La inflación dispara los primeros conflictos sociales contra Sánchez

La creciente conflictividad social que estamos observando en diversos puntos de España –el sector del metal que se levanta en Cádiz, el sector del automóvil que se movilizará este lunes por las calles de Madrid y la huelga de transportistas que se ha anunciado en las fechas previas a Navidad– es el síntoma de un problema de fondo mayor: las heridas que está comenzado a dejar el desabastecimiento global de factores productivos y la consiguiente inflación en nuestro país.

Tomemos el caso de la industria del metal: los trabajadores reclaman subidas salariales del 2% para 2022 y del 3% en 2023. En cambio, la patronal ofrece una del 0,5% en 2022 y del 1,5% en 2023. Pero, ¿por qué las posiciones están tan distanciadas? Por un lado, los trabajadores reclaman aumentos salariales muy superiores a los contemplados en años anteriores porque los precios de su cesta de la compra están disparados. Ahora mismo, el IPC español se ubica en el 5,4% con respecto a octubre del año anterior: aunque pensemos que estos porcentajes se van a moderar a lo largo de 2022 –cosa que está por ver–, las expectativas de los trabajadores pueden ubicarse en subidas de precios del 2% o del 3%, de ahí que reclamen revalorizaciones salariales dirigidas a mantener su poder adquisitivo.

Pero, por otro lado, las empresas afectadas se resisten a subidas salariales tan notables porque también se están disparando otros de sus costes –como los energéticos– de manera que incrementar adicionalmente los salarios contraería demasiado sus márgenes de ganancia… salvo que trasladen esos mayores costes en forma de mayores precios.

Sigamos con el caso de la manifestación del sector automovilístico que se celebrará en Madrid este lunes. La causa de la protesta es la falta de ayudas fiscales al sector del automóvil, toda vez que éste se halla parcialmente paralizado como consecuencia de la escasez de semiconductores. La falta de abastecimiento está provocando un histórico parón en la industria –con retrasos de entre cuatro y seis meses en la compra de vehículos– y la suspensión temporal de empleos en forma de nuevos ERTE. Y si la situación continúa así es obvio que los precios de los vehículos subirán –como ya lo están haciendo los coches de segunda mano–.

Y terminemos con la huelga de transportistas antes de Navidad. Aunque la protesta se explica supuestamente por la introducción de peajes en las autovías españolas por parte del Gobierno, ésa sólo ha sido la gota que ha colmado el vaso de un sector cuyos márgenes ya se han comprimido enormemente por culpa del encarecimiento de los carburantes. De nuevo, pues, estamos ante un conflicto derivado del aumento de costes que terminará transformándose en mayores precios.

En definitiva, los conflictos sociales que estamos empezando a observar dentro de nuestro país son consecuencia directa o indirecta de la creciente escasez y del progresivo encarecimiento de muchos productos. La carestía se traslada a mayores precios y éstas presionan a los trabajadores a reclamar alzas salariales y a los empresarios a tratar de establecer incrementos en sus precios de venta. Y si unos y otros terminan logrando su objetivo de subir precios y de subir salarios, la inflación todavía se descontrolará en mayor medida.