Sánchez asume que la ayuda europea no será gratis

Pedro Sánchez volvió ayer a pinchar en hueso y en Moncloa ya han asumido que tendrán que hacer duras concesiones si pretenden alcanzar un acuerdo más o menos satisfactorio –parece que todo apunta hacia el menos– si se quiere cerrar este mismo mes un acuerdo sobre el Fondo de Reconstrucción. Asumen que no llegará este fin de semana y lo fían casi todo a que se logre convencer a los «halcones del Norte» de que el Ejecutivo español asumirá las reformas que exigen.

Tras el varapalo holandés del lunes en su entrevista con Mark Rutte y la relativa frialdad de la canciller Angela Merkel, el presidente del Gobierno prosiguió ayer su periplo europeo con una cita en Estocolmo con el primer ministro sueco, el socialista Stefan Löfven. Pero a pesar de pertenecer a la misma familia política –la socialista–, el líder sueco hizo honor a su pertenencia al «club de los frugales», partidarios de la ortodoxia presupuestaria – formado también por Holanda, Austria y Dinamarca– y siguió un guion muy parecido, prácticamente idéntico, al de Rutte. Tanto que el propio Sánchez ya ha comenzado a preparar el terreno ante lo que se avecina. «Todos tenemos que hacer una esfuerzo para poder llegar a ese acuerdo. Y evidentemente todos tendremos que hacer renuncias. Porque lo importante es que demos esa respuesta común, un acuerdo a Veintisiete es difícil. Por eso es evidente que todos tendremos que ceder en algunas de nuestras posiciones», aseguró ayer el presidente del Gobierno después de que Löfven volviera a aguar la fiesta sobre las condiciones y características del Fondo de Reconstrucción, por valor de 750.000 millones de euros.

El presidente del Consejo Charles Michel presentó el pasado viernes una nueva propuesta con el objetivo de conseguir un acuerdo en la cumbre que se celebrará mañana y pasado en la capital comunitaria. El péndulo de este nuevo texto gira hacía el Norte y endurece las condiciones que deberán emprender los países más castigados, como España o Italia, para acceder al dinero europeo. A cambio, mantiene que el grueso del paquete, 500.000 millones de euros, llegará a través de transferencias a fondo perdido no reembolsables y el resto, 250.000 a través de préstamos. Pero este giro sigue sin contentar al Norte, que pide más madera. «Nos parece problemático el volumen y el equilibrio entre las transferencias y los créditos. Ahí estriban las diferencias», explicó Löfven, al que el volumen del fondo también le parece exagerado. Sobre si será posible alcanzar un acuerdo en esta cumbre o será necesaria una nueva cita el líder sueco se abona a las tesis de Merkel del «ya veremos».

La cumbre se avecina de alta tensión, ya que prácticamente no hay ningún punto de encuentro entre las dos facciones del Norte y del Sur. Y la capacidad del eje franco-alemán para tender puentes se encuentra diezmada después de que se haya demostrado la alta capacidad de movilización de los países pequeños en la ofensiva desatada contra la vicepresidenta económica española Nadia Calviño para hacerse con el timón del Eurogrupo, que supuso un aviso para España sobre lo que está por llegar.

A pesar de que la última propuesta endurece los requisitos para acceder a la ayuda, los países del Norte dejan claro que vigilarán con lupa este punto. Para que no haya dudas, Mark Rutte ha comparecido esta semana ante el Parlamento de su país para explicar con claridad qué entiende Holanda por reformas. Para Rutte no sólo será esencial que los fondos se empleen en la transición verde y digital. «La vía para mejorar la competitividad es la reforma de las pensiones y del mercado laboral», explicó un día después de su entrevista con Sánchez, en referencia a las recomendaciones que Bruselas hace de manera periódica a España y otros países europeos en este sentido.

Rutte cree que los análisis del Ejecutivo comunitario sobre las economías de los países europeos son correctos, pero desconfía del celo de Bruselas para llevar a cabo esta vigilancia e imponer medidas coercitivas. Por, eso ha acogido con júbilo la propuesta de Michel de que sean las cancillerías europeas las que den la luz verde a los planes de reformas enviados por los Estados. Pero Rutte quiere ir más allá y no se conforma con que la votación sea por mayoría cualificada sino que apuesta directamente por la unanimidad. Esto significa que un solo país tendría derecho de veto. Holanda incluso prevé que se produzca una nueva votación para avalar las transferencias periódicas de los fondos, con el objetivo de que cualquier incumplimiento suponga cortar el grifo del dinero. Un «modus operandi» muy similar al de los rescates de la pasada década, aunque en principio no vendría aparejado con la visita de los temidos hombres de negro al país.

Por su parte, Pedro Sánchez cerró ayer con un encuentro con Emmanuel Macron en Francia su minigira europea con el objetivo de tejer los mimbres que permitan un acuerdo sobre los Fondos de Recuperación. Pero el resultado de sus encuentros no ha sido del todo satisfactorio y en Moncloa son pesimistas sobre la capacidad de llegar a un consenso en la cumbre. No obstante, sí reconocen que «julio debe ser el mes del acuerdo» y aspiran a que se agende una nueva cita en las próximas semanas en la que, esta vez sí, se pacten las partidas de ayudas para España. Por ello, el Gobierno asume ya que tendrá que «ceder» en sus posiciones y acometer las reformas que se exigen desde la UE.

El dinero europeo será el pilar sobre el que se cimente la reconstrucción del país tras el envite del coronavirus. Además, esta inyección de recursos es imprescindible para el futuro diseño de los Presupuestos Generales del Estado, cuya cuenta atrás se activó el pasado martes con la firma por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la orden ministerial para su elaboración. En Moncloa reconocían que el contenido final de estas cuentas estaba vinculado a dos condicionantes externos: el montante final del fondo europeo y tener unas previsiones económicas certeras tras la crisis. La idea de Montero es presentar los Presupuestos «en tiempo y forma», esto es, que lleguen al Congreso para su tramitación en septiembre, sin embargo, esta expectativa se podría ver alterada si el acuerdo en Bruselas se complica.

Desde el Gobierno se asegura que estas cuentas serán «imprescindibles» para la recuperación del país y la reactivación de la economía y para sacarlas adelante llaman a que todos los partidos, incluido el PP, «arrimen el hombro». Para ello, en Moncloa están dispuestos a reducir el gasto público, muy tensionado ya por las inversiones hechas durante la pandemia, y a emprender una subida de impuestos ante la necesidad de ingresar más recursos. Socialistas y morados asumen que tendrán que modular su hoja de ruta progresista de la coalición para dar cabida al apoyo de otros grupos y quieren que la «clave de bóveda» de las cuentas públicas sean las conclusiones de la comisión de reconstrucción social y económica del Congreso, por entender que, si éstas generan consenso en la Cámara, unos Presupuestos que beban de ellas no deberían contar con la oposición de los partidos que las hayan apoyado previamente.