La Seguridad Social convoca a los agentes sociales para abordar la reforma de las pensiones

Los sindicatos proponen abordar la supresión del factor de sostenibilidad, suspendido hasta 2023, y el blindaje de la revalorización con el IPC. La capacidad adquisitiva de las clases pasivas, a debate

El Gobierno avanza por su cuenta en la reforma de las pensiones. Según ha reconocido el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se reunirá el próximo día 13 de octubre con la patronal y los sindicatos para abordar los principales temas en la agenda que afectan a los pensionistas y a la sostenibilidad del sistema los próximos años. La reunión entre el ministro del ramo y los agentes sociales, que no está vinculada al Pacto de Toledo, es habitual y se ha celebrado en numerosas ocasiones con distintos gobiernos.

“El Pacto de Toledo no puede sacar una resolución condicionada por la pandemia. Lo que vamos a hablar es para los próximos 10-15-20 años. No puede ser que por la situación económica de hoy, que todos pensamos que se va a superar, condicionemos el sistema de pensiones”, indicó Álvarez a RNE.

El líder sindical consideró que no se debe "partir de los datos económicos de hoy” sino reparar en cuestiones como “cuánto gasta” España en pensiones, casi el 10%, frente a Alemania, que pasa del 12%, Francia, con un 14% o Italia, con un 16%. “No podemos decir que gastamos mucho en pensiones”, defendió.

Los sindicatos se sentarán a la mesa con una clara línea roja: la vinculación por ley de la revalorización de las pensiones al IPC y el regreso a los parámetros de 2011, previos a la reforma de 2013, lo que implica la derogación de dicha reforma. En particular, los sindicatos quieren hacer desaparecer la sombra de la futura introducción del factor de sostenibilidad, cuya aplicación está suspendida hasta 2023 en los Presupuestos.

“No hay atajos para el tema de las pensiones, es decir, la media de edad de jubilación de nuestro país no está condicionado por que queramos jubilarnos antes de tiempo sino por el desempleo”, recordó Sánchez. En esta línea, ha recordado que alrededor de 635.000 trabajadores fueron obligados a jubilarse en el 2019, el 81% en unas condiciones de perdida de parte de su pensión, según recoge Europa Press.

El Pacto de Toledo avanza hacia un acuerdo

Por su parte, la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo inicia este miércoles la recta final hacia la renovación definitiva de sus recomendaciones, con el inicio de las negociaciones para acordar cambios en el borrador alcanzado en la última legislatura efectiva.

El Gobierno apremia a los distintos grupos políticos a buscar un acuerdo para acometer reformas en el sistema público de pensiones en sus próximos Presupuestos, introduciendo las primeras medidas.

Es el caso, por ejemplo, de la operación para sacar de las cuentas de la Seguridad Social los identificados como gastos impropios, que deben pasar a financiarse vía Presupuestos y que rondan los 23.000 millones, según Escrivá.

Durante estos meses, los grupos sí han planteado e introducido cambios puntuales, como para reconocer un tratamiento diferente a las prestaciones por discapacidades, o el reconocimiento a parejas de hecho o las pensiones de viudedad.

Entre las cuestiones que faltan por definir está cómo afectará la gestión de las pensiones de las clases pasivas, cuyo traspaso aprobó el Gobierno en uno de sus decretos leyes aprobados durante la emergencia de la pandemia y que, si acaban entrando en el Pacto de Toledo, se asegurará que no implique ninguna merma de derechos adquiridos.

En el caso de las penalizaciones por jubilación anticipada, también está en el aire si se plasma un mayor compromiso contra estos recortes en la pensión, ya que el borrador se queda en solicitar un estudio y la posibilidad de determinar fórmulas que distingan entre jubilaciones forzadas por la crisis o voluntarias.