La ruina del megavatio

En 2008 pagamos la electricidad más cara nunca vista. Hasta hoy. Porque 2021 pasará a la historia como el del megavatio, en el que todos los consumidores, sobre todo los casi 11 millones acogidos a la tarifa regulada, vivieron pendientes de las oscilaciones horarias cada día del precio de la electricidad en el mercado mayorista. Conceptos como PVPC, mix energético, derechos de CO2, ciclos combinados o pool diario han pasado a resultarnos más o menos familiares, sobre todo desde la segunda mitad del año, cuando el alza de los precios se desbocó. Pero volvamos hacia atrás para entender la magnitud de la subida de la luz. En ese 2008, el megavatio hora quedó de media en los 64,4 euros. Desde entonces, las variaciones han sido mínimas, con un rango medio anual en el entorno de los 45 euros el MWh. Hoy, sin embargo, el precio medio anual superará los 110 euros MWh, casi el doble que en 2008 y cerca de tres veces más que la media de los últimos 15 años. Todo por culpa de una espiral agudizada desde junio, coincidiendo con la implantación de la nueva factura por tramos para el PVPC.

Desde entonces, el Gobierno ha ido a remolque de los acontecimientos y sin demasiadas cartas con las que jugar como consecuencia de sus compromisos políticos e ideológicos contra el carbón y las nucleares. Con toda la transición energética fiada a las renovables puras, el cierre de centrales térmicas ha dejado la responsabilidad de llenar los huecos a los ciclos combinados, cuya materia prima, el gas natural, está a su vez por las nubes. ¿Cuánto? En el entorno de los 150 euros MWh en el mercado diario, en los 147 euros para enero y en los 142 euros para el primer trimestre de 2022, año en el que la anunciada «tregua» en los precios que el propio Gobierno avanzó desde marzo será más que relativa, ya que se espera una media anual del gas por encima de los 100 euros MWh, según los mercados de futuros. Así pues, el año del megavatio va para largo.

Para tratar de paliar el impacto en los hogares, empresas y en los precios, el Gobierno fue lanzando poco a poco medidas paliativas que no han logrado atajar la situación y apenas han taponado la sangría económica. El paquete de rebajas fiscales aprobado por la ministra Transición Ecológica, Teresa Ribera, que contempla la bajada del 21% al 10% del IVA, la suspensión del impuesto de generación al 7% que pagan las empresas, aunque se repercute en los precios eléctricos, y la rebaja del impuesto especial eléctrico del 5,11% al 0,5%, el mínimo legal, se prolongará previsiblemente hasta abril, aunque ya nadie descarta que se tenga que alargar más allá de la primavera. Sin embargo, cuando se aprobaron estas medidas el coste diario de la luz era casi cuatro veces inferior al actual: 86 euros MWh, mientras hoy supera con creces los 350 euros MWh y apunta hacia la nueva cota de los 400 euros.

En agosto, Ribera no contemplaba un cierre de año con precios por encima de los 200 euros el megavatio hora. Ni de los 250 euros y, mucho menos, del récord de 360 euros. Quizá por eso el presidente del Gobierno decidió hacer frente al desgaste y aseguró a la vuelta de sus vacaciones en una entrevista a «El País» que todo estaba controlado y hasta se atrevió al más difícil todavía, el doble mortal de la luz: «El Gobierno se hace cargo de la preocupación social. Y estamos trabajando con un plan para llegar a un compromiso concreto, y es que al final de 2021 los españoles echen la vista atrás y vean que han pagado en la factura de la luz una cuantía similar y semejante a la que pagaron en 2018. Ese es el objetivo y el compromiso: que todos los ciudadanos con un consumo medio al final de 2021 paguen una cuantía semejante y similar a la que pagaron en 2018, lógicamente con el IPC descontado». Palabras textuales que son papel mojado y que dejan en el cajón de las promesas rotas las palabras de Sánchez.

Ahora, la cuestión es distinta. Sin tregua ni siquiera durante los fines de semana, la espiral nos lleva al otro extremo: ¿cuánto pagarán de más los hogares a final de año? Todas las organizaciones de consumidores, tanto OCU como Facua, aseguran que pagaremos más. Un análisis pormenorizado de LA RAZÓN indica que la factura de un hogar medio con cuatro miembros y una potencia contratada de 3,45 kilovatios en el mercado regulado abonará como mínimo un 10% más de lo que afrontó en el recibo de la luz de 2018 con el mismo consumo y la mitad de su gasto concentrado en el tramo valle, el más barato.

Prueba de que las medidas han servido para poco es la traslación en el alza de los precios del coste eléctrico. La evolución del precio de la electricidad, gas y otros combustibles en exclusiva supone un 5,6% del IPC y ha experimentado un crecimiento anual del 40%. Es decir, pese a que su peso en la canasta de productos del IPC es relativo, su encarecimiento ha sido de tal magnitud que el conjunto de los precios ha sufrido la mayor subida en 29 años, con el IPC de noviembre en el 5,5% y los sueldos medios perdiendo más de un punto porcentual de valor por la brecha entre las subidas pactadas de los salarios y la de la vida. A esto hay que añadir el sufrimiento de los negocios de alto consumo eléctrico, desde peluquerías o tintorerías a metalúrgicas, y la caída de las previsiones del PIB para este año y el siguiente por culpa, entre otras cosas, de los costes eléctricos y del alza de los precios. Una tormenta que no tiene visos de amainar en 2022 y que seguirá desgastando a un Gobierno que por mucho menos atacaba sin desmayo a sus antecesores cuando estaban en la oposición.