Vivienda

El límite del 2% al alquiler encarecerá los futuros arrendamientos

Un estudio publicado por Fedea avisa de que reducirá la oferta y aumentará el coste de la que haya

Vivienda en alquiler en Madrid
Vivienda en alquiler en MadridJesús G. FeriaLa Razon

La decisión del Gobierno de congelar la subida de los alquileres a un máximo de un 2% hasta finales de junio no sólo cuenta con el rechazo frontal del sector inmobiliario. También el mundo académico considera que se trata de una medida errónea que no va a contribuir a frenar la inflación y que, además, va a provocar un incremento de precios a futuro. Así lo expone Benito Arruñada, catedrático de Organización de Empresas en la Universidad Pompeu Fabra, en el documento “Comentario a las nuevas regulaciones al alquiler” publica por el “think tank” Fedea.

Arruñada considera que el tope al 2% del alquiler introducido en el marco de las medidas para luchar contra los efectos de la guerra en Ucrania «en el mejor de los casos, alivia el problema de algunos inquilinos a costa de los propietarios». Sin embargo, en su opinión, ha creado “un grave problema para quienes estén intentando alquilar”. Según su análisis, la limitación de precios supone un incumplimiento de los contratos actuales. Al ocurrir esto, «los propietarios se ponen en lo peor y temen que los nuevos contratos tampoco se cumplirán». Por ello, añade, es lógico que, como avisan los portales inmobiliarios, “muchos propietarios que buscaban inquilino ya hayan retirado sus pisos del mercado, pasando éstos así a engrosar el 20% de viviendas que se encuentran vacías”. Añade que aquellos otros que, pese a todo, estén dispuestos a alquilar, “optarán por protegerse, cobrando de antemano una renta mayor o pasándose al alquiler informal o a corto plazo. En ambos casos, son los arrendatarios potenciales quienes sufren las consecuencias, explica. “Habrá menos contratos y sus rentas iniciales serán más altas”, asegura Arruñada.

Eso, a medio y largo plazo. En el corto, Arruñada también tiene importantes reservas respecto a que la medida contribuya a embridar la inflación. Lo que pudieran bajar algunos alquileres “se compensaría con la subida en los demás bienes y servicios, máxime si la propensión al consumo es mayor entre los inquilinos que entre los propietarios”, según asegura. Adicionalmente, el análisis afirma que “los propietarios que aún se animen a alquilar exigirán un alquiler mayor, ante la inseguridad jurídica que crea este precedente, que viene de derogar por tiempo de hecho indefinido, la actualización del alquiler en los términos voluntariamente pactados por las partes”.

Prolongación de la medida

El catedrático de la Pompeu Fabra es bastante pesimista respecto a la posibilidad que el tope del 2% vaya a ser temporal. En su opinión, hay varios motivos que refuerzan el temor expresado por el sector inmobiliario a que su vigencia se extienda. De entrada, explica, “es probable que la inflación se mantenga elevada mientras el Banco Central Europeo (BCE) siga comprando toda nuestra deuda pública y financiando así nuestro déficit”. Asimismo, añade que cabe temer que, cuando deje de hacerlo, “suframos una recesión que proporcionaría nuevas excusas para fijar administrativamente los precios, así como para prorrogar e impedir la actualización de los contratos”. Por último, destaca que con el paso del tiempo “aumenta la brecha entre precio de mercado y precio contractual, lo cual agudiza las dificultades, tanto económicas como políticas, para actualizar este último”.

Arruñada es en líneas generales muy crítico con las políticas públicas de intervención del mercado del alquiler implementadas en España en las últimas décadas. Considera que el arrendador de viviendas estaba ya antes de esta medida en una situación “un tanto precaria” debido a las “ingenuas y cambiantes restricciones” que nuestras leyes imponen a la contratación, la tolerancia con los impagos y las ocupaciones y las dificultades para hacer frente a los desahucios. Circunstancias a las que ahora se suman las nuevas regulaciones “más intervencionistas” estatales y autonómicas.