La Audiencia imputa a cinco ex directivos del Banco Popular por estafa a inversores

El juez considera que pudieron “conocer y consentir” una supuesta actuación fraudulenta en la financiación de la compra de acciones en la ampliación de capital de 2016

El expresidente del Banco Popular Ángel Ron está también investigado en la causa
El expresidente del Banco Popular Ángel Ron está también investigado en la causa

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar como investigados el próximo enero a cinco ex directivos del Banco Popular por delitos de estafa a inversores o falsedad contable en relación a su posible participación en la presunta financiación facilitada por la entidad a sus clientes para invertir en la ampliación de capital de 2016, en la que según el instructor se habría ocultado “el auténtico destino de la financiación a fin de evitar deducirla del capital regulatorio”.

El exdirector de Banca Minorista del Popular, Antonio Pujol González; el exjefe del área de Negocio de Clientes José Ramón Alonso; el que fuera responsable de Riesgos, Jose María Sagardoy; el exdirector de Auditoría Interna, Jesús Arellano, y la exjefa de ese departamento Yolanda García deberán comparecer en la Audiencia Nacional los próximos 12, 13, 20 y 21 de enero de 2021. Y es que Calama ve indicios de que esa supuesta conducta delictiva pudo estar orquestada por el que fuera consejero delegado Francisco Gómez, junto a dos de los ahora imputados, los entonces responsables de las áreas de Banca Minorista y Negocio de Clientes.

Según relata el juez en su resolución, estos altos directivos se reunieron el 24 y 25 de mayo de 2016 , en los días previos a la ampliación, con los directores territoriales y regionales del banco. En esas citas, continúa, se perfiló la actuación comercial que se iba a desarrollar para que los clientes invirtieran en la ampliación de capital con financiación del banco (a través de pólizas de crédito o préstamos), probablemente, según Calama, con un tipo de interés bonificado. El magistrado considera que departamentos clave de la entidad como los intervención, riesgos y auditoría “podrían conocer y consentir dicha actuación ilegal”.

A lo largo de la instrucción ya han comparecido diversos testigos que participaron en la ampliación de capital y que asegurado “de forma inequívoca” que los directivos del banco les ofrecieron sin ambages financiación para participar en dicha ampliación.

El magistrado llama la atención sobre el hecho de que en los registros contables del Banco Popular se asentaban las operaciones de activo “con un código que no reflejaba el auténtico destino de la financiación, la inversión en la ampliación de capital”, una práctica que en su opinión implicaría una “grave alteración” de la contabilidad del Banco.

“Se tomó la cautela de no poner por escrito las instrucciones dadas a la red comercial del banco para que procedieran en el sentido indicado, presuntamente con el objeto de dificultar la denuncia de dicho proceder, así como la actuación fiscalizadora del auditor externo (PwC) y del supervisor bancario (BCE)”.

Por todo ello, Calama entiende que aparte de la participación que pudieran tener en estos hechos los ya investigados Ángel Ron, ex presidente del banco, el exconsejero delegado Francisco Gómez y el que fuera director financiero de la entidad Javier Moreno, es necesario ampliar la imputación a estos cinco antiguos directivos. Todos ellos, salvo Yolanda García, aparecen expresamente citados en un informe del 2 de octubre de 2017, elaborado por dos vicesecretarios del Consejo de Administración, en el que se les atribuía su participación en la operación investigada.

Respecto a la exresponsable del departamento de Auditoría Interna, el juez explica que aunque no figura en ese informe fue citada expresamente por uno de los autores del mismo. Además, añade, por razón de su cargo es “altamente improbable que no estuviera al tanto de una práctica tan irregular como frecuente, pues abarcaba a toda la red comercial” del Banco Popular.

En el caso de García, Arellano y Sagardoy, el magistrado quiere interrogarles también sobre la presunta sobrevaloración de las tasaciones de los activos inmobiliarios y en relación a su impacto en la provisión de la cartera de créditos del banco.