Exclusión

La mesa sobre conciliación de Irene Montero nace torcida: deja fuera al sindicato más representativo de la administración

CSIF denuncia su exclusión del debate del que saldrán las líneas maestras del permiso de crianza o la ampliación de los de paternidad y maternidad

La ministra de Igualdad Irene Montero (c) y la ex portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid y nueva asesora de Montero, Isa Serra, en primer plano
La ministra de Igualdad Irene Montero (c) y la ex portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid y nueva asesora de Montero, Isa Serra, en primer planoFERNANDO VILLAREFE

La Mesa Asesora para los Cuidados, creada por el Ministerio de Igualdad para impulsar las políticas de conciliación, nació viciada y sigue en la misma línea con la exclusión de representantes de diversos organismos. Entre ellos, figura la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), a la que el Ministerio de Irene Montero no tiene intención de convocar pese a tratarse del sindicato más representativo en las administraciones públicas, las primeras que deberían dar ejemplo en materias como la conciliación o la temporalidad.

En la mesa del pasado 20 de septiembre se reunieron con Montero, con una escenificación propia de una cumbre, la secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Noelia Vera; la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, así como representantes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y diversas entidades, agentes sociales, organismos internacionales, asociaciones, colegios profesionales, el Consejo de Participación de la Mujer y más de una docena de expertas. Entre los agentes sociales no figuraba ningún representante de CSIF, ya que no fueron convocados.

Ante esta situación, el sindicato ha presentado una queja formal al Ministerio de Igualdad ya que considera que los asuntos que contendrá el “libro blanco” sobre los cuidados que se pretende redactar tras las conclusiones de la Mesa contiene medidas de carácter urgente que entran dentro de las prioridades de CSIF, como el permiso de crianza, la ampliación del permiso de paternidad y maternidad, la adhesión al Convenio 189 de la OIT o la garantía para universalizar la educación de 0 a 3 años.

Asimismo, CSIF denuncia que no se trata de un error o de una exclusión circunstancial ya que el sindicato ha solicitado sin éxito mantener una reunión institucional con la ministra desde que asumiera el cargo y ha recordado, en una carta remitida a la ministra hace diez días, la preocupación del sindicato en materia de Igualdad. “Nos parece una actitud que no se corresponde con un departamento que ha de velar por el interés público y mantener una interlocución con los agentes representativos de la sociedad civil, como es el caso de nuestro sindicato”, remarcan fuentes de CSIF.

A la citada Mesa de Cuidados sí están convocados CC OO y UGT, por lo que la exclusión de CSIF dada su representatividad es discriminatoria, además de vulnerar el derecho fundamental de libertad sindical, denuncian las fuentes del sindicato agraviado por Montero.

Por tanto, CSIF se reserva el derecho a defender sus intereses con las acciones legales oportunas si se mantiene su exclusión y recuerda que participa en otros foros como en el Consejo de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030, y, dentro de éste, es la única organización sindical que forma parte del grupo de trabajo específico y de participación voluntaria que trata los temas de Igualdad.

Además, desde hace décadas, está firmemente comprometida con las políticas de igualdad y sus aportaciones han sido fundamentales para que prosperasen cuestiones de especial relevancia como medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género (promover el establecimiento de cuotas de reserva de los contratos programa en el ámbito de las Administraciones Públicas para la contratación de mujeres víctimas de violencia de género, mejoras del protocolo de movilidad para empleadas públicas, etc.) así como en la negociación y puesta en marcha del III Plan de Igualdad de la Administración General del Estado.