Ángel de la Fuente: «Soy bastante pesimista sobre la sostenibilidad de las pensiones»

Ángel de la Fuente, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pennsylvania (EE UU), y desde 2014 Director Ejecutivo de FEDEA, piensa que no es momento de subir el SMI ni de derogar la reforma laboral.

– El Gobierno ha dicho que no existe un problema de sostenibilidad de las pensiones, ¿cuál es su diagnóstico sobre nuestro sistema de pensiones y su salud financiera?

–Yo soy bastante más pesimista, por desgracia. Nuestro sistema público paga pensiones más generosas de lo que se puede financiar con los sueldos y cotizaciones actuales y con nuestra estructura demográfica. Eso ya ha generado un déficit estructural importante que aumentará muy significativamente durante las próximas décadas si no se hace nada.

–El Gobierno del PP eliminó la indexación de las pensiones al IPC, algo que el Gabinete de Sánchez ha recuperado. ¿Le parece un error?

–Lo deseable es que las pensiones estén ligadas al IPC para que la inflación no vaya erosionando el poder adquisitivo de los pensionistas, pero esa política solo se puede mantener a largo plazo si el nivel de las pensiones es sostenible y, como acabo de decir, este no es el caso en España. Por tanto, hay que ajustar por algún sitio y parece razonable que el sacrificio necesario se reparta entre (casi) todos, incluyendo a la población ya jubilada con la excepción de la que cobra las prestaciones más bajas. En este contexto, la reforma de 2013 que introdujo el PP iba en la dirección correcta, pero era demasiado extrema, y eso la hacía cuestionable en términos de equidad y políticamente insostenible, hasta el punto de que el propio Gobierno del PP volvió de facto a la indexación en cuanto la inflación asomó la cabeza. Ahora el Gobierno del PSOE recupera la indexación total y automática, lo que puede agravar los problemas de sostenibilidad. En vez de ir dando bandazos de un extremo al otro, habría que buscar una vía intermedia, indexando al 100% las pensiones mínimas, pero solo parcialmente las demás, e introduciendo también un tope razonable a la pérdida de poder adquisitivo que se puede llegar a acumular.

–El Gobierno deberá tener lista antes de que acabe el año la reforma de las pensiones. Una de las iniciativas que encara más escollos es la de la equidad intergeneracional, en sustitución del llamado factor de sostenibilidad que aprobó el PP. ¿Cómo debería ser en su opinión esta reforma?

–El factor de sostenibilidad fue el segundo mecanismo que se introdujo en la reforma del 2013 para controlar el crecimiento del gasto en pensiones con el fin de asegurar la sostenibilidad del sistema. La idea era ir reduciendo la pensión inicial (en relación a los salarios, no necesariamente en términos absolutos) según va aumentando la esperanza de vida media en el momento de la jubilación. Para que el nuevo factor de ajuste contribuya a la sostenibilidad y a la equidad generacional, limitando la carga fiscal sobre los jóvenes, tendrá que hacer lo mismo que el que se acaba de suprimir, esto es, reducir (otras cosas iguales) las pensiones iniciales de las nuevas cohortes de jubilados. Este ajuste podría ligarse al peso relativo de la población activa y jubilada (la llamada tasa de dependencia) en vez de a la esperanza de vida, pero el efecto sería similar.

–Otras de las reformas que deberá tener aprobada el Gobierno es la laboral, una reforma que contempla restringir la temporalidad y la flexibilidad y que no cuenta con el respaldo de la CEOE...

–Restringir la flexibilidad es mala idea. De ahí vienen los problemas de nuestro mercado laboral, que lleva décadas con tasas de paro que doblan las de los países de nuestro entorno. Reducir la temporalidad, sin embargo, sería muy buena cosa, pero no se puede hacer directamente por decreto. Habría que reducir la asimetría que ahora existe entre los trabajadores con contratos indefinidos y temporales, tanto en términos de costes de despido como de protección judicial, para que no siempre se despida a los mismos. Creo que derogar el núcleo de la reforma de 2013 sería ir en la dirección equivocada, aunque ciertamente hay cosas que se pueden limar para buscar un mayor equilibrio en la negociación entre empresarios y trabajadores.

–España padece uno de los paros juveniles más altos de Europa, ¿cuál es nuestro problema?

–Tengo la impresión de que lo que tenemos es un problema general de paro elevado, más que un problema específico con los jóvenes. En casi todos los sitios, el paro juvenil es mucho más elevado que el de la población adulta. Eso no quiere decir que el tema no deba preocuparnos.

– ¿Cree que con casi cuatro millones de parados es momento de subir el SMI?

–Lo que más me preocupa de la subida del SMI es que ha sido muy rápida. En pocos años ha subido en torno al 40% y eso puede generar problemas. Por un lado, me cuesta creer que esto no haya tenido un efecto negativo sobre la creación de empleo, lo que habría que tener en cuenta. Y por otro, los que pagan el salario mínimo suelen ser autónomos y pequeños empresarios que tampoco tienen rentas muy elevadas. La subida de este año será más moderada, pero viene detrás de otras muy grandes y llega en un momento complicado para microempresas y autónomos, muchos de los cuales todavía están luchando por sobrevivir a la crisis de la COVID.

–¿Madrid practica «dumping fiscal», como se ha llegado a decir?

–No. La idea de que la capitalidad le da a la Comunidad de Madrid un colchón extra de recursos que le permite bajar impuestos sin dolor es incorrecta. Es verdad que Madrid es una comunidad relativamente rica, que algo tiene que ver con ello la capitalidad, y que en cualquier caso su elevado nivel de renta se traduce en unos ingresos tributarios elevados. Pero ese «excedente» no se queda en la Comunidad de Madrid. El sistema de financiación se lo lleva, como debe ser, a territorios de menor renta y, al final, Madrid se queda en la media en términos de financiación por habitante ajustado –medida a igual esfuerzo fiscal, esto es, antes de reducir sus tipos impositivos.

–¿Qué le parece el anuncio de Isabel Díaz Ayuso de que eliminará los impuestos propios?

–Bien, aunque es más un gesto simbólico que otra cosa. Madrid casi no tenía impuestos propios, que en cualquier caso tienen un peso muy reducido en casi todas las autonomías. Renunciar a impuestos digamos exóticos que apenas recaudan no me parece una mala política, aunque podría haber alguna excepción, como el canon de saneamiento de aguas que tienen algunas autonomías, que también se considera un impuesto propio.

– Sánchez ha dicho que detraerá beneficios extra de las eléctricas para bajar la factura de la luz y gas a los ciudadanos, ¿qué le parecen a usted estas medidas?

–Me parece bien que se intente mitigar los efectos de la subida de los precios del gas y de los derechos de emisión sobre los consumidores, especialmente los de menor renta, pero no estoy seguro de que la respuesta esté bien diseñada. En buena parte, los supuestos beneficios sobrevenidos que se pretende extraer no se han materializado porque las generadoras han vendido por adelantado mucha de su producción a precios por debajo de los precios «spot» que se toman como base para el cálculo. Esa energía la han comprado los grandes consumidores y las comercializadoras, que gracias a eso pueden permitirse no subir los precios a muchos pequeños consumidores en el mercado libre. Por tanto, lo que quiere hacer el Gobierno –trasladar esos beneficios a los consumidores– ya lo están haciendo en parte los mercados, y eso debería tenerse en cuenta.

–En las conversaciones sobre Presupuestos que se están abordando, Podemos quiere que se apruebe la ley de vivienda que limita los precios al alquiler, ¿qué opina sobre intervenir este mercado?

–Que es mala idea porque termina agravando los problemas de escasez de vivienda en vez de aliviarlos. Ya lo probamos durante mucho tiempo con el régimen anterior y deberíamos haber aprendido que no funciona.

–¿Hasta cuándo deberían alargarse los ERTES?

–Creo que solo convendría prologarlos en el caso de los sectores más directamente afectados, como el turístico. Si no se quitan ya, para el resto habría que establecer un patrón de reducción rápida de las bonificaciones.

–Pymes y autónomos se quejan de que no les están llegando las ayudas de los fondos europeos, ¿qué se está haciendo mal?

–Lo que no está llegando, o no a todos los sitios a los que debería, son las llamadas ayudas directas. Eso se diseñó muy mal, poniendo condiciones que no tenían mucho sentido e implicando innecesariamente a las CCAA en la gestión. Parece ser que eso se quiere arreglar ahora modificando el decreto original. Me alegro y espero que funcione. En cuanto a los fondos europeos del Plan de Recuperación, diría que todavía es pronto porque muchas cosas todavía no han arrancado o lo están haciendo ahora. En cualquier caso, esos fondos tienen que servir para dinamizar y modernizar el conjunto de la economía española, y por lo tanto han de utilizarse con criterios de eficiencia que posiblemente no lleven a primar a pequeñas empresas y autónomos.

–¿Cuáles los principales retos a corto y medio plazo que afronta España?

–En lo económico, consolidar la recuperación de la crisis y sentar las bases para un crecimiento robusto y sostenido que aproveche las oportunidades que traen las nuevas tecnologías, repartir bien ese crecimiento, asegurar la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas y del estado del bienestar ante una situación demográfica complicada, hacer bien la transición energética…. Tenemos un montón de deberes pendientes, algunos muy complicados. Y para poder hacerlos bien, necesitaríamos un clima político menos crispado y polarizado. Tenemos que recuperar la capacidad de forjar amplios consensos para hacer frente a los grandes retos que afrontamos.