El Gobierno pone coto al trabajo “esclavo”

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un plan de acción nacional contra el trabajo forzoso centrado en la protección de las víctimas y que permitirá mejorar las políticas de prevención y de detección. Con esta medida se da cumplimiento a una exigencia Organización Internacional del Trabajo (OIT) y destaca que es la primera vez que en España se adopta un plan específico para luchar contra el trabajo forzoso. Entre las medidas previstas está la tipificación como delito del trabajo forzoso y una intensificación de la actividad de la Inspección de Trabajo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Fiscalía General del Estado.

El plan se ha aprobado a propuesta de los Ministerios de Trabajo y Economía Social; de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de Justicia; del Interior; de Educación y Formación Profesional; de Igualdad; y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El acuerdo da cumplimiento a la exigencia del Protocolo de 2014 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fue ratificado por España el 12 de diciembre de 2017 y entró en vigor el 20 de septiembre de 2018 y que exige a los estados que lo suscriban desarrollar un plan de acción nacional para lograr la erradicación del trabajo forzoso, una exigencia a la que España no había dado cumplimiento hasta el momento.

Es la primera vez que se adopta un plan específico para luchar contra el trabajo forzoso que, hasta ahora, sólo se había abordado en conexión, por ejemplo, con actividades como la explotación laboral o la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. El Plan tendrá una duración de tres años y se creará un Grupo de trabajo Interministerial que hará seguimiento de su grado de cumplimiento, según ha informado el Ministerio de Trabajo en un comunicado.

Incluye, además, medidas de protección y apoyo a las víctimas: así como iniciativas para el análisis y estudio del fenómeno del trabajo forzoso y medidas de coordinación y cooperación internacional. “El hecho de que el trabajo forzoso no sea un fenómeno extendido en España no quiere decir que no sea necesario luchar contra los casos existentes, aunque sean reducidos en número, con todos los medios a nuestro alcance”, informan fuentes ministeriales. “El objetivo debe ser la erradicación del trabajo forzoso dentro y fuera de nuestras fronteras”, añade.

El plan tiene tres áreas de actuación. En primer lugar prevé Medidas de análisis y estudio del fenómeno del trabajo forzoso: a través de las que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial mejorarán el conocimiento existente sobre el trabajo forzoso y compartirán información para prevenir mejor este tipo de conductas.

También recoge medidas de prevención, concienciación y formación; Medidas de detección, investigación y enjuiciamiento, entre las que se prevé la tipificación como delito del trabajo forzoso y una intensificación de la actividad de la Inspección de Trabajo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Fiscalía General del Estado. Incluye, además, medidas de protección y apoyo a las víctimas.

Por último, incluye Medidas de coordinación y cooperación internacional ya que este tipo de prácticas a menudo involucran a personas procedentes de otros países y a organizaciones para delinquir radicadas fuera de nuestras fronteras. Es esencial, por tanto, reforzar la cooperación con los organismos internacionales (Europol, Eurojust, Frontex o Autoridad Laboral Europea, por ejemplo) con el fin de combatir el trabajo forzoso.

Junto con el Ministerio de Trabajo trabajarán, conjuntamente en este plan otros ocho ministerios, Interior; Justicia; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Derechos Sociales y Agenda 2030; Igualdad; Educación y Formación Profesional; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Hacienda. Además, el plan cuenta con la implicación de la Fiscalía General del Estado y del Consejo General del Poder Judicial y se ha elaborado con la participación de los interlocutores sociales y de las organizaciones especializadas en la lucha contra el trabajo forzoso.