El bono vivienda de Sánchez será al final para el propietario

Una de las medidas estrella de los próximos presupuestos PSOE-Podemos es el bono vivienda por el cual se pretende ayudar a los más jóvenes a pagar el alquiler. Más en particular, los jóvenes entre 18 y 35 años, con rentas inferiores a 23.725 euros, podrán aspirar a recibir una asignación de 250 euros mensuales como subsidio para hacer frente al pago de la vivienda arrendada.

En principio, la idea podría parecer que no es calamitosa: en España, los jóvenes lo tienen muy complicado para emanciparse y arrancar con una vida independiente. Por tanto, ayudarles a que puedan salir de casa y empezar con su propia vida transmite la imagen de política social razonable, sobre todo desde una perspectiva socialdemócrata. Pero las políticas públicas, dentro de una perspectiva socialdemócrata, no deberían juzgarse por sus intenciones sino por sus consecuencias. Y, en este caso, ya sabemos que las consecuencias van a ser muy distintas de las pretendidas.

Del mismo modo que, cuando se aprueba un nuevo impuesto, éste no termina siendo pagado por el contribuyente sobre el que el BOE fija la obligación de pago sino por aquel agente que acaba sufriendo el perjuicio económico del mismo, la creación de una subvención no termina llegando a aquel beneficiario a quien la ley desea asignársela, sino a aquel agente con mayor capacidad para capturarla.

Y, en este caso, los propietarios de vivienda son los mejor posicionados para capturar gran parte de esta subvención. Si la oferta de vivienda es relativamente inelástica –no aumenta mucho ante cambios en los precios– en relación con la demanda, entonces el mayor número de inquilinos con más dinero en sus bolsillos competirán por alquilar uno de los escasos inmuebles en el mercado, de modo que sus precios subirán y la capacidad adquisitiva de los inquilinos no se incrementará. Si el inquilino recibe 250 euros y el alquiler se le incrementa en 200 euros, quien más se beneficia de la medida es el propietario.

Pues bien, esto es lo que previsiblemente sucederá con la ayuda de Sánchez. Tal como ha recordado esta semana EsadeEcPol, la mayoría de estudios que han analizado los efectos de medidas como la planteada por el Gobierno –en países tan diversos como Reino Unido, Francia, Finlandia, Nueva Zelanda o EE UU– concluyen que los propietarios de la vivienda terminan apropiándose de entre el 30% y el 78% de las ayudas estatales al alquiler.

No es, por tanto, que no tengamos experiencia en esta materia y que, en consecuencia, PSOE y Podemos se hayan lanzado a probar una medida novedosa de resultado desconocido: no, es que ya sabemos que quien al final se termina lucrando con este tipo de subvenciones es el propietario de una vivienda; aquél que en muchos casos no tiene por qué necesitar subvención alguna. En definitiva, hasta que no entendamos que el auténtico problema del mercado inmobiliario español es la carestía de vivienda y que, por tanto, es necesario construir más –especialmente en las grandes ciudades, que es allí donde la vivienda es demandada–, seguiremos dando palos de ciego con políticas públicas completamente desnortadas. El bono vivienda para jóvenes es el enésimo ejemplo de ello.