Las medidas económicas y las ayudas que el Gobierno anunció a través del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya están operativas para empresas y autónomos tras publicarse el plan de choque contra el coronavirus en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por ello, ya se pueden aplazar hasta 30.000 euros en el pago de impuestos. Estos aplazamientos tributarios se conceden por un plazo de seis meses, pero las empresas tendrán la opción de devolver el dinero a los 90 días y no abonar nada en intereses en este plazo de carencia. Además, las pymes y los autónomos podrán solicitar también el aplazamiento por conceptos que hasta ahora eran inaplazables. La Ley General Tributaria no permitía postergar el plazo de muchos conceptos, que tras la aprobación del real decreto ya es posible. Entre las más importantes se permitirá retrasar las retenciones del IRPF, las cuotas repercutidas de IVA y los pagos fraccionados del impuesto sobre Sociedades.

La norma incluye también el aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en los préstamos concedidos por la Secretaría General de Industria y Pyme. Este aplazamiento se podrá solicitar siempre que su plazo de vencimiento sea inferior a seis meses y debe justificarse que se debe a la inactividad empresarial por el coronavirus, y que la reducción en el volumen de las ventas e ingresos y la interrupción en el suministro en la cadena de valor les haya impedido hacer frente a estos pagos. Estas solicitudes, en caso de estimarse, conllevará la correspondiente readaptación del calendario de reembolsos.

Estas medidas suponen simplemente una demora en las obligaciones tributarias de empresas y autónomos con Hacienda. En ningún caso, el Gobierno ha planteado una quita definitiva ni parcial, algo que ha sido muy criticado, tanto como la limitada liquidez que ha prometido. Sólo se ha habilitado una línea de financiación del ICO, dotada con 400 millones de euros y con garantía del Estado para empresas y trabajadores autónomos con domicilio fiscal en España que estén incluidos en los sectores económicos de transporte de viajeros, alojamiento y restauración, principalmente los más afectados por esta pandemia, pero ya se reconoce desde el Ministerio de Economía que se ampliará a otros sectores si fuera necesario y que pondrá este dinero estará a disposición de más empresas en un plazo máximo de una semana.

Sí ha atendido en parte el Ejecutivo una de las peticiones de patronal y sindicatos respecto a la extensión de la bonificación de los contratos fijos discontinuos hasta junio, los que más afectan a actividades encuadradas en los sectores del turismo, el comercio y la hostelería. Se ha aprobado que se puede aplicar una bonificación del 50% de las cuotas a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de desempleo, el Fogasa y la formación profesional, y tendrá vigencia hasta el día 31 de diciembre.

Además, empresarios y autónomos tendrán una moratoria en el pago de la cotizaciones a la Seguridad Social para tres mensualidades consecutivas en las zonas geográficas y sectores que determinen las autoridades sanitarias. Dichas cotizaciones aplazadas podrán ser abonadas en el plazo de un año, a contar desde su devengo, sin recargos ni intereses de ningún tipo. Además de las citadas, habrá otras medidas de estímulo en las áreas de actividad que se resientan en mayor medida por el coronavirus, como facilitar el teletrabajo, “aliviar” la carga fiscal de las empresas con el fin de evitar despidos, así como ayudas para las familias que lo necesiten ante el cierre de colegios. También se prorrogarán algunas prestaciones para evitar que los trabajadores afectados agoten las que ya tengan concedidas.

Para economistas, empresarios y contribuyentes estas medidas se han quedado muy cortas para la extrema situación que vive el país, ya que las obligaciones fiscales simplemente se han aplazado, no suspendido. Las asociaciones de autónomos y patronales han propuesto que se suspendan de forma temporal varias de ellas, como los ingresos por IVA, las cotizaciones a la Seguridad Social, las cuotas de autónomos, las reclamaciones pendientes de la Agencia Tributaria, la suspensión de forma temporal de las cuotas de las hipotecas de personas físicas y jurídicas, y el pago de facturas esenciales como luz, agua o gas; o la paralización de las ejecuciones judiciales por impago de impuestos hasta que se supere esta crisis. Los autónomos reclaman además que se les reconozca el subsidio de desempleo como a los trabajadores del Régimen General.

En países como Francia, Reino Unido o Alemania se ha puesto a disposición de empresas y autónomos liquidez ilimitada y se han congelado la mayoría de cotizaciones sociales. En España el impacto potencial de las medidas fiscales alcanzan los 14.000 millones de euros, según detalló ayer el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero solo a modo de aplazamiento.