El Defensor del Pueblo pide información a las administraciones sobre sus políticas para garantizar el acceso a la vivienda y pide aumentar la oferta

El Defensor del Pueblo ha puesto el foco en el problema que, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), más preocupa a los españoles, el del acceso a la vivienda. La institución que dirige Ángel Gabilondo ha anunciado hoy que ha iniciado treinta actuaciones de oficio con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, todas las comunidades autónomas, las dos ciudades autónomas y con los diez ayuntamientos más poblados de España con el objetivo de conocer las políticas públicas que están llevando a cabo para garantizar a la ciudadanía el acceso a una vivienda digna y adecuada, según ha informado a través de una nota de prensa.

La institución ha solicitado a Vivienda, las autonomías, Ceuta y Melilla y a los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria información sobre las medidas y/o planes que hayan adoptado, o tengan previsto adoptar, para hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda protegida y asequible incentivada, así como para incrementar el parque público de vivienda.

El Defensor del Pueblo les ha requerido a este respecto información concreta sobre el número de viviendas protegidas y asequibles incentivadas que existen en su territorio; el número de personas en espera de adjudicación de una vivienda sujeta a un régimen de protección pública o asequible incentivada; las medidas dirigidas a incrementar el parque de vivienda sujeta a algún régimen de protección pública y de vivienda asequible incentivada; si existen áreas de mercado residencial tensionado y si se van a aplicar las medidas previstas al respecto en la Ley por el Derecho a la Vivienda; las medidas previstas para regular y en su caso limitar las viviendas destinadas a alquiler turístico, y las medidas dirigidas a ayudar al pago de los alquileres.

La institución ha preguntado también a Vivienda sobre el contenido del próximo plan estatal en materia de vivienda, los avances relativos a la constitución de la empresa pública de vivienda anunciada por el Gobierno y el grado de ejecución de los planes y programas de construcción de vivienda anunciados.

El Defensor del Pueblo ha recordado que las dificultades para acceder a la vivienda llevan tiempo siendo objeto de especial consideración para la institución y que así lo ha ido reflejando en sus últimos informes anuales. "El acceso a la vivienda en España es un problema grave debido a los altos precios. Se observan retrasos considerables en la gestión de ayudas, como el bono de alquiler joven, y largas esperas en la adjudicación de vivienda de protección pública. Parece preciso aumentar significativamente la oferta de vivienda, especialmente las de carácter protegido, que deben sujetarse a un régimen de protección permanente, y gestionar las ayudas al alquiler de manera ágil", destaca su comunicado.

Parque público escaso

Respecto al limitado parque de vivienda social, el Defensor del Pueblo ha recordado que solo representaba el 3,3% del total de los hogares o viviendas principales en 2024 según los datos del Observatorio de Vivienda y Suelo elaborados a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE). En Países Bajos representa el 30% y en Francia 17%. La media europea es del 10%.

Según el Defensor del Pueblo, la situación de dificultad de acceso a la vivienda se reproduce en prácticamente todas las comunidades autónomas y ciudades medias y grandes, pero es "más intensa en aquellos territorios con más población y receptora de más turismo, y afecta en especial a los jóvenes y a las personas con menos ingresos, aunque también a los trabajadores desplazados, y a las personas y unidades familiares con ingresos medios". Esto, concluye, "ahonda la desigualdad entre los ciudadanos y condiciona su bienestar, su desarrollo personal y el disfrute del resto de los derechos, a juicio de la institución".