El Banco de España alerta del «deterioro institucional» por la corrupción, la inestabilidad política y la falta de calidad regulatoria

La pérdida de calidad institucional por la bajada del control de la corrupción, la rendición de cuentas, el Estado de derecho, la estabilidad política y la calidad regulatoria, todas ellas deficientes en el caso de España, sitúan a nuestro país en una posición «por debajo de la media entre los países más avanzados». Así lo advierte el Banco de España (BdE) en su último informe anual de 2024, en el que destaca el grave empeoramiento de la calidad de las instituciones –«entendidas estas como el conjunto de leyes y normas que regulan las relaciones socioeconómicas», señala el supervisor–, que han incidido negativamente en la eficiencia de las Administraciones Públicas, tras experimentar un «deterioro desde principios de este siglo» que se ha acentuado con los últimos dos gobiernos de Pedro Sánchez. Las variables destacadas en el informe con mayor ponderación se refieren a cuestiones como la capacidad del Estado para la gestión de los asuntos públicos y las percepciones de la ciudadanía sobre la incidencia de la corrupción, que en todos los casos tienen una incidencia negativa en la economía.

Aunque los analistas del BdE reconocen que la medición de la calidad institucional está sujeta a «dificultades de distinta naturaleza», los indicadores disponibles muestran que España «no ocupa un lugar preferente en los rankings internacionales en esta dimensión». Además, se habría producido un claro empeoramiento de dicha calidad institucional, que «podría condicionar la capacidad de crecimiento de nuestra economía en el futuro».

Según indica el informe, España es de los 32 países de la OCDE considerados en el índice que calidad institucional (IND1 2001-2010) el quinto que ha sufrido una mayor caída en el indicador. Solo Hungría, Polonia, Estados Unidos e Islandia han experimentado un descenso mayor en este indicador. Sucede lo mismo en lo relativo al indicador IND2, entre 2011 y 2021, en el que España forma, junto con Grecia y Hungría, el podio de los países de la OCDE con mayor empeoramiento de la calidad institucional. Las variables que explican este deterioro son, en el caso de IND1, las relativas al control de la corrupción, la voz y rendición de cuentas y el Estado de derecho. En el caso de IND2, serían las variables relativas al Estado de derecho, la estabilidad política y la calidad regulatoria, todas ellas deficientes en el caso de España.

En este contexto, el regulador bancario también destaca como un elemento desestabilizador de la economía española la polarización política. Cree que dicha polarización puede «conducir a conflicto, a la baja cooperación y a un bloqueo legislativo», retrasar «reformas económicas necesarias» y aumentar la «incertidumbre sobre la estabilidad de la actividad empresarial», que puede traducirse en «cambios frecuentes en las políticas económicas», con un impacto negativo en la inversión y en la previsibilidad del entorno empresarial. «La polarización tiende a distorsionar la percepción que los ciudadanos tienen de la situación económica, afectando a su nivel de confianza y a sus decisiones de gasto», alertan los analistas del BdE, que creen que el problema va a ir a más.

El organismo bancario señala que la polarización en España apareció después de 2015 y ha seguido un «aumento sostenido» hasta la actualidad, en la que «los niveles son considerablemente más altos que hace dos décadas, lo que sugiere una transformación profunda en las «dinámicas políticas» y un motivo de «preocupación». Deben contemplarse «estrategias que mitiguen sus efectos en la estabilidad política y económica de Europa», sostienen.

El Banco de España también ha criticado con severidad el Plan Fiscal y Estructural presentado en Bruselas por el Gobierno de Pedro Sánchez porque «desaprovecha la oportunidad para planificar de manera rigurosa» las cuentas públicas a medio plazo y beneficiarse del «patrón de crecimiento» que presenta la economía española, y se une así a las dudas que ya mostró la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) respecto por la «grave falta de información» en el seguimiento de la evolución de este plan. El supervisor bancario se ha sumado a esas críticas y afea al Ejecutivo que «no incluye un detalle suficiente de las medidas presupuestarias que se han de adoptar para conseguir los objetivos establecidos» ni previsiones de ingresos y gastos a largo plazo. Unas carencias que «reducen su utilidad como instrumento de planificación fiscal».

Asimismo, se muestra decepcionado porque no se haya ejecutado ya el ajuste fiscal «aprovechando el actual dinamismo económico, que reduciría la incertidumbre asociada al riesgo» y permitiría hacer «un ajuste fiscal de carácter procíclico más adelante». Según apunta el regulador, el plan fiscal establece un crecimiento anual promedio del gasto neto –el gasto computable–, del 3% hasta 2031, que ven «compatible» reducirlo paulatinamente desde el 3,7% en 2025 al 3% en 2028 y al 2,4% en 2031. Ángel Gavilán recordó ayer que el nuevo marco europeo de gobernanza económica incluye la cuenta de control, que permite «una desviación máxima de tres décimas del PIB por año y seis décimas en el acumulado sobre los objetivos de gasto establecidos en los planes fiscales, una cláusula de escape para afrontar el gasto en defensa que España no ha decidido activar todavía.

Finalmente, el Banco de España apunta que la situación de las finanzas públicas sigue estando caracterizada por un «desequilibrio estructural apreciable» y por una «elevada ratio de endeudamiento», que tiene complicado cumplir con los objetivos fiscales a medio y largo plazo.