El cálculo de las pensiones se extenderá a más de 25 años

Aún queda calibrar si la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, estaba al tanto de que el Gobierno en el que figura ha rubricado el compromiso con Bruselas para extender más allá de los 25 años el periodo de cálculo para las pensiones. Es de suponer que sí, lo que no dejaría de ser sorprendente, ya que es una de las «líneas rojas» de la formación en la que se apoya. Y es que, cuando el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, insinúo en un borrador que estudiaba la posibilidad de una ampliación a 35 años, los responsables de Unidas Podemos se rasgaron las vestiduras.

«Es un recorte de las pensiones que no acompañaremos», dijo hace casi un año Díaz al filtrarse los planes de Escrivá, a los que finalmente a dado su conformidad el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De hecho, la líder morada, que aspira a disputarle La Moncloa a Sánchez, aseguró que «combatirían» con la fuerza de sus 35 escaños cualquier extensión del periodo de cálculo de las pensiones públicas.

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, calificó tal posibilidad de «inaceptable». Ayer, el silencio sobre esta cesión a Bruselas para abrir la autopista de llegada de 70.000 millones de euros que entregará la UE a fondo perdido a España fue casi absoluta entre los primeros espadas de Podemos. Los sindicatos, más beligerantes incluso sobre los planes de Escrivá, también callan por ahora.

Es cierto que aún queda un año para que el compromiso se concrete, deberá estar listo en el último trimestre de 2022, y habrá que ver en qué condiciones lo hace, previsiblemente muy lejos de esa ampliación a 35 años de aquel primer borrador de Escrivá filtrado hace casi un año, pero el denominado «Operational Agreement», el documento de 346 páginas que recoge los «hitos» que debe cumplir España para recibir los 70.000 millones de ayuda que le corresponden del fondo «Next Generation» y que hizo público ayer el Gobierno, estipula que España deberá ampliar el periodo de cálculo de las pensiones más allá de los 25 años en que quedará en 2022 tras la reforma de 2011.

En esa reforma se estableció una transición entre 2013 y 2022 en el número de años que se toman para calcular la pensión de los nuevos jubilados de los 15 años en que estaba a los 25 años.

Los últimos años laborales y de cotización suelen ser generalmente son los más beneficiosos para el trabajador porque, sobre el papel, es en los que ha dispuesto de un salario más alto, lo que le da acceso a una mejor pensión. Por tanto, la extensión del periodo de cálculo provoca una disminución de la pensión inicial. El acuerdo rubricado por Bruselas no estipula, sin embargo, los años a que debe ampliarse el periodo.

A pesar de que esta reforma no se contempla explícitamente en las recomendaciones del Pacto de Toledo, de la negativa de los sindicatos y de Unidas Podemos, socio del Gobierno, el Ejecutivo ha mantenido en todas las fichas remitidas a Bruselas esta opción. El departamento de Escrivá evaluó ampliarlo de 25 años a 35 años, un periodo que finalmente se diluyó ante las presiones por todos los flancos. Pero no así la propuesta.

La ampliación a 35 años del cálculo de las pensiones impactaría negativamente en la cuantía de la pensión media inicial de jubilación, ya que ésta disminuiría hasta en un 8,6% de media, una caída muy superior a la que barajaba el propio Ministerio, que lo situaba en el 6,3%, más de dos puntos por debajo. Así lo determina en sus conclusiones el análisis realizado por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson, en colaboración con la Universidad de Valencia y la Universidad de Extremadura.

España tendrá, además, que probar que sus reformas en pensiones son reales y deberá presentar ante Bruselas un «justificante» detallado de que el nuevo mecanismo que asegurará la sostenibilidad de las pensiones realmente garantiza la equidad intergeneracional. Para ello tendrá que enviar a la Comisión Europea una evaluación del impacto real en el sistema de los 0,6 puntos de aumento en las cotizaciones sociales que propone la Seguridad Social durante diez años para revivir el fondo de reserva.