Los embargos de vivienda habitual se disparan un 253% y alcanzan su cota más alta en cuatro años

Cada vez son más las familias con problemas para abonar la cuota mensual de su hipoteca. A pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno para amortiguar los efectos de la crisis económica provocada por el coronavirus, las ejecuciones hipotecarias -embargos- iniciadas en los registros de viviendas habituales se dispararon durante el segundo trimestre del año un 253,2%, hasta las 3.243, la cifra más alta de los últimos cuatro años, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En total, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentraron el 60,4% del total de los embargos durante el periodo y el 33,2% del total son viviendas habituales de personas físicas.

“Las personas están pasando dificultades para afrontar el pago de las hipotecas”, ha señalado esta misma semana en un comunicado Ignasi Vives, abogado del despacho Sanahuja Miranda. “La onda expansiva de la Covid-19 va aumentando su radio mes a mes y las ejecuciones hipotecarias de viviendas habituales están subiendo con fuerza”, explica Vives.

Un procedimiento de ejecución hipotecaria no tiene que acabar necesariamente en un desahucio. “Mediante una ejecución hipotecaria, se ordena la venta de un bien inmueble gravado con una hipoteca por morosidad del deudor”, explica el abogado. Vives aclara que el mecanismo es “un paso que ejerce el prestamista para reclamar la propiedad”, acción que puede acabar en un acuerdo entre las partes para ponerse al corriente de pagos o dar la casa en dación de pago -dar el inmueble como pago de la deuda- o, de no darse estas situaciones, acabar en desahucio.

Prórrogas y temor

Si bien el experto considera que no son términos iguales, estos datos “pueden ser un indicador de un futuro aumento de los desahucios”, a pesar de que actualmente los desahucios están “paralizados si se acreditan especiales condiciones de vulnerabilidad como consecuencia de la Covid-19”. El Gobierno acordó a finales de julio prorrogar hasta del 31 de octubre la suspensión de los desahucios para las familias vulnerables sin alternativa habitacional. La medida quedará también recogida en la futura Ley de Vivienda que negocian ahora PSOE y Podemos. De hecho, y dado que en esta cuestión sí hay acuerdo, su intención era desgajarla de la negociación de esta norma y plasmarla en un decreto-ley permanentehasta que las conversaciones sobre la Ley de Vivienda, que están resultando muy tortuosas, fructifiquen. Pero finalmente, el Ejecutivo optó por otra prórroga temporal de la suspensión.

Esta acumulación de suspensiones hace temer a algunos que en los próximos meses, cuando se recupere la normalidad, se vaya a producir una avalancha de desahucios. Entre 2013 y 2019, en España se realizaron una media de 36.210 desahucios por impago del alquiler anuales, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, el pasado ejercicio, tras la aprobación del Real Decreto Ley 11/2020 y los demás Reales Decretos que se han venido sucediendo para suspender los desahucios de los colectivos más vulnerables, la cantidad cayó hasta los 21.141, más de 15.000 por debajo del ejercicio anterior a la pandemia. La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) calcula que si a los datos de 2020 se le suman ahora los primeros seis meses de 2021, habría que añadir otros 35.000 procesos de desahucio paralizados por el estado de alarma, más los que se generen en los tres meses de prórroga de las medidas antidesahucios que va a aprobar el Gobierno. «Hay un hecho muy grave y sin precedentes en nuestro sistema jurídico, y es que, con estas medidas de prórroga tras prórroga, el Gobierno intenta evitar lo inevitable, y es que una vez finalice esta nueva prórroga de tres meses, más de 50.000 procedimientos de desahucio estarán esperando para colapsar los juzgados en toda España», comenta José Ramón Zurdo, director general de la ANA.