Expulsados de la banca

Un grupo que empieza a ser numeroso de expolíticos y exaltos cargos está en trámite de crear una asociación para pedir que se legisle en favor de los derechos de los denominados PEPs (Personas Expuestas Políticamente), y que por decisiones unilaterales de ciertos bancos (no todos, al parecer, por fortuna), están siendo privados de sus derechos constitucionales al impedírseles tener una cuenta corriente. En los tiempos que corren, con una tendencia cada día mayor a la desaparición del dinero en efectivo, no se puede vivir sin una cuenta corriente y una tarjeta de débito, eso es algo evidente. Diríase que se trata casi de un derecho universal de cualquier individuo, que debería estar protegido por la legislación general básica. El problema es que ciertas entidades financieras, empujadas por sus departamentos de compliance, toman decisiones arbitrarias sobre ciudadanos que, habiendo pertenecido al ámbito de la política o las administraciones públicas, han tenido la desgracia de verse inmersos en procedimientos que en muchas ocasiones incluso fueron archivados.

Digamos que el banco se adelanta a las sentencias de los tribunales y toma la decisión, por su cuenta y riesgo, de expulsar a algunas de esas personas de su entidad, obligándolas a una situación de marginalidad financiera total, cuando no a realizar transacciones al margen de la ley, dentro de lo que se suele denominar «economía paralela».

Ciertamente no es un tema menor, pues afecta a decenas de expolíticos y exaltos cargos, aunque con efecto multiplicador en miles de personas, dado que también sus familiares sufren las consecuencias de esa situación anormal, que debería ser corregida.