Las mentiras del Gobierno sobre el IVA de las mascarillas

Al final, el Ejecutivo ha reconocido que nos engañó: al ceder y bajar el impuesto, pone de manifiesto que sus excusas eran falaces

El Gobierno de PSOE y Podemos, el mismo que quiere supervisar a la prensa para controlar la propagación de bulos, ha estado meses desinformando a la población española sobre la posibilidad de reducir el IVA de las mascarillas por debajo del actual 21%. Tres han sido los argumentos que ha utilizado el Ejecutivo durante los últimos meses para justificar su negativa.

Primero, que la reducción del IVA es ilegal dado que la legislación europea lo prohíbe. Y si bien es cierto que la legislación europea formalmente lo impide, no es menos cierto que la Comisión comunicó a los Estados miembro este pasado mes de abril que no se sintieran vinculados por la legislación comunitaria dado que se halla en proceso de enmienda. En particular, en una nota publicada el 5 de mayo (y que previamente había sido trasladada a los diferentes gobiernos nacionales), la Comisión escribía: «Con respecto a las ventas intracomunitarias de este tipo de productos sanitarios (como las mascarillas), la normativa vigente en materia de IVA no permite aplicarles un tipo reducido o eximirles del tributo. Sin embargo, la propuesta de reforma que ha efectuado la Comisión, y que se encuentra sobre la mesa del Consejo Europeo, sí permitiría modificar el IVA si finalmente fuera aprobada. Y, desde 2016, la Comisión ha optado por no iniciar ningún procedimiento sancionador contra aquellos Estados que actúen al amparo de una reforma normativa que está pendiente de aprobación por el Consejo Europeo». O dicho en otras palabras, que la Comisión Europea no sancionará a quienes rebajen el IVA de las mascarillas por debajo del tipo general aun cuando la legislación formalmente lo impida porque la propia Comisión está impulsando el cambio de esa misma legislación. El Gobierno español, pues, ha estado mintiendo a los españoles desde el mes de abril.

Más rebaja

Segundo, de acuerdo con Pablo Iglesias, Unidas Podemos votó el pasado 30 de junio en contra de la propuesta de Ciudadanos relativa a rebajar el IVA de las mascarillas hasta el 4% porque «ellos querían bajarlo mucho más». Una grotesca falsedad tal como se acaba de comprobar esta semana cuando PSOE y Podemos han anunciado que bajarán el IVA hasta el 4%, el mismo gravamen que ya propuso Ciudadanos en junio y que ellos rechazaron. Si lo hicieron no fue porque quisieran bajarlo más, sino, simplemente, porque no querían bajarlo.

Y tercero, de acuerdo con el Gobierno no resultaba factible rebajar el IVA al 4% porque en tal caso dejarían de recaudarse 1.568 millones de euros, lo que obligaría a efectuar otros ajustes más dolorosos que el del IVA de las mascarillas. Pero, de nuevo, este argumento es falaz por dos motivos. Por un lado, el Ejecutivo fundamenta sus estimaciones de recaudación en la hipótesis de que diariamente se consumen en España 50 millones de mascarillas, cifra a todas luces desorbitada. Por otro, los presupuestos contienen varias medidas mucho más prescindibles que mantener un IVA alto en las mascarillas. Por ejemplo, la subida del salario de los empleados públicos prevista para 2021 tiene un coste de 1.500 millones de euros, cifra similar al coste de revalorizar las pensiones.

Al final, el Gobierno ha reconocido por la vía de los hechos que nos engañó. Al ceder y finalmente bajar el IVA, pone de manifiesto que estas tres excusas eran falaces. Pero, al mismo tiempo, ahora pretenden reescribir la historia. La nueva narrativa del Ejecutivo es que ellos siempre quisieron recortar el IVA de las mascarillas y que lo han hecho tan pronto como obtuvieron permiso de la Comisión. Falso. Lo hicieron cuando la presión social se les volvió electoralmente insoportable.

Precios máximos
Junto a la rebaja del IVA de las mascarillas, el Ejecutivo socialista también ha decretado una disminución del precio máximo de este producto para así asegurarse de que la minoración del IVA se traslada a los consumidores. El problema es que la fijación del precio máximo podría acabar teniendo el efecto contrario. Tal como ha recordado esta semana la presidenta de la CNMC, Cani Fernández (nombrada por Pedro Sánchez), si el precio máximo no genera desabastecimiento (por ubicarse por encima del precio de mercado), termina convirtiéndose en un punto focal que facilita la coordinación cartelizadora de productores y distribuidores para no bajar el precio. En otras palabras, establecer regulatoriamente un precio máximo podría estar ahora mismo frenando el abaratamiento de los precios según la propia CNMC.
Malos presupuestos
El Center for Economic Policy & Political Economy de Esade acaba de publicar un análisis del proyecto de presupuestos para el año 2021, firmado por los economistas Toni Roldán y Ángel Martínez Jorge, en el que alcanzan conclusiones bastante negativas sobre estas cuentas de PSOE y Podemos. Primero, el cuadro macroeconómico está desfasado, de modo que vamos a crecer mucho menos de lo que prevé el Gobierno y, en consecuencia, también vamos a recaudar mucho menos. Segundo, el fuerte aumento del gasto contemplado en estos presupuestos merece una valoración desigual, pero hay algunas partidas que tienen muy difícil justificación (como la revalorización de los sueldos y las pensiones públicas), en tanto en cuanto son abiertamente regresivas y elevan innecesariamente el déficit público. Menos ingresos, más gasto y más deuda.
Multa contra Amazon
La Comisión Europea inició esta semana un procedimiento contra Amazon por practicar la competencia desleal contra aquellos vendedores externos que utilizan su plataforma (Amazon Marketplace). De acuerdo con la Comisión, Amazon explotaría la información que le proporcionan los clientes de estos vendedores externos para mejorar sus algoritmos internos sobre qué mercancías son más demandadas en cada momento (o sobre cuáles son las condiciones de venta que mejor funcionan) para así adaptarse. Es decir, que la Comisión está sancionando a Amazon por adaptarse continuamente a las necesidades de sus clientes: ofertar los productos más demandados y mantener los precios bajos. La política de defensa de la competencia está cada vez más desenfocada: en lugar de proteger al consumidor, se protege al productor ineficiente.