El Gobierno se olvida de los mercados mayoristas que gestiona el Estado en su tope a los alimentos

La idea de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de topar los precios de los alimentos básicos que ha degenerado después en una presión para que las grandes compañías de distribución confeccionen una cesta de la compra a precios razonables con productos esenciales ha levantado ampollas en el sector de los «súper». Los pequeños comerciantes creen que si se fuerza a los grandes a tirar los precios, ellos se quedarán sin opción de competir. Y los grandes, que no soluciona el problema y que, muy al contrario, lo complicaría todo más porque se trata de un sector muy atomizado en el que habría que poner de acuerdo a miles de implicados. La distribución cree que lo adecuado para contener los precios sería rebajar el IVA de los alimentos y que no estaría mal que el Gobierno revisase la batería de una treinta de normativas que ha aplicado o pretende aplicar y que están aumentando sus costes y se trasladan luego a los precios. Pero puestos a entrar en el debate sobre una posible intervención de los precios, algunos en el sector no entienden que el Ejecutivo se haya «olvidado» de Mercasa.

Esta compañía pública, propiedad casi a partes iguales de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es la encargada de gestionar la red española de mercados mayoristas, una de las más grandes del mundo, si no la que más. Según recoge la compañía en su último informe anual, el de 2020, la actividad comercial de las empresas mayoristas que operan en su red de 24 Mercas generó un volumen de ventas de 7,8 millones de toneladas de alimentos, con un valor superior a 14.500 millones de euros, que representan en torno a un 1,3% del PIB nacional. Los volúmenes comercializados en estos recintos representan un 70% del total de frutas y hortalizas que se consumen en España (hogares + extra doméstico), un 55% de los pescados y mariscos y aproximadamente un 50% de las carnes, sin incluir productos transformados.

Mercasa se limita a poner a disposición de los negocios mayoristas los espacios en los que trabajan mediante concesiones a largo plazo y dotar a las instalaciones de servicios y no interviene en las transacciones entre mayoristas y minoristas, por lo que no condiciona la formación de los precios. Pero algunos en el sector apuntan a que igual que Díaz y Alberto Garzón quieren intervenir en los precios de la gran distribución de forma un tanto arbitraria, el Gobierno también podría plantearse hacerlo en los de los productos que se comercializan en estas instalaciones que gestiona una empresa pública. Se trataría, afirman, que dar ejemplo si tan necesaria es esta decisión.

Grandes márgenes

Dado el volumen de producto fresco que se mueve en estos mercas, consideran que su impacto en los precios sería importante. Sobre todo, apuntan, porque el margen de algunos precios que aplican algunos mayoristas puede ser de hasta un 40% respecto a los que se pagan en origen a los productores, que ya de por sí han subido casi un 27% en el último año, según datos del Ministerio de Agricultura del mes de julio. En el caso de algunos alimentos como la patata o el plátano, el incremento de un año a otro supera el 100%, mientras que en la cebolla llega al 66%.

Que tanto Díaz como el ministro de Consumo hayan puesto en la diana a la gran distribución tiene que ver, como ha ocurrido con la banca o las energéticas, con la recuperación de sus beneficios gracias a la mejora de la actividad tras la pandemia. Como aseguró Garzón, muchas «han tenido centenares de millones de euros de beneficio» en los últimos meses y tienen margen para bajar los precios. La distribución, sin embargo, le recuerda que, durante la pandemia, fueron declarados un servicio esencial, lo que les obligó a realizar fuertes inversiones que afectaron a sus cuentas en medidas de seguridad e higiénicas y para evitar rupturas en la cadena de suministro en unos momentos de gran tensión.