Vivienda

Los pequeños propietarios, a favor de reclamar compensaciones al Estado por el tope al alquiler

La mayoría de los integrados en Asval son partidarios de exigir una reparación por la limitación del 2% prorrogada hasta finales de año

Carteles de Se Alquila vivienda.
Carteles de Se Alquila vivienda.Jesús G. FeriaLa Razón

Los pequeños propietarios no están dispuestos a que el tope a la subida del alquiler del 2% aprobada excepcionalmente por el Gobierno esquilme sus cuentas. La mayoría está abrumadoramente a favor de pedir una compensación al Estado por ver limitadas sus posibilidades de subir las rentas. La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) ha realizado una encuesta entre sus miembros y más de 1.000, el 95% de los consultados, está a favor de reclamar compensaciones al Estado por esta medida. Un porcentaje que ha provocado que Asval esté estudiando las posibles medidas legales que tienen a mano para promover una acción conjunta con todos los propietarios particulares que tiene asociados.

La limitación al 2% a la subida del alquiler, una medida aprobada en marzo por el Ejecutivo, se ha prorrogado recientemente durante seis meses en el marco de la renovación de las medidas económicas encaminadas a limitar los efectos económicos derivados de la guerra de Ucrania. En el Real Decreto que contenía esta medida se establecía que los propietarios no podrían aumentar el precio del alquiler por encima de la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad (IGC). Sin embargo, como recuerdan desde Asval, el último dato del INE para este índice lo sitúa por encima del 4%, y no en el 2% al que lo limita esta herramienta.

Asval, que supera los 4.000 asociados (la mayoría particulares), considera injusto que el Gobierno no establezca compensaciones a los propietarios ante este perjuicio económico. “El impacto de estos cambios supondrá una presión financiera para los propietarios independientes. Las empresas de otros sectores, como los proveedores de energía, han recibido ayudas del gobierno para aliviar el impacto de estos cambios; por lo tanto, simplemente pedimos que nuestro sector sea tratado de forma justa y de la misma manera que los demás”, ha explicado María Andreu, directora general de Asval. La asociación teme, además, que la limitación se extienda mientras la inflación siga alta, ahondando así el perjuicio de los propietarios.

Para reparar lo que consideran un agravio comparativo, desde Asval aseguran que están analizando los opciones que tienen para canalizar una acción conjunta con todos los propietarios particulares que tienen asociados. De momento, los propietarios pueden presentar una reclamación por responsabilidad patrimonial a la Administración. Esto es algo individual que puede hacer cada propietario y para lo que Asval facilitará la información necesaria, explican desde la asociación.

Transferencia de renta injusta

Asval considera que con esta limitación al incremento de las rentas se produce “una transferencia de renta de los propietarios a los inquilinos injustificada, máxime teniendo en cuenta que el 95% de los arrendadores en España son pequeños propietarios que utilizan las rentas para completar sus sueldos y pensiones”. Además, añaden, “los propietarios también están sufriendo los rigores de la inflación en su actividad inmobiliaria, un efecto que no están pudiendo trasladar a los precios, pese a que la Ley de Arrendamientos Urbanos que rige los contratos de este mercado contempla esta posibilidad. También están haciendo frente a un incremento de los costes vinculados a la propiedad de sus viviendas, por lo que no es justo que no pueda ser trasladado en parte al precio del alquiler”, lamenta.

Como ya ha advertido en otras ocasiones, la asociación ha recordado que esta limitación, al igual que otras medidas como el Proyecto de Ley de Vivienda o la ley catalana “que ampara la ocupación ilegal”, trasladan a los propietarios la responsabilidad de las Administraciones Públicas de atender el problema social de la vivienda, sin recibir ningún tipo de compensación por ello. Además, esta medida “limitará aún más el número de viviendas disponibles en alquiler, ya que muchos propietarios preferirán dejar sus inmuebles vacíos o venderlos” debido a la creciente inseguridad jurídico, lo que aumentará los precios de los alquileres y agravará los problemas de acceso a la vivienda que hay en el país para los más vulnerables que tampoco pueden acceder a residencias en propiedad. Asimismo, los propietarios estarán menos dispuestos y capacitados para llevar a cabo las obras necesarias -incluso para mejorar la eficiencia energética y la renovación- en las viviendas que alquilan”, rematan.