Una reforma muy parcial

El anuncio de la aprobación para su posterior tramitación, primero administrativa y, en su día, legislativa, de un anteproyecto de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual debería ser una buena noticia. España, que tiene los mayores índices de descargas ilegales de los países de la OCDE, situación que sólo se puede calificar como insólita o inaudita, necesita una nueva y profunda reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que, por un lado, sirva de instrumento pedagógico para la sociedad y los poderes públicos españoles, que deben ser conscientes de la importancia económica de esta normativa, columna vertebral de la sociedad del conocimiento. Es necesario precisar que los poderes públicos españoles, con independencia de las ideologías políticas, son los responsables directos de esta anómala situación y los primeros que deben hacer esfuerzos para corregirla. El anteproyecto que ha examinado el Consejo de Ministros es una reforma muy parcial, y no la que se necesita para el futuro, en la que a) trata de incrementar el grado de transparencia y control sobre las entidades de gestión, a lo que no tenemos nada que objetar y que en sí mismo es un objetivo loable y necesario; b) hace una nueva regulación de la copia privada, que vulnera el derecho comunitario, a mi juicio, y va contra las recomendaciones del mediador comunitario y que dará lugar a pleitos que terminará perdiendo el Estado español; c) intenta limitar los daños de las descargas ilegales, complementando las lagunas que la aplicación de la llamada «Ley Sinde» ha puesto de manifiesto y es muy posible que la redacción dada en este tema se quede corta para una eficaz lucha contra la «piratería» vista la situación anormal que se vive en España; d) en materia de las compensaciones por el uso de materiales en la educación, se aleja claramente de la situación europea y no transcribe adecuadamente las directivas de referencia, incluso, vulnerando la famosa norma de los tres pasos del convenio de Berna.

La reforma no incorpora lo que denomino los aspectos sustanciales de la Propiedad Intelectual, básico para mejorar la operatividad de las empresas culturales. Por lo que se refiere a la edición, estamos hablando de una reforma del contrato de edición para adecuarlo a las nuevas tecnologías. Pero no hay que perder la esperanza. Deseamos y estamos dispuestos a trabajar para que, en la larga tramitación que queda, todos estos aspectos se puedan solucionar, mejorar o incorporar y establecer unas reglas de juego modernas y ordenadas para que las industrias culturales españolas se sitúen en el liderazgo que nuestra lengua común exige.