La morosidad de las «grandes» castiga a las pymes

Bajar la persiana del negocio al que tantas horas se han dedicado es uno de los mayores miedos de los empresarios modestos. Es una situación que puede producirse por diversos motivos, pero uno de los que genera más inseguridad es el retraso en el cobro los servicios realizados a otras compañías. El plazo medio de pago entre empresas en 2018 se situó en 92 días, cinco días menos respecto al ejercicio anterior, según el «Observatorio sobre Plazos de Pago en el Tejido Empresarial Español», elaborado por Iberinform y Crédito y Caución. Aunque el periodo para hacer frente a las deudas con los proveedores es ligeramente más corto que otros años, todavía está lejos del máximo de 60 días que establece la Ley de Morosidad de 2010. Esta reducción viene como consecuencia del actual escenario de tipos bajos, que facilita el acceso a la financiación bancaria, y por el aumento de la prudencia a la hora de asumir riesgos con créditos.

Las pymes son las mayores damnificadas. Son las que menos tardan en rendir cuentas con sus proveedores, pero, a la vez, son las más expuestas frente a los impagos. A ello se le suma que las «grandes» son las que más se demoran a la hora de hacer frente a sus facturas con otras compañías, normalmente más pequeñas. La morosidad de las grandes corporaciones se situó en una media de 110 días, casi el doble que el plazo máximo que establece la Ley. Las medianas son las que presentan los plazos más cortos de la muestra, con 89 días. Las microempresas y la pequeña empresa registraron un periodo medio de 92 días.

Los motivos que llevan a las pymes a aceptar plazos excesivos y retrasos en los pagos son la difícil cobertura financiera de la falta de liquidez, su dependencia de un número limitado de clientes y su debilidad en las relaciones comerciales con las grandes empresas condicionan, según explican fuentes Cepyme.

Por comunidades autónomas, se pagan las facturas a tiempo. Ceuta, Melilla, Baleares, Navarra y Cantabria son las que manejan unos plazos más cortos, mientras que Andalucía, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha son las autonomías que más se demoran. Esta diferencia se explica por la composición sectorial del tejido empresarial de cada región. Las empresas dedicadas al sector primario son las que tienen unos periodos de pago más amplios (110 días) y tienen un peso mayor en las comunidades ligadas al campo. Por el contrario, los plazos más cortos se dan en el sector servicios (86 días).

Otros estudios subrayan en que el periodo medio de pago entre empresas está lejos de la barrera de 60 días. La morosidad entre las compañías se situó de media en 89 días, según una encuesta realizada por ATA. En líneas generales, el informe de la patronal de los trabajadores por cuenta propia es más alarmista con las grandes empresas, pues registran un periodo medio de pago de 122 días, y más optimista con las microempresas y la pequeña empresa, para las que establece un periodo de pago de 70 y 76 días, respectivamente. Parece que el plazo de pago a los proveedores sigue otras normas para las grandes empresas. El camino es llano si se trata de corporaciones con más de 250 trabajadores, ya que ambos estudios coinciden en que son las grandes empresas las que más tardan en poner al día sus cuentas con los proveedores.

Hay similitudes, pero también discrepancias. La gran diferencia entre ambos estudios está en la morosidad de las corporaciones con una plantilla de entre 50 y 250 trabajadores. Mientras que Crédito y Caución afirma que son las que menos tardan en pagar a sus proveedores, el documento de los autónomos sostiene que son las segundas que más se retrasan, con una media de 116 días.

Los autónomos pagaron sus deudas en una media de 61 días, también superando el máximo permitido. Se trata de la primera vez que los trabajadores por cuenta propia pasan la barrera de los 60 días, según el de ATA. Este aumento en los periodos de pago de los autónomos se debe a «lo mal que cobran de las administraciones y de las grandes empresas», explicó Lorenzo Amor, presidente de ATA, quien reclama «un régimen sancionador para aquellos que incumplan los plazos de manera sistemática y asidua». Además, lamentó que muchos trabajadores por cuenta propia se vean «abocados a cerrar por no poder soportar los impagos». Por otra parte, desde Cepyme explican que «quienes sufren con mayor rigor estas negativas consecuencias son las empresas de menor dimensión, sobre las que la morosidad y los aplazamientos de pago excesivos producen su efecto más penalizado».

Los informes dibujan una realidad alarmante: la Ley de Morosidad de 2010 es una norma que no se cumple. Ni las empresas, ni los trabajadores por cuenta propia son capaces de hacer frente a sus pagos a tiempo. Solo el Estado paga con una regularidad que se ajusta al marco legal de 60 días.

Las comunidades tardan una media de 42 días en pagar, mientras que las corporaciones locales son las que más se retrasan, con una media de 61 días. No obstante, hay que matizar que por la manera en la que se calcula el plazo medio de pago tienen más peso aquellas entidades con mayor endeudamiento. Utilizando una media simple de los periodos que manejan los ayuntamientos, el dato bajaría hasta los 33 días. De las diez principales ciudades españolas, nueve presentan un plazo inferior a 60 días, mientras que solo uno, Las Palmas de Gran Canaria, supera el límite legal.