Los difusos planes del Gobierno a la UE: sin detalles de la reforma laboral y de pensiones y ni rastro del control de alquileres

El Gobierno envía los documentos para obtener el rescate pero sin concretar los temas más polémicos al estar en negociaciones con los agentes sociales. Ábalos se impone y aparca la intervención de los alquileres que le exige Podemos

La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la inauguración de la IV edición del foro de Ametic 'Artificial Intelligence Summit 2021' del AMETIC
La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la inauguración de la IV edición del foro de Ametic 'Artificial Intelligence Summit 2021' del AMETIC FOTO: AMETIC AMETIC

La vicepresidenta económica del Ejecutivo, Nadia Calviño, remitió esta tarde a Bruselas los planes de Estabilidad para el período 2021-2024, en el que se modifican las previsiones de déficit y de deuda, así como se adjunta el nuevo cuadro macroeconómico, el de Recuperación, que se está subiendo a una plataforma creada a tal efecto, y el Nacional de Reformas, en las que se enumera las reformas estructurales que acometerá el Gobierno de manera difusa y genérica, sin aportar nada nuevo más allá de lo que ya había trascendido a lo largo de 113 páginas. Precisamente, de la mano de estos cambios el Gabinete de Sánchez confía en que le abran la puerta para la llegada de los 70.000 millones de los fondos europeos. En concreto, el Ejecutivo aclara a Bruselas que en las reformas del mercado de trabajo y del sistema público de pensiones está pendiente de alcanzar un consenso tanto con las organizaciones sindicales como las empresariales. “Con el fin de garantizar la estabilidad en el tiempo de las reformas, todos estos elementos se tratarán en el marco del diálogo social, que reúne al Gobierno y a los principales agentes sociales, con el fin de llegar a soluciones equilibradas que permitan afrontar los desequilibrios existentes sin generar rechazo social y efectos secundarios indeseados”, especifica en el Plan Nacional de Reformas.

Mientras, en la reforma del mercado inmobiliario no menciona el control del precio de los alquileres, tal y como exigía Podemos. De esta manera, se decanta por las tesis defendida por su ministro de Transportes, José Luis Ábalos. El plan destaca los 1.000 millones de euros que se destinarán “para recuperar un parque público de vivienda social para alquiler, tras una década de reducción y privatización”.

En la reforma del mercado de trabajo cita su apuesta por reducir a tres los tipos de contratos (estable para el conjunto de las actividades, temporal para las que tengan esa naturaleza y uno de formación o prácticas para la inserción, en particular, en el mercado laboral). Además, se muestra partidario de introducir nuevos instrumentos de flexibilidad interna alternativos al despido y la alta temporalidad, mediante dos mecanismos: uno de ajuste del tiempo de trabajo ante caídas de la demanda cíclicas o extraordinarias y otro de acompañamiento de procesos estructurales de transición en sectores en reconversión.

El Ejecutivo defiende en su Plan Nacional de Reformas “la garantía de un trabajo digno mediante una regulación adecuada del teletrabajo, los repartidores de plataformas digitales y las subcontratas, así como la modernización de los mecanismos de negociación colectiva. Una modernización de los sistemas de casación (matching) de oferta y demanda, de las bonificaciones y las políticas activas de empleo, que renueve la digitalización de los sistemas de gestión para poder aplicar la inteligencia artificial para casar oferta y demanda y garantizar un itinerario personalizado de formación, reciclaje y empleabilidad para los trabajadores”.

Mientras, en la reforma del sistema público de pensiones recuerda a Bruselas que ha pactado con los agentes sociales la revalorizaciones de las nóminas de los pensionistas en función del IPC, así como apuesta por converger la edad efectiva de jubilación con la legal, por la “adecuación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión a las nuevas carreras profesionales, contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora”, derogar el Factor de Sostenibilidad de la reforma de 2013 y sustituirlo por otro mecanismo, un “incremento gradual” de la base máxima de cotización “acompasada de una adaptación de la pensión máxima”, o el impulso de los sistemas complementarios, entre otras medidas.

El Gobierno prevé a partir de 2022 “un incremento retributivo de los empleados públicos y de las pensiones en línea con la evolución de los precios”. Así consta en la actualización del Programa de Estabilidad para el periodo 2021-2024. El salario de los empleados públicos y las pensiones con carácter general se elevaron este año un 0,9%, en línea con la estimación de la evolución de los precios manejada por el Ejecutivo. El Ejecutivo, tal y como ha reiterado en diversas ocasiones, asegura que a partir de 2022 finalizarán todas las medidas adoptadas por la Covid-19, como las prestaciones por cese de actividad para autónomos, las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y las prestaciones por incapacidad temporal por Covid.

En la reforma fiscal se muestra partidario de acometer en profundidad un análisis de todas las figuras tributarias y retocar algunas de manera que impacten en la recaudación impositiva. Aunque también en este punto advierte de que previamente negociará con los sectores implicados. En su Plan Nacional de Reformas dedica un extenso capítulo a detallar todas las reuniones que ha mantenido hasta la fecha con los diferentes sectores para abordar las más de cien reformas que pretenden.