Los planes del Gobierno tienen mucho riesgo

Año y medio con un Gobierno que no se ha votado. Cuando por fin se va a la urnas, los partidos no alcanzan un acuerdo y se termina en una repetición electoral. Cualquier país que hubiese pasado por esto estaría dando saltos de alegría cuando se formase un nuevo Ejecutivo salido de unos comicios. Pero en España ha sucedido todo lo contrario. El pacto entre el Partido Socialista y Unidas Podemos para dirigir la nación ha levantado una nube de incertidumbre. Y muy pocos esperan que las decisiones de la dupla Sánchez-Iglesias puedan despejarla. Las recientes rencillas entre las dos formaciones aportan inestabilidad, y la revolución que pretenden llevar a cabo en materia económica afectará a los bolsillos de todos y a cada uno de los españoles. Los resultados, según las previsiones, darán la puntilla a una ciudadanía ya de por sí muy desencantada.

La CEOE avisa a navegantes. La patronal cree que las medidas económicas y laborales del nuevo Ejecutivo, como aumentar el salario mínimo, el impuesto de Sociedades o el IRPF a las rentas altas, «están más cerca del populismo que de la ortodoxia» e «impactarán de forma muy negativa en la creación de empleo, en el futuro de las empresas y desincentivarán cualquier posibilidad de inversión en España, tanto desde dentro como desde el exterior».

Añaden que se incidirá en dos grandes problemas de nuestra nación, la economía sumergida y las escasas oportunidades de encontrar un trabajo. El motivo está en que los dos principales motores de facturación y contratación, las pymes y los autónomos, se verán especialmente perjudicados por las políticas de la dupla PSOE-Unidas Podemos.

Con sus medidas, el Gobierno hiere a una economía que ya está en serio peligro debido a la ralentización del crecimiento. Y algunos estiman que impulsará los peores augurios ya para este año. El investigador principal de la «think tank» Civismo, Javier Santacruz, argumenta que «las políticas que se han planteado en la sesión de investidura provocarán será que la recesión que se produciría con bastante probabilidad el cuarto trimestre de 2020 se pueda adelantar».

Pero que no cunda el pánico porque la nueva pareja de hecho ha demostrado debilidades. Tanto es lo que les une como lo que les separa, y eso provocará que muchas de las medidas anunciadas se las lleve el viento. Santacruz confiesa que el Gobierno tendrá dificultades para aprobar los Presupuestos y sin ellos «nada de lo que ha prometido y nada de lo que ha firmado con sus socios de investidura será posible llevar a cabo».

PSOE y Podemos son como los hijos caprichosos que mucho desean pero se enfrentan a las restricciones de los padres, aquellos que vigilan las cuentas de la familia, la Unión Europea. Santacruz recuerda que el Ejecutivo «se enfrenta al previsible rechazo por parte de la Comisión Europea por indisciplina fiscal, con un déficit desbocado (probablemente cierre 2019 con el 2,5%, casi la misma cifra que el año pasado, por lo que 2019 es un año perdido) y con un endeudamiento elevado».

Si España quiere que Europa le deje más margen, debe fomentar la entrada de dinero desde fuera de nuestras fronteras para impulsar el crecimiento. Sobre todo, porque desde Bruselas conocen que nuestro país, en los últimos años, ha dependido de eso mismo. «La entrada de capitales extranjeros y de inversiones procedentes de distintos lugares del mundo ha revitalizado nuestra situación, por ejemplo, en el sector inmobiliario», manifiesta el economista Josep María Gay de Liébana.

Sin embargo, las medidas del Gobierno lograrán lo contrario, desincentivarán la inversión, especialmente el aumento del salario mínimo por el incremento de los costes laborales que supone para las empresas, comenta Santacruz. Gay de Liébana añade otras políticas como la Tasa Tobin, el control de los precios del alquiler o del sector eléctrico como perjudiciales a la inversión porque suponen un exceso de regulación y un exagerado intervencionismo del Estado en la economía.

Además, Gay de Liébana explica que «los cambios anunciados en la declaración programática de la llamada Coalición Progresista inquietan desde el punto de vista fiscal, de la estabilidad normativa y de la seguridad jurídica. Y el dinero quiere destinos aburridos pero plácidos, conociendo los marcos regulatorios con antelación y sobre todo que sean previsibles y sostenibles y no cambiantes». En España ocurre todo lo contrario, dice, porque ahora «estamos demasiado expuestos a la imprevisibilidad».

Esa incertidumbre se ha metido en el cuerpo de los empresarios, que temen que las compras desde el extranjero mermen. Las exportaciones fueron vitales durante la recuperación y, mientras países como Alemania o Francia experimentan un crecimiento casi nulo, nosotros todavía continuamos en el entorno del 2% gracias a las ventas internacionales. Desde CEOE cuentan que «nuestro actual superávit exterior es una circunstancia diferencial en el actual momento cíclico, siendo una palanca clave de crecimiento y empleo».

En definitiva, que nuestras compañías dejen de resultar atractivas en el extranjero y reduzcar sus exportaciones sería fatal para el desarrollo de la economía en los próximos años. «No preservar la competitividad de las empresas españolas podría perjudicar especialmente en el medio y largo plazo a sectores como la industria, que está más expuesta a la competencia y a la desaceleración exterior», mantienen fuentes de CEOE.

Combiene continuar preservando las exportaciones cuando el consumo dentro de nuestro país se va contrayendo porque la ralentización fomenta el ahorro en lugar del gasto. Pues bien, medidas que desincentiven la contratación impulsarán aún más esa tendencia por el miedo a perder el trabajo y toparse con más dificultades de lo habitual para encontrar otro.

Empleo

El SMI podría frenar en seco la contratación

España mantiene cerca de un 14% de paro y el ritmo de reducción de esta tasa se ha estancado. Para un país como el nuestro, los economistas hablan de que lo sano sería un 7% de desempleo. Es decir, lo duplicamos. Para colmo, la ralentización del crecimiento se agudiza y las empresas desconfían cada vez más en contratar. Por si fuera poco, en enero de 2019 el PSOE le dio a las compañías un motivo más para no crear puestos de trabajo, aumentó el salario mínimo interprofesional un 22% hasta los 1.050 euros. El nuevo Gobierno quiere seguir ese camino e incrementarlo hasta los 1.200 euros, una medida que los analistas desaconsejan. El economista Gonzalo Bernardos cree que la nueva propuesta de elevar el SMI se pasa de rosca y subraya que «la coyuntura económica actual es muy frágil y una excesiva subida del salario mínimo podría destruir más empleo que en 2019 y pasar a la economía sumergida más gente». Para Josep María Gay de Liébana, «cuando el ciclo económico se desacelera y el ritmo de creación de empleo, como se ha visto con los datos conocidos de diciembre de 2019, ha amainado, no es momento de poner trabas a la contratación. La subida del salario mínimo ha impactado negativamente en la contratación y, sobre todo, en aquellos puestos de trabajo de poca cualificación, incluso se ha dado un trasvase de empleo regularizado hacia la economía sumergida. Nuestro modelo productivo, muy basado en servicios de poco valor añadido, en el que predominan empresas de tamaño pequeño o muy pequeño, no puede aguantar más costes laborales. Las medidas legales de aumento del salario mínimo juegan en contra de la contratación y repercuten negativamente en las rentas de las familias que menguan».

Por otra parte, la dupla PSOE-Podemos derogará la reforma laboral en el peor momento posible. Fuentes de la CEOE sostienen que «en la eurozona, cuanto más rígidos son los mercados laborales en términos de flexibilidad interna, tal y como pretende la derogación de la reforma laboral, en momentos de crisis los ajustes vía empleo son mayores». El Gobierno también ha prometido revolucionar la situación de los autónomos, adaptando el sistema de módulos a los ingresos reales y reduciendo el límite de facturación por el que alguien se puede considerar trabajador por cuenta ajena y no una sociedad. En este sentido, Gay de Liébana admite que hay que esperar «porque de momento hay mucha oratoria, pero poca pormenorización y detalle en los planteamientos. Cualquier modificación que se quiera llevar a cabo en cuanto a los autónomos, teniendo en cuenta que España es un país de microempresas, empresas pequeñas y, sobre todo, de autónomos, por sentido común tiene que gestionarse y acordarse con este colectivo. No solo está en juego su forma de cotizar a la Seguridad Social, sino también su manera de tributar. Y a los autónomos hay que cuidarlos porque son una parte crucial de nuestro sistema económico».

Impuestos

Los ricos son el objetivo. Los afectados, todos

PSOE y Podemos han pactado una subida de impuestos que, según ellos, no alcanzará a las clase medias y bajas. Sin embargo, la mayoría de los analistas piensan que el grueso de los ciudadanos la sufrirá de una manera u otra. Las empresas que sufran el impacto del tipo mínimo de Sociedades del 15% (18% para bancos y petroleras), del ascenso de la tributación de los impuestos, de los nuevos impuestos medioambientales y de la Tasa Google del 3% a las compañías tecnológicas, desplazarán estos gravámenes al precio final de sus productos y servicios. Un cóctel que asusta a las empresas. Desde la CEOE aseguran que «las subidas de la fiscalidad empresarial suponen, por tanto, una pérdida de competitividad que desalienta inversión empresarial a la vez que introduce ineficiencias sobre decisiones empresariales como el crecimiento, la estructura financiera, la manera de organizar la actividad mediante filiales o la propia internacionalización de las empresas». Lo ideal no es subir los impuestos a las compañías sino, al contrario, bajarlos para acompasarlos con los del resto de Europa porque ahora mismo estamos en desventaja. Mientras en la UE el tipo promedio de Sociedades es del 22%, en España es del 25%.

El IRPF también se incrementará. El tipo máximo ascenderá desde el 45% al 50%, las rentas superiores a los 130.000 sufrirán dos puntos porcentuales más y las de por encima a los 300.000 euros, cuatro puntos. Ya se sabe que a quienes tienen tales cantidades de dinero no les tiembla el pulso a la hora de sacar sus ingresos de España para evitar las subidas impositivas. Por lo tanto, lo más probable es que el Ejecutivo calcule que más contribuyentes se someterán a este aumento de los que realmente luego lo harán. De este modo, no alcanzará a cumplir las expectativas de ingresos y terminará incrementando los gravámenes al conjunto de la población. Así lo cree Javier Santacruz, quien mantiene que «se ha equivocado el discurso por parte de aquellos que defienden la subida de impuestos. Dicen que si la subida de IRPF y Sociedades es para “ricos”, evidentemente eso no influye a la clase media. Pero el problema es que estas medidas que van única y exclusivamente dirigidas a “ricos” suelen fracasar en sus objetivos de recaudación, y entonces es cuando surge la necesidad de subir los impuestos a la clase media para cubrir de alguna forma el déficit». Una opinión que apoya Gonzalo Bernardos: «En Economía casi siempre 2 + 2 = 4. En materia presupuestaria, a la coalición PSOE-Podemos la anterior suma les sale 3 o 5. No se puede subir los impuestos a unos pocos sin afectar a la clase media, incrementar el gasto público notablemente y reducir el déficit público. Si consiguen todo ello a la vez habrán conseguido un verdadero milagro económico. Algo que hasta ahora nadie ha hecho. Creo que hay tres posibilidades: Aumento del déficit público; incremento de los impuestos muy superior al prometido o el plan social quedará para más adelante».

Seguridad Social

El aumento del gasto lo hace menos sostenible

El Fondo de las Pensiones alcanzó su máximo en el año 2011 con 66.815 y ha cerrado 2019 con 1.453 millones. Nunca se había extraído tanto dinero de una hucha en tan poco tiempo. Y sí, es para alarmarse porque cuando se acabe nadie sabe de dónde se obtendrá lo necesario para abonar los subsidios de los españoles. Así se encuentra la salud de nuestra Seguridad Social, cada vez con menos fondos y con más gente que los reclaman. Solo el número de pensiones por jubilación (que conforman dos tercios del total) ha aumentado en más de 400.000 en solo cinco años hasta alcanzar las 6.089.294, y el importe medio ha pasado de los 969 euros a los 1.143 euros. El futuro del sistema público de prestaciones está en la cuerda floja. El economista Josep María Gay de Liébana afirma que «la realidad es que el actual sistema financiero de la Seguridad Social, como no se enmiende su rumbo y de momento no hay indicios de ello, va camino de la insostenibilidad de sus cuentas y de la insuficiencia de dinero para satisfacer las pensiones en un plazo medio de tiempo». No son palabras vacías, las respaldan más datos a los ya aportados. «El déficit acumulado por la Seguridad Social de 2010 a 2019 se eleva a 120.000 millones de euros. Las pensiones, en su conjunto, en 2019 ascendieron a casi 154.000 millones de euros. Los ingresos, en 2019, alcanzaron los 155.103 millones, pero los gastos totales de la Seguridad Social sumaron 172.191 millones. La deuda de la Seguridad Social que al acabar 2016 era de 17.173 millones de euros, en septiembre de 2019 era de 52.145 millones y a 31 de diciembre ha subido aún más», detalla Gay de Liébana. Lo dicho, las cuentas de la lechera no salen. La solución del Gobierno es aumentar los gastos al ligar las pensiones al IPC, suprimiendo el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización. Además, desarrollará el Ingreso Mínimo Vital, sobre el que Gonzalo Bernardos dice tener «dudas de que haya dinero para pagarlo a todos los hogares que se pretende (730.000)». También subirá del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que logrará que más españoles accedan a subvenciones y ayudas pero, según Bernandos, se quedará solo en una promesa si los impuestos, como estima, solo generan 5.000 millones de euros.

Está en el juicio de cada uno pensar si estas medidas son necesarias o una irresponsabilidad del nuevo Ejecutivo. Lo que está claro es que el problema viene de lejos y quizá ya no tiene marcha atrás. Gay de Liébana sostiene que «hasta la fecha, por parte de los políticos se está pasando olímpicamente de una cuestión crucial y que pone en jaque las pensiones. Prometer más y más es muy fácil, pero todo lo que hoy se pague en exceso, habrá que recortarlo en un futuro ante la imposibilidad de atender el volumen de las pensiones públicas. Es necesario que se trabajen la soluciones desde un punto de vista económico, soslayando las veleidades políticas y populistas. ¿Qué fue del Pacto de Toledo?».

Vivienda

El remedio podría ser peor que la enfermedad

El elevado precio de los alquileres supone una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Así que el control del coste que plantea el Gobierno ha sido bien recibido por los inquilinos. Sin embargo, España siempre ha sido un país de propietarios, millones de personas que ahora están preocupados por las decisiones del Ejecutivo. Para deshacer esta paradoja, parece que lo mejor sería dejar el mercado como está, sin intervenirlo, pues podría empeorar. La directora general de Renta Garantizada, Silvia Hernández, afirma que «el control de los precios del alquiler repercutirá en que muchos propietarios desistan de arrendar su inmueble al no considerarlo una opción rentable, teniendo en cuenta además que los actuales contratos pueden prorrogarse hasta cinco años y que, además, conlleva siempre la posibilidad y el riesgo de impagos, de costes por desperfectos u otros». Lógicamente, la oferta descendería notablemente, y como la demanda se mantendrá o incluso aumentará, los precios seguirán subiendo por esa famosa ley económica que todos conocemos. Hernández destaca que la reducción de pisos en alquiler sería «más notable en las zonas en las que este control de precios estableciese una mayor brecha con respecto del coste actual, o de la demanda real, como sucede en las zonas más céntricas de las ciudades», que podría acabar siendo las más perjudicadas por la medida de PSOE-Podemos. Las casas acabarán en el mercado de compraventa en un momento en el que la gente ya no quiere adquirir un inmueble, sino arrendarlo.

La intervención del alquiler desincentivará a los propietarios a invertir en la reforma de las viviendas porque tendrán más complicado obtener un rendimiento. Por lo tanto, el parque de inmuebles iría envejenciendo y los domicilios perderían calidad paulatinamente. Las grandes empresas que participan del mercado inmobiliario también abandonarán sus inversiones. Hernandez explica que «en la actualidad, el mercado de viviendas en España, especialmente en las grandes ciudades, ha sido polarizado por Grandes Fondos y Socimi (Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario), interesadas en obtener rentabilidad, y que han invertido en la adquisición de viviendas para alquilar. Pero la limitación de precios y la inseguridad jurídica, con cambios legislativos constantes, genera incertidumbre, lo que conllevará no solo la no inversión, sino que probablemente esas empresas están pensando más en deshacer operaciones que en invertir en nuevos proyectos». España perdería dinero con una medida contraria a lo que de verdad necesidad. La directora general de Renta Garantizada reclama «una mayor oferta de vivienda social, incentivos tanto a inquilinos como propietarios, manteniendo y estableciendo subvenciones o desgravaciones a los jóvenes que alquilen una vivienda, que son un grupo que en muchos casos adolece de estabilidad laboral y económica».

Sector financiero

El enemigo más acérrimo de Unidas Podemos

El terremoto causado por la formación del nuevo Gobierno ha agitado con mayor fuerza a algunos sectores. El financiero ha sido uno de ellos pues es enemigo acérrimo de uno de los partidos en el Ejecutivo, Unidas Podemos. El equipo liderado por Pablo Iglesias ha reiterado en múltiples ocasiones que tienen el objetivo de recuperar para las arcas públicas los 60.000 millones de euros del rescate bancario. El catedrático de CUNEF y director de Estudios Financieros de Funcas, Santiago Carbó, admite que «ésta ha sido y es una cuestión controvertida porque es una alternativa que ha citado Podemos pero que, de momento, el Gobierno no ha avanzado que vaya a acometerla y que no será fácil llevarla a la práctica». La idea de la formación morada es gravar con impuestos especiales a la banca que Carbó no cree que salgan adelante. «Pueden requerir un apoyo parlamentario que no parece fácil por la fragmentación en el Congreso», subraya. El programa del Gobierno incluye un tributo del 0,2% a las transacciones financieras llamado Tasa Tobin. Según Carbó, este impuesto es «problemático» y «tiene poca efectividad y suele generar efectos netos negativos». Regulararía aún más un sector ya de por sí muy sometido a la regulación y socavaría la rentabilidad de unas entidades que ya se encuentran en complicaciones para lograr rendimientos debido a los reducidísimos tipos de interés establecidos por el Banco Central Europeo. La UE todavía debate sobre la idoneidad de la Tasa Tobin y parece que la discusión va para largo. Si España, como pretende el Ejecutivo, decide adelantarse al conjunto del continente, se sumarían más perjuicios a la banca. «Establecer este impuesto en un país sin una previa coordinación internacional minaría la competitividad de sector financiero de esa nación en cuestión», comenta Carbó.

Podemos ha sacado toda su artillería y ha hablado de nacionalizar Bankia, algo que afectaría a todos sus clientes (entre 6,5 y 7 millones) y sería un varapalo al sector por completo. Sin embargo, la medida suena tan alocada que el PSOE no cederá a las tentativas de su socio. «Es una línea roja sobre la que ya se ha dicho que no se pisaría. No podemos olvidar que España ha estado bastante alineada con los criterios de Bruselas y resulta difícil creer que ahora vaya a seguir un camino distinto. Bankia recibió ayudas públicas y la UE tiene mucho que decir. Se ha hecho una gran gestión del banco desde 2012 y eso no tiene un gran mérito. Y nacionalizar entidades financieras creo que no es lo que se debería hacer», manifiesta Carbó. En el centro de la diana de Podemos también están las SICAV (Sociedad de inversión de capital variable), de las que se han cerrado miles durante los últimos años ante la previsión de cambios en sus legislaciones. «La fiscalidad de las SICAV puede tener elementos objetivos revisables y esto no es sólo una cuestión que se planteen partidos de izquierda. Ahora bien, hasta dónde pueda llegarse en esta materia aún no lo sabemos», concluye Carbó.

Otros sectores

La energética y la automoción tiemblan

El Gobierno promete revolucionar diferentes sectores fundamentales para la economía española, como el turístico, el automovilístico o el energético. Todos ellos se encontrarán en una prolongada etapa de incertidumbre hasta que los efectos de las medidas del Ejecutivo y les afecten directamente se empiecen a notar. En primer lugar, la dupla PSOE-Podemos modificará el modelo del turismo para añadirle la etiqueta de sostenible. En principio, ese calificativo suena agradable, pero ha levantado ampollas en el sector porque consideran que la administración les ha señalado como una industria más contaminante de lo que realmente es. Así, las empresas temen que se les grave con impuestos medioambientales que mermen sus beneficios y les resten competitividad. Una pésima noticia más cuando otros destinos mediterráneos, sobre todo los del norte de África, están ganando clientes y nos los quitan a nosotros. El Ejecutivo deberá especificar en qué consiste su turismo sostenible, mientras lo que de verdad espera el sector es una estrategia para atraer a visitantes que aumenten el gasto medio por persona (que ahora se sitúa en 1.093 euros), siendo los asiáticos la gran asignatura pendiente. En segundo lugar, el sector energético no ha celebrado la investidura de Pedro Sánchez. Todo lo contrario, recibió al nuevo presidente con caídas en el Ibex 35 de hasta el 2%. Estas empresas serán las que enfrentarán más cambios regulatorios en los próximos meses si salen adelante la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Sánchez ha anunciado que pretende que en 2040 la generación de electricidad sea entre el 85% y el 95% renovable y del 100% en 2050. También incentivará un autoconsumo sin sobrecostes y ha prometido que la factura de la luz será más justa socialmente, es decir, se reducirá. La transición energética dará de lleno en el sector automovilístico. Los coches impulsados por combustibles fósiles irán abandonando las carreteras a marchas forzadas para ser sustituidos por vehículos eléctricos. Claro que esto es fácil de decir y muy complicado de llevar a cabo porque supone que los españoles deben poder comprarse un nuevo coche. Ahora mismo la mayoría no cuenta con los ingresos para hacerlo y tanto el Gobierno central como los autonómicos no han puesto a disposición de los ciudadanos las suficientes ayudas para que lo adquieran. Resulta evidente que el sector se encuentra en un punto de inflexión que debe acometerse de la manera más eficaz posible para que siga siendo un referente internacional y un éxito de exportaciones. Y es que en nuestro país se producen cada año cerca de 3 millones de vehículos, pero si las fábricas desplegadas por nuestro territorio no se adaptan a la elaboración de coches eléctricos nuestra economía se resentirá.