Los alquilados, las nuevas víctimas de los desahucios

Las dramáticas imágenes de desahucios de familias a lo largo y ancho del país eran más que habituales durante los años de la crisis. Entre 2008 y 2012, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca calculó, a partir de los datos del Consejo General de Poder Judicial, que se llevaron a cabo al menos 244.278 desalojos de familias de sus viviendas. Por aquel entonces no se distinguía entre desahucios derivados de impagos de alquiler y de impagos de hipoteca. La conmoción social que causaron estos episodios llevó a diversos organismos a medir más concienzudamente los desalojos. Los últimos datos del informe «Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales», publicados ayer por el Consejo General del Poder Judicial, ponen el foco en los desahucios por impago de alquiler. Pese a que estos bajan por segundo trimestre consecutivo, representan el 68% del total de los practicados entre el uno de julio y el 30 de septiembre de este año.

Los juzgados han aprobado un total de 10.777 desahucios durante el tercer trimestre de 2019, su nivel más bajo desde que se iniciaran los registros, en 2013. De ellos, 6.936 fueron lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU); 2.526 (24,8%) derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 715 restantes obedecieron a otras causas. En todos los casos se produjo un descenso. Los desahucios producidos por alquiler se redujeron un 7,7% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que los causados por los impagos de hipoteca mostraron una disminución interanual del 25,8%.

Respecto al total, Cataluña –con 2.239, lo que representa el 22% de los desahucios nacionales– fue la comunidad autónoma en la que se practicaron un mayor número de lanzamientos. El podio lo completan Andalucía, con 1.754; la Comunidad Valenciana, con 1.449 y Madrid, con 1.147. Estas regiones vuelven a protagonizar las áreas geográficas donde se producen más desahucios derivados de la LAU.

El informe incluye también el número de desahucios solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales. Los datos contenidos en el documento reflejan que el número lanzamientos solicitados en el tercer trimestre de 2019 fue de 12.715, un 5,4% menos que en el mismo periodo de 2018. De ellos, 7.165 acabaron cumpliéndose, lo que supone una disminución interanual del 9,2%. En cuanto a las ejecuciones hipotecarias iniciadas –cuando un juez determina que los inquilinos deben dejar su hogar por impago– se redujeron en un 45,1% respecto a 2018, reduciéndose de 6.315 a 3.470.

Por último, los juicios verbales por ocupación ilegal de viviendas ascendieron a 982 durante el tercer trimestre de 2019 y se han resuelto 634. El mayor número de ellas (239), que representan el 24,3% del total nacional, se dio en Cataluña. Le siguen Andalucía, con 150; Comunidad Valenciana, con 141; y Madrid, con 111.

Aumentan los descontentos con su despido

El informe también recoge un aumento del 16,2% en las demandas por despidos en relación al tercer trimestre del año pasado, que alcanzaron la cifra de 30.081. Por territorios, la Comunidad de Madrid se sitúa en primer lugar (18,9%), seguido por Cataluña (17,6%) y Andalucía (14,9%). El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de los Social, 28.752 fueron un 3,6% superiores a las del tercer de 2018. De ellas, Madrid, Andalucía y Cataluña concentran la mayor cantidad.