Amenaza de colapso de los juzgados con 50.000 desahucios

El pasado miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció por sorpresa la prórroga de la suspensión de los desahucios de personas vulnerables que no tengan otro lugar en el que vivir. De esta forma, la medida, que finalizaba en enero, va a estar vigente hasta el 9 de mayo de 2021, cuando finalice el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus. La excepción, que podrá aplicarse tanto si se deja de pagar el alquiler como si se acaba el contrato, ha caído como un jarro de agua fría en el sector y puede convertirse en una bomba de relojería para los juzgados españoles, ya de por sí saturados.

Entre 2013 y 2019, en España se realizaron una media de 36.210 desahucios por impago del alquiler anuales, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, el pasado ejercicio, tras la aprobación del Real Decreto Ley 11/2020 y los demás Reales Decretos que se han venido sucediendo para suspender los desahucios de los colectivos más vulnerables, la cantidad cayó hasta los 21.141, más de 15.000 por debajo del ejercicio anterior a la pandemia. La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) calcula que si a los datos de 2020 se le suman ahora los primeros seis meses de 2021, habría que añadir otros 35.000 procesos de desahucio paralizados por el estado de alarma, más los que se generen en los tres meses de prórroga de las medidas antidesahucios que va a aprobar el Gobierno. «Hay un hecho muy grave y sin precedentes en nuestro sistema jurídico, y es que, con estas medidas de prórroga tras prórroga, el Gobierno intenta evitar lo inevitable, y es que una vez finalice esta nueva prórroga de tres meses, más de 50.000 procedimientos de desahucio estarán esperando para colapsar los juzgados en toda España», comenta José Ramón Zurdo, director general de la ANA.

Junto a la amenaza de colapso judicial, en el sector también ha causado profundo malestar que los Reales Decretos de paralización de los desahucios que se acaban de prorrogar, tanto el Real Decreto 37/2020 como el Real Decreto 1/2021 que lo modifica, incluyen medidas que, a su juicio, fomentan la ocupación ilegal de viviendas. La segunda norma exige desde enero «violencia e intimidación» para poder desalojar a los okupas durante el estado de alarma, mientras que antes bastaba con que fuera consecuencia de un delito. Para la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), decretos con este generan «un efecto llamada que afecta tanto a grandes como a pequeños propietarios, comunidades de vecinos, barrios y a la sociedad en general. También nos convierte en una anomalía dentro de la Unión Europea, lo que daña nuestra imagen exterior como país», según Asval.

En la asociación también ha causado malestar el hecho de que el Gobierno justificase que este tipo de medidas eran excepcionales con motivo del Estado de alarma y que ahora se prorroguen más allá de éste «sin ningún tipo de iniciativa que proteja a los propietarios». En este sentido, Asval ha asegurado que aún no se conoce el real decreto que debe regular las compensaciones a grandes tenedores tras la paralización de lanzamientos, a pesar de haberse superado el plazo de tres meses desde la aprobación del Real Decreto 37/2020 que paralizaba los desahucios sin alternativa habitacional.

El paquete de medidas aprobadas por el Gobierno también extiende por tres meses más la posibilidad de prorrogar por seis meses más los contratos de alquiler en los mismos términos y condiciones que cuando entró en vigor. La medida, a juicio de Asval, genera «mucha incertidumbre y desconcierto, sobre todo entre pequeños propietarios, que ven cómo el Gobierno aprueba medidas que protegen a los inquilinos, pero no a los arrendadores», según asegura la asociación.