El déficit del Estado se duplica según arranca el año

La pandemia, como no podía ser de otra manera, se ha dejado sentir en este inicio de año. Así lo demuestran todos los indicadores publicados hoy tanto por el Instituto Nacional de Estadística como por el Ministerio de Hacienda. De hecho, según los datos de ejecución presupuestaria publicados por el Departamento de Montero, hasta marzo el Estado ha registrado un déficit equivalente al 0,92% del PIB, frente al 0,49% registrado en el primer trimestre de 2020. Este resultado se debe a un descenso de los ingresos no financieros del 4,2%, frente al incremento de los gastos, que crecen un 6,8%. Hacienda achaca esta negativa evolución nada más arrancar el año a la pandemia y a a la reversión al Estado en febrero pasado de dos tramos de las autopistas de peaje AP-7 y AP-4 al finalizar sus contratos de concesión.

En este contexto, los recursos no financieros, que ascienden a 45.435 millones, han descendido un 4,2% respecto al mismo periodo de 2020. Los impuestos alcanzan los 38.960 millones, con un aumento de 14 millones respecto al primer trimestre de 2020. Esta evolución se debe al efecto sobre los ingresos por IRPF en el Estado de los distintos calendarios de entregas a cuenta en ambos ejercicios. Los impuestos sobre la producción y las importaciones descienden un 2,2%, caída que se compensa por el aumento de los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecen un 5,4%. También por los impuestos sobre el capital, que aumentan un 35%, aunque se tratan de datos poco significativos al tratarse solo del inicio del año.

Los ingresos de las cotizaciones sociales han ascendido a 1.571 millones, prácticamente los mismos que el año anterior. Las rentas de la propiedad caen un 10,9% respecto a 2020, como consecuencia del menor ingreso a cuenta de los dividendos del Banco de España y del descenso de los ingresos por intereses. Los ingresos procedentes de la venta de bienes y servicios suben un 17,9%, al pasar de 358 millones en 2020 a 422 millones en 2021. Esta evolución se debe, entre otras causas, a los ingresos por comisiones de avales en 2021 correspondientes al ICO por importe de 94 millones. Los otros recursos no financieros, con 3.193 millones, disminuyen un 4,8%, descontada en 2020 la reversión mencionada. las transferencias recibidas de otras administraciones públicas disminuyen un 3,5%, hasta los 2.582 millones.

En los tres primeros meses del año los empleos no financieros del Estado se han situado en 56.547 millones, cifra superior en un 6,8% a la registrada en 2020. Esta evolución se debe, fundamentalmente, al aumento del 16% de las transferencias al resto de las administraciones públicas, con un total de 34.365 millones, cifra que equivale al 60,8% del gasto del Estado en el primer trimestre del año y al 2,84% del PIB. Las de mayor relevancia se refieren a las transferencias a las comunidades, con un total de 20.995 millones y un avance del 5,5% (1.087 millones, de los que 354 millones corresponden al adelanto del 100% de la anualidad de las subvenciones al Plan estatal de vivienda). Por el sistema de financiación se han transferido 19.051 millones, un 2,9% más que el primer trimestre de 2020.

A los fondos de la Seguridad Social se han destinado 6.946 millones, lo que suponen 3.225 millones más que el año anterior. De esa cifra, 1.587 millones se han transferido al SEPE y 1.667 millones al Sistema de Seguridad Social, incluyendo 754 millones para financiar la prestación del ingreso mínimo vital; 557 millones para la prestación contributiva de nacimiento y cuidado del menor, y 356 millones las reducciones en la cotización a la Seguridad Social.

El Estado, peor

Hasta febrero de 2021, el déficit conjunto de la administración central, los fondos de la Seguridad Social y la administración regional, excluida la ayuda financiera, ha sido de 18.231 millones, equivalente al 1,51% del PIB. Si se incluye en ambos periodos, el saldo negativo de la ayuda a las instituciones financieras (29 millones en 2020 y 18 millones en 2021), el déficit se mantiene en el 1,51% del PIB. En este escenario, el déficit de la administración central se sitúa en 16.206 millones a finales de febrero de 2021, el 1,34% del PIB, frente al 1,05% del PIB registrado en el mismo periodo de 2020.

La administración regional registra un déficit en febrero de 2021 hasta los 1.412 millones, lo que equivale al 0,12% del PIB. Este resultado obedece a un incremento de los gastos del 6,1%, frente a los ingresos que crecen un 3,6%. Entre los ingresos destacan los impuestos sobre la producción y las importaciones, que caen un 4,3% hasta los 2.102 millones. Por su parte, los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio crecen un 6,5% hasta los 8.041 millones. La recaudación, por su parte, de impuestos sobre el capital también crecen hasta alcanzar los 492 millones, lo que implica 170 millones más que en febrero de 2020. Las transferencias entre administraciones públicas siguen la tendencia al alza de las anteriores rúbricas, subiendo un 5,2% hasta los 15.874 millones, provocado por las mayores transferencias recibidas por el Estado, que representan el 56,11% de los recursos del sector.

Entre los gastos, la remuneración de asalariados crece un 9,7% y los consumos intermedios se elevan un 7,7% hasta situarse en 13.489 millones y 5.305 millones, respectivamente. Las subvenciones ascienden hasta los 368 millones, 46 millones más que en 2020. Las transferencias sociales en especie descienden hasta los 569 millones. Por último, la inversión disminuye un 1,2% respecto a 2020, alcanzando los 1.924 millones.

En equilibrio

Hay seis Comunidades Autónomas con superávit o equilibrio. Se trata de Asturias, Cataluña, Galicia, Navarra, La Rioja y País Vasco. De acuerdo con la información transmitida por las Comunidades Autónomas, 1.343 millones corresponden hasta febrero a gasto sociosanitario derivado de la Covid-19. Mientras, los fondos de la Seguridad Social hasta febrero de 2021 registran un déficit de 613 millones. En términos de PIB el déficit de la Seguridad Social asciende al 0,05%. Este resultado es consecuencia del aumento del gasto en un 12,6%, frente al incremento de los ingresos un 7,2%. En este contexto, el sistema de Seguridad Social registra hasta febrero un déficit de 32 millones. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha obtenido un déficit de 575 millones, el 0,05% del PIB. El Fogasa presenta un déficit de 6 millones, mientras que en 2020 obtuvo un superávit de 42 millones. El gasto consolidado de los Fondos de la Seguridad Social asociado a la Covid-19, de acuerdo con la información disponible hasta la fecha, se sitúa en 2.342 millones