IFM baraja reducir su OPA a Naturgy al 17% del accionariado tras el «no» de los accionistas mayoritarios

La opa de IFM sobre el 22,7% de Naturgy afronta el capítulo final entre las dudas del mercado por el recorte impuesto por el Gobierno a los beneficios de las compañías eléctricas y por la negativa del Consejo de Gobierno y de los accionistas mayoritarios de acudir a la oferta presentada por el fondo australiano, tras presentar su informe a la CNMV. En sus conclusiones, el Consejo consideró «razonable, desde un punto de vista exclusivamente financiero», el precio de 22,07 euros por acción ofertado, si bien confirmó que ninguno de los miembros del máximo órgano de la empresa ni los socios de referencia acudirán a la opa. Tampoco lo harán los altos directivos, que no se desprenderán de los títulos en autocartera.

Ahora, IFM debe enfrentarse al reto de intentar convencer a los accionistas institucionales, que suman un 21% del capital, y a los minoritarios, que suponen un 7,6%, para lograr sus objetivos, en un momento en que las acciones de la energética cotizan en torno a los 21 euros, aunque con perspectivas inciertas tras la turbulenta semana marcada por el anuncio gubernamental, frente a los 22,07 euros por título ofrecidos por IFM, que lejos de enfriar su oferta, recibió «con satisfacción» el informe del consejo. Así, ha vuelto a reiterar que el precio de 22,07 euros por acción en efectivo –unos 4.856 millones de euros– no es solo «razonable» –como opina el Consejo–, sino que es «atractivo» y representa «una oportunidad» para los accionistas, a los que recuerda que el periodo de aceptación sigue en marcha y finaliza el 8 de octubre. Por tanto, se da de plazo estos 18 días para lograr dar marcha atrás a la negativa del Consejo a secundar la OPA.

Desde el viernes, el fondo continúa revisando «cuidadosamente» el informe en detalle, pero ha querido dejar claro que «mantiene su compromiso» de apoyar los principios estratégicos presentados al mercado por la compañía en el Plan Estratégico 2021-2025, incluyendo convertir a Naturgy en «un actor clave en la transición energética».

Pero este futuro a corto plazo está marcado a fuego por el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes para contener el recibo de la luz. Tras anunciar que confiscaría los 2.600 millones de euros de beneficios extraordinarios de las eléctricas y que diferiría el pago de los recibos del gas, el golpe en bolsa ha sido descomunal. Endesa acumuló un desplome semanal del 11%, por un 8,8% de Iberdrola. Para Naturgy, el golpe apenas fue del 1,8% en su cotización, precisamente porque los inversores mantienen su confianza en que la oferta del fondo australiano siga adelante.

IFM se había puesto como objetivo alcanzar el 22,7% de Naturgy, pero la negativa de los accionistas mayoritarios a ceder le ha llevado a replantearse un cambio de estrategia. Fuentes cercanas a las negociaciones han explicado a LA RAZÓN que el fondo australiano estaría dispuesto a reducir su participación al 17% del accionariado y llevarlo a cabo en dos fases. En una primera intentaría alcanzar entre un 8% y un 10%, si logra el visto bueno de los bancos, para posteriormente ir elevando su participación en una segunda operación.

Ahora mismo, tanto el inversionista Rioja, integrado por CVC y la familia March, con un 20,7% del accionariado, como el fondo GIP, con un 20,6%, ya han confirmado que no aceptarán la oferta, mientras que Criteria, el holding de participadas de La Caixa, ha tomado finalmente la misma postura tras armarse en el mercado durante los últimos meses hasta alcanzar el 26%, por debajo del 30% que le obligaría precisamente a lanzar su propia OPA. Por eso el pasado mes de julio dejó de comprar títulos en el mercado y se plantó en ese porcentaje. La gasista argelina Sonatrach, con el 4,1%, se ha alineado con el Consejo. Por tanto, a IFM solo le quedaría la opción de convencer al 21% de los accionistas institucionales –los que proceden de la matriz original de la compañía– y a se 7,6% que aportan los minoritarios.

Los accionistas se enfrentan durante estos 18 días a una decisión que marcará el futuro de la compañía, a corto y a largo plazo. En el primer caso, si finalmente no se completa la operación –que hasta ahora ha sostenido a la energética en el parqué pese al plan intervencionista del Gobierno–, el desplome de sus acciones podría –o no– seguir el mismo camino que sus homólogas eléctricas. Ya advirtió Naturgy el viernes en su comunicación a la CNMV que habrá que tener en cuenta el plan del Gobierno. «Estamos analizando los efectos y potenciales impactos económicos, contables y de otra índole de dichas medidas», aunque también reconoció que en este momento no es posible dimensionar el impacto sobre el negocio. «Todo ello podría afectar al cumplimiento efectivo del Plan estratégico 2021-25 aprobado», aseguraba el documento.

Por otra parte, Naturgy también señalaba que el real decreto ley está sujeto a «una tramitación normativa» que debería afectar a su alcance real, y que su validez podría acabar siendo decidida por los tribunales.