Otra ronda de medidas inútiles

En el Debate del Estado de la Nación, el presidente Sánchez hizo varios anuncios para mitigar la crisis y el efecto de la inflación. Por tercera vez, anunció unas medidas que ni combaten la inflación ni mejoran la situación de España.

Sánchez dice que la inflación es un problema que no tiene nada que ver con él cuando en 2015 acusaba a Rajoy de «salir muy caro» a los españoles con una inflación del 1%. La inflación en España es superior a la media de la eurozona y a países como Portugal o Francia.

Tras el impacto inapreciable de su medida «estrella», el «tope del gas», ha anunciado un impuesto a los beneficios extraordinarios de las eléctricas y petroleras y a las empresas financieras. Acusar a los bancos de «aprovechar la subida de tipos» para ganar más dinero es más que sorprendente cuando a cierre del primer semestre no se ha implementado esa subida de tipos ni hay evidencia alguna de aumento de beneficios extraordinario. Pero, sobre todo ¿se les va a compensar por las pérdidas generadas cuando los tipos eran negativos?

Mirando a los resultados de las eléctricas vemos que su margen bruto en España ha caído en el primer trimestre y los bancos se han recuperado gracias a sus actividades en el exterior. ¿Quién va a invertir en España si sabes que si ganas dinero te lo expropian y si pierdes dinero también?

Impuestos aleatorios por supuestos beneficios es una idea equivocada y peligrosa que va contra la neutralidad fiscal. Impuestos que, como siempre, recaudarán menos de lo estimado. Y que la historia de España y del mundo demuestra quesiempre redundan en más costes para los consumidores. Si subir impuestos a las empresas redujese la inflación, Argentina no la tendría alta y escasez.

El argumentario es inaceptable: cuando una firma pierde dinero, no puede despedir, debe invertir igual y pagar más impuestos. Cuando gana, vienen los políticos, que no han creado una empresa en su vida pero casualmente saben cuál debe ser el margen de un negocio cíclico, para expropiarlo.

El resto de las medidas son cosméticas o repetidas de planes anteriores y son más inflacionistas ya que suponen más gasto, deuda y con ello más consumo de reservas monetarias (imprimir moneda). Bonificar el 100% de los abonos de transporte de Cercanías y Media Distancia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre tiene un impacto irrelevante cuando un salario de 21.000 euros va a perder poder adquisitivo por más de 2.000 este año. Además, deja parte del problema a las autonomías porque espera «que puedan complementar estos esfuerzos». Finalmente, el presidente ha avanzado la construcción de 12.000 viviendas públicas que es una promesa irrelevante cuando muchas licitaciones de obra pública están quedando desiertas porque la subida de costes hace inasumible el contrato para las empresas.

Las familias españolas gastan unos 300 euros mensuales adicionales en productos básicos por el aumento de precios. El consumo medio de un hogar español es un 16% más alto que hace un año para los mismos bienes y servicios. En vez de bajar impuestos, deflactándolos a la inflación, el Gobierno sigue acumulando ingresos récord mientras familias y empresas sufren una doble subida de impuestos, la inflación y las subidas ya anunciadas.

Será otro anuncio sin gran impacto. Como ha ocurrido con los otros dos planes anunciados, no se ejecutan y se pierden en el titular. Atrás queda un plan de 16.000 millones que no se ha ejecutado, otro de 9.000 millones y las ayudas a los damnificados del volcán de La Palma olvidadas.

Dice Sánchez que se va a «dejar la piel para defender a la clase trabajadora de este país». Pero se niega a deflactar los impuestos, impone más trabas a la mejora de la oferta y la seguridad de suministro y hunde sus ahorros -muchos en bolsa- al destruir la cotización de las empresas en las que están la mayoría de los planes de pensiones. Además, una crisis innecesaria con Argelia nos ha llevado a tener a Rusia como segundo mayor suministrador de gas y encarecer más nuestras facturas.

Ante una crisis como ésta, el Gobierno debe incentivar la inversión y la mejora de seguridad de suministro y reducir impuestos para mitigar el impacto de la inflación. Bajar impuestos no aumenta la inflación porque es devolver algo de su propio dinero al que lo gana, no supone más unidades de moneda en el sistema y porque ahogar al sector privado es la peor forma de enfrentarse a una crisis.

Negarse a deflactar los impuestos a la inflación supone entre 300 y 700 euros adicionales anuales en impuestos a un salario medio incluyendo impuestos indirectos. Hay que apoyar la subida de tipos y la retirada de estímulos y poner énfasis en reducir gasto improductivo mientras se deflactan los impuestos y se liberaliza la economía para fortalecer las cadenas de suministro.