Bunkerizado en su despacho de Diego de Léon 50, sede de la CEOE. Así pasó el confinamiento Miguel Garrido (Madrid, 1960). Con una cafetera que se compró para sobrevivir y una televisión como única compañera. «Las patronales somos servicios esenciales y además teníamos un problema de convivencia laboral en casa (ríe). Tres personas trabajando y una estudiando». Reconoce que el paseo al despacho, de apenas 15 minutos, le servía para despejarse del abatimiento. «Pero sobre todo para liberar tensión ante la preocupación por el futuro, por los empresarios que habían abierto hace poco. Por los jóvenes que empezarán con enormes piedras en sus mochilas y por la deuda que les vamos a dejar». Pero hay que remar y por eso su empresa –una agencia de viajes de negocios con 22 empleados– no ha cerrado. Nada de hibernación: «Porque la economía no se puede congelar y meter al microondas».

–La creación de empresas en mayo fue peor que en abril y la peor desde 1995. ¿La crisis viene ahora?

–Sí, hay gente que no va a poder volver a su trabajo anterior y eso hay que decirlo. Es probable un impulso en 2021, pero estamos todavía en una parte muy negativa, en una burbuja por los créditos, los aplazamientos y los ERTE. Cuando tienes liquidez y no tienes que pagar a tus empleados todo es ficticio.

–Y eso sin estar como en marzo, aunque al actual ritmo de rebrotes...

–Prefiero no ponerme en esa hipótesis. Pero tenemos que ser muy responsables porque nos jugamos mucho. Son inevitables algunos rebrotes, pero estaremos muertos todos si el confinamiento es permanente. La normalidad es compatible con protegernos. Es irreal un 100% de seguridad, pero hay que lograr la máxima posible, la economía lo necesita.

–¿Cómo?

–No se está haciendo lo suficiente. Los test a toda la población y la trazabilidad de la enfermedad llevan un retraso de meses. Tenemos que hacer test masivos a toda la población.

–¿Apoyaría una financiación 50-50 entre el Estado y las empresas para esos test masivos en las empresas?

–Se podría estudiar una financiación igualitaria o la introducción de incentivos que promovieran la realización de test en las empresas. Sobre todo, porque venimos de lo contrario. Se ha penalizado a las empresas que hacían test, se les ha llamado insolidarios y se les ha embargado y requisado el material.

–A simple vista las tiendas de cadena resisten y caen las de barrio ¿Es así?

–El teletrabajo está siendo dañino y un problema añadido para la hostelería. Que la gente no salga, no consuma y no quede ni coma fuera afecta a muchos sectores vinculados entre sí.

–¿Cuántos trabajadores han salido de los ERTE?

–No acabamos de saberlo. Todo alrededor de los ERTE está siendo muy complejo. En Madrid, de momento no se está incorporando tanta gente como dice el Gobierno.

–¿Implica eso que Madrid no va a ser la primera en salir?

–Puede que sea la última y no porque lo haya hecho mal. Fue la que se adelantó y actuó antes que el Gobierno. Pero su globalización implica más riesgos. En cuanto se abra todo, Madrid estará más expuesta. Pero una vez que arranque, crecerá sin freno. Y hasta que Madrid no salga del todo, España se resentirá porque es la locomotora. Sin embargo, es cosa de todos, somos un engranaje en el que no puede faltar nadie. Por eso tenemos que ser más solidarios que nunca. No más egoístas.

–¿Lo dice por Torra, que culpa a Madrid del brote en Lérida?

–Las declaraciones de algunos políticos se comentan solas. Es momento de ser responsables, no de andar culpando. Todos hemos cometido errores.

–La última prórroga de los ERTE costó sangre. ¿Seguirán exigiendo que se prolonguen hasta final de año?

–El problema es que como no hay otros apoyos, tenemos que seguir con ellos aunque sea irreal dilatarlos. Por eso, hay que ir más allá. Hay efectos temporales del Covid, pero también estructurales, lo que nos fuerza a adecuar las plantillas a las necesidades reales de las empresas. Sin embargo, hoy tenemos menos herramientas de flexibilización que antes. Sería impensable no prorrogarlos y en septiembre, cuando se vea la realidad, no quedará otra. Porque las empresas no van a recuperar el 100% de las plantillas cuando la actividad no remonta a ese ritmo. Por tanto hay que ir más allá, porque mantener esas plantillas por decreto ley es abocar a esas empresas a su disolución.

–Pues la intención del Gobierno es restarles flexibilidad con las amenazas permanentes a la reforma laboral. ¿Qué necesitan los empresarios para remontar?

–En lo laboral, más flexibilidad. En los horarios, costes laborales, en poder destinar a los trabajadores a otras funciones. En la remuneración por incentivos, por productividad. Y luego necesitamos una fiscalidad incentivadora. Hay que aumentar la recaudación, pero no subiendo los impuestos. Para eso hay que acabar con el fraude de la economía sumergida.

–Alerta el Banco de España del riesgo de que el IMV dispare la economía informal.

–Igual que las empresas reciben apoyo, también las personas deben recibir ayuda. Pero el mayor escudo social es el empleo. El empleo es más que un salario, implica la realización personal. Por tanto, hay que tener cuidado con que esas ayudas incentiven la economía sumergida.

–Parte del Gobierno afirma que también se está ayudando gratis a las empresas...

–Deberían analizar lo que dicen. Se han otorgado exenciones en las cotizaciones de los empleados en ERTE porque se les prohibía trabajar. Solo faltaba que el empresario pague la cotización de un empleado al que el Estado le impide trabajar. Y las exenciones ni siquiera han llegado al 100%. Luego están las llamadas ayudas fiscales, que han sido, sobre todo, aplazamientos y moratorias. Solo faltaba que, si tienes prohibida la actividad, te requisen lo que no tienes. Respecto a las ayudas financieras, que han sido importantes y suponen un colchón, son prestamos en los que el Estado avala el 80%, pero yo tengo que devolver el 100%. No nos lo han regalado, hay que desmitificar eso. Por eso pedimos ayudas fiscales más contundentes, como en otros lados.

–¿Se refiere a las bajadas de impuestos en Reino Unido?

–Y a la ayuda empleo juvenil. Hay rebajas a la contratación, rebajas impositivas. Somos conscientes de la situación financiera del Estado, pero van a llegar ayudas de la UE.

–Que el actual Gobierno decidirá si son para subsidios y planes estatales o para apoyar a las empresas.

–Por algunas actuaciones, nos da miedo que se quiera aprovechar esta emergencia para provocar un cambio de modelo económico contrario a lo que España necesita. Se necesitan las ayudas europeas, pero para apoyar a las empresas y transformarlas, no para crear un Estado subsidiado. Del buen uso de esos fondos va a depender que salgamos mejor parados. Y vamos a ser muy vigilantes, porque cuando hay mucho dinero público aparecen tentaciones no deseadas y alteraciones intervencionistas del mercado.

–¿No se fía del «escudo social» que iba a hacer todo para proteger a los españoles?

–Es que no se ha hecho todo lo que se podía. Ni mucho menos. Ha habido un gran desconocimiento de la realidad empresarial por parte del Gobierno, que ha tomado decisiones erróneas.

–¿Qué parte de los costes del teletrabajo asumirían?

–Estamos de arriba a abajo en contra de la ley sobre teletrabajo que se quiere imponer. Para empezar, el teletrabajo debe ser algo voluntario. Las empresas tienen la potestad de decidir dónde está el lugar de trabajo. El teletrabajo se debe entender como una manera de incentivar al empleado. Y luego está eso de confundir el teletrabajo con la conciliación. La gente que teletrabaja no está para cuidar a los niños ni a los mayores, está para trabajar. Si es el empleado el que quiere teletrabajar, de acuerdo con la empresa, debería de ser él quien se pague los gastos y no andar metiendo a un inspector laboral en cada casa.