Los sindicatos se movilizarán desde el 11 de febrero contra la congelación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y las reformas del sistema de pensiones que estudia el Gobierno, como avanzó en su edición del pasado 29 de diciembre LA RAZÓN. El plantón del Gobierno a los sindicatos en la última reunión prevista antes de fin de año para evaluar una mínima subida del Salario Mínimo sentó muy mal a las centrales CC OO y UGT. La Moncloa suspendió el encuentro en el que se debía abordar un alza del 0,9%, en línea con las realizadas a los empleados públicos y los pensionistas y ahora los sindicatos pasan factura. Además, las protestas servirán para presionar a la coalición socialcomunista para que deje de escudarse en las exigencias de Bruselas para no demoler la reforma laboral del PP. “Estamos hartos de que se escuden en la UE. Si hay condicionantes para negociar, que lo expliquen claramente”, ha dicho el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en la presentación del calendario de movilizaciones.

El secretario general de CC OO, Unai Sordo, ha anunciado que las concentraciones tendrán lugar ante las subdelegaciones de todas las provincias. “No vamos a renunciar a la subida del SMI, ni en enero ni en febrero ni en marzo... pese al derecho de veto que se ha otorgado a la patronal”, ha remarcado Sordo. Las centrales piden que se mantenga, al menos, la subida cosmética de apenas 9 euros sobre los 950 en los que se encuentra el SMI que defiendeUnidas Podemos.

Sobre las pensiones, los sindicatos acusan al Gobierno de “abandonar de forma intolerable los compromisos políticos para abonar teorías que solo pueden tener como objetivo dar un paso más en la destrucción del sistema de pensiones de este país”. Según el manifiesto suscrito por ambas organizaciones, los compromisos del Pacto de Toledo “han sido completamente tergiversados”. “Frente a la anunciada derogación de la reforma del 2013, se nos sorprende en los medios de comunicación con declaraciones sobre la necesidad de disminuir el gasto en pensiones y de articular cambios ampliar el periodo necesario para calcular la base reguladora de la pensión, todos dirigidos al empobrecimiento de uno de los sectores más débiles de nuestra sociedad”, denuncian. En este sentido, el líder de UGT, Pepe Álvarez, ha explicado que el punto de partida de las pensiones es la vuelta a la situación de 2011.

Confrontación

El ala «moderada» del Gobierno, encabezada por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, considera que no es el momento de tensionar a las empresas con una subida adicional del SMI y sí de hacer un guiño a las patronales. Gesto que, además, sería bien acogido en la capital comunitaria.

Una eventual subida para 2021 supondría un incremento acumulado de más del 52,6 % en cinco años. De hecho, entre 2016 y 2020 el SMI en España ha registrado un incremento acumulado –ajustado por paridad de poder adquisitivo– del 43,1%, lo que sitúa a España como el tercer país de Europa con mayor alza, tras Rumanía (65,5%) y Lituania (49,6%), según un informe presentado ayer por la patronal de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme) y la agencia de empleo Ransdstad.

El estudio señala las consecuencias que tendría para la economía española elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros (5,3% más) y en particular sus perniciosos efectos sobre el maltrecho mercado laboral. En este sentido, un alza como la planteada inicialmente a 1.000 euros tendría un impacto muy nocivo sobre el empleo, ya que se destruirían o dejarían de crear entre 85.000 y 135.000 puestos de trabajo en los dos próximos años.

El documento elaborado por Cepyme y Randstad Research, detalla que la mayor parte de este impacto de pérdida de empleo en España, hasta un 52%, se concentraría en los sectores de hostelería y comercio, los más dañados por la actual crisis económica provocada por la pandemia de la Covid-19.

Además, recuerda que las consecuencias de este incremento incidirán especialmente en los jóvenes y en los trabajadores con menor cualificación, también los más castigados en los últimos meses por los cierres y restricciones, «para los que será más difícil encontrar empleo o conservar el que tienen».

Los empresarios recuerdan que esta subida del SMI se plantea en un momento «muy complicado para la economía española y en una situación extremadamente crítica para muchas empresas», especialmente pymes. «El año 2020 puede cerrar con una pérdida de más de un millón de empleos, entre la caída de la afiliación y los empleos que aún están en ERTE».