La presión fiscal y la inflación desploman la renta de las familias

Los españoles disponen de menos renta pero pagan más impuestos. Es decir, a pesar de la reducción de la renta familiar por culpa de la presión inflacionaria, los impuestos, tanto en términos nominales como relativos, han continuado elevándose y, lo que es peor, existe una alta probabilidad de que sigan subiendo durante los próximos trimestres, ya que las obligaciones fiscales están ascendiendo más rápido que la propia capacidad de pago de las familias. Estas son algunas de las principales conclusiones del último informe presentado por la Fundación Civismo para celebrar el Día de la Liberación Fiscal –la contabilización de los días que los ciudadanos trabajan para pagar sus impuestos al Estado-, y que este año tuvo lugar el pasado 13 de julio, 193 días después haberse iniciado el año.

El informe también incide sobre la presión fiscal que soportan las familias españolas, que en lo que va de 2022 ha vuelto a crecer, en consonancia con la línea ascendente que ya ha sufrido desde 2018, cuando Pedro Sánchez accedió al Gobierno por vez primera. Según sus cálculos, este ejercicio es en el que más ha aumentado la presión fiscal directa, al haberlo hecho también la renta familiar. Desde este «think tank» ven «incomprensible» que, ante una inflación disparada, «el Gobierno no haya deflactado las tarifas del IRPF, lo que hubiera permitido que los contribuyentes mantuvieran su capacidad económica».

Con un aumento de la renta de las familias españolas, en circunstancias normales, los recursos disponibles que se hubieran podido dedicar al consumo son mayores, pero el impacto de la pandemia redujo al mínimo las compras en los hogares, por lo que también lo hizo en la misma medida la recaudación de impuestos. Tras la vuelta a la normalidad, al elevarse el consumo tras el fin de las restricciones y la vuelta a la normalidad, el Gobierno aumentó la presión fiscal indirecta con su correspondiente subida de impuestos, con lo que la recaudación se ha disparado en el primer semestre impulsada por una inflación sin freno.

Aunque en España esa presión fiscal indirecta ha sido mucho mayor con el actual Gobierno, ésta se mantiene al alza desde los años 90. Los impuestos han subido en los últimos 20 años por encima de lo que lo han hecho las rentas. Según las cuentas de los analistas de Civismo, una familia española paga cerca de 10 puntos más en impuestos que a finales del siglo pasado, un incremento que es de carácter estructural, en el que las rentas más bajas han asumido un nivel mayor de impuestos, acrecentado por la pandemia.

Este camino ascendente solo ha marcado dos parones asociados a sendas grandes crisis: entre 2007 y 2013, coincidiendo con la Gran Crisis Financiera, y en 2020, con el estallido de la pandemia. En el primer frenazo, la recaudación se redujo ligeramente, aunque no así la presión indirecta. En el año 2020, los menores ingresos fiscales están directamente asociados con el Gran Confinamiento, que produjo una caída muy significativa del consumo, arrastrando también a la baja la recaudación impositiva. En 2021, el país remontó el crecimiento económico al unísono con la presión fiscal sobre el consumo, «tal como venía haciendo antes de la crisis», recuerdan en la Fundación.

A pesar de la reducción de la renta familiar, los impuestos, tanto en términos nominales como relativos, han continuado subiendo. Además, tal como muestra el último dato del primer trimestre de 2021, hay una alta probabilidad de que sigan elevándose en los próximos trimestres, debido a que las obligaciones fiscales están ascendiendo más rápido que la capacidad de contribución de las familias, que pagan proporcionalmente más impuestos que lo que ganan, defienden en Civismo.

Esta reducción de la renta disponible por la mayor presión fiscal e inflacionaria ha empezado a complicar la capacidad de ahorro de las familias, disparada durante la pandemia. El viernes, la AIReF alertó de que los riesgos económicos se han intensificado de cara a final de año y principios de 2023 por la guerra y la inflación, con una merma significativa de la capacidad adquisitiva de los hogares, en un contexto de «condiciones financieras menos favorables» y con una «disminución del ahorro embolsado durante la pandemia», que forzará un «deterioro importante de la confianza de las familias». Así, ha elevado del 6,5% al 7,8% su previsión de inflación media para este año, en un contexto de precios de consumo más adverso, que está teniendo «un notable impacto» sobre la renta disponible real de los hogares y su confianza. Según la institución, la inflación está generando «un ‘shock’ de confianza» similar al registrado durante lo peor de la crisis pandémica, con el ahorro bajando ya a niveles próximos a los observados antes del covid.

Desde Bruselas también se ponen la venda antes de que se haga la herida. Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía, anunció esta semana que la inflación cerrará este año en el 7,6% en la Eurozona, y al 8,3% para el conjunto de la UE, dos pronósticos que calificó de «históricos» y que duplican con creces las proyecciones del Ejecutivo previas al inicio de la guerra, del 3,5%y del 3,9% respectivamente. Según sus palabras, estas previsiones han sido «revisadas al alza debido a los altos precios de la energía», así como a otras presiones inflacionarias con «riesgos vinculados a la evolución de la guerra de Ucrania así como de los mercados energéticos». Una inflación que está afectando a todos los «bienes y servicios básicos» correspondientes al sector industrial no energético, lo que impactará negativamente en la capacidad de consumo y de ahorro de los hogares, lo que puede contraer aún más la economía europea.

El Banco de España piensa lo mismo y advierte de que «la caída del consumo familiar puede congelar la economía en el segundo semestre», una vez que se frene la inercia del verano.