones que el Frente Popular violó «todos los escrúpulos de legalidad y de conciencia». Y lo hizo, dijo, en dos etapas. La primera se desencadenó el 17 de febrero, un día después de la primera vuelta de los comicios. Era la «ofensiva del desorden» a cargo de los frentepopulistas, escribió Alcalá Zamora, quienes hicieron huir a las autoridades para robar la documentación. «Los resultados pudieron ser falsificados», apuntó, y en una «extraña alianza con los reaccionarios vascos» usaron la Comisión de Actas parlamentarias para anular las victorias de los candidatos de la derecha. Era un «plan deliberado y de gran envergadura» para crear un régimen revolucionario de Convención y «aplastar a la oposición». La manipulación del resultado electoral de febrero de 1936 era un secreto a voces que la historiografía española no había estudiado en profundidad. La franquista lo desdeñó y la izquierdista tampoco lo abordó, sino que convirtió a la Segunda República en un mito: el régimen del pueblo, moralmente intachable, con elecciones limpias y condiciones democráticas, truncado por la derecha. El mito lo comparaban con un siglo XIX «fallido» por culpa de los Borbones, el Partido Moderado o el caciquismo de la Restauración, frente a la superioridad moral y europeísta de republicanos y socialistas. Era la construcción de un relato político, no historiográfico.

Javier Tusell publicó en 1971 un estudio innovador sobre las elecciones del Frente Popular, al que luego todos se remitieron, pero le faltaron dos cosas: contextualizar los comicios en la violencia y estudiar la documentación oficial.

Eso es lo que han hecho Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa en un libro que ha de cambiar el relato político, de martirologio e instrumental, del final de la Segunda República. El primero, junto al historiador Fernando del Rey, ya había dirigido un estudio sobre la violencia política que impidió unas condiciones democráticas aceptables en la Segunda República. Y Villa lleva años analizando con éxito las prácticas electorales españolas.

El resultado no puede ser más concluyente. La violencia para falsificar las elecciones entre el 16 y el 19 de febrero derribó al gobierno Portela, y Alcalá-Zamora llamó a Azaña, que contempló pasivamente cómo los frente populistas tomaban las instituciones e incautaban la documentación. Los papeles fueron violados, los lacres se rompieron, las cifras se tacharon, los recuentos se hicieron sin testigos, y en algún lugar hubo más votos que votantes. Así se dio la vuelta al resultado electoral para la victoria de un Frente Popular que solo ataba a los republicanos con el régimen del 31, no a las izquierdas, que querían la revolución (pág. 100). Ambos profesores han demostrado que se puede escribir una Historia que vislumbre con distancia las grandes cuestiones, aplicando a las fuentes primarias los métodos de análisis de la ciencia política y de otras disciplinas auxiliares. Un triunfo.