Hacienda obligará a las grandes fortunas a pagar el impuesto de solidaridad sobre el patrimonio de este año

El Gobierno no quiere que se le escape un euro de recaudación tributaria y pretende que el nuevo impuesto de solidaridad para las grandes fortunas entre en vigor en 2023 pero con carácter retroactivo sobre el patrimonio de 2022, para que la recaudación tenga efecto inmediato, coincidiendo con la liquidación anual de dicho impuesto. Hasta ahora, parecía que la intención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había sido que se tuviera en cuenta el patrimonio de los ejercicios 2023 y 2024, pero el plan presupuestario presentado a Bruselas ha adelantado que el gravamen será aplicado a los patrimonios de más de tres millones de euros en el presente ejercicio.

Fuentes del Ministerio de Hacienda negaron a LA RAZÓN que hubiera habido un cambio de criterio, “no se ha adelantado nada, simplemente ha quedado especificado en el plan presupuestario que será sobre el patrimonio de 2022”. De este modo, este nuevo impuesto -que permitirá deducir el Impuesto de Patrimonio que gestionan las comunidades autónomas y que pondrá contra las cuerdas a las comunidades que han prescindido de esta figura impositiva (Madrid ya lo tiene bonificado al 100% y Andalucía lo hará el próximo año)- gravará la riqueza neta superior a tres millones euros con tres tramos diferentes: 1,7% a patrimonios entre 3 y 5 millones; 2,1% a patrimonios de entre 5 y 10 millones, y un 3,5% a partir de 10 millones.

Hacienda especifica en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas que este gravamen “es complementario al Impuesto sobre el Patrimonio al establecerse una deducción en la cuota efectivamente del 100%” con el fin de evitar la doble imposición, ya que “los sujetos pasivos del impuesto solo tributarán por la parte de su patrimonio que no haya sido gravado por su comunidad autónoma”. Por tanto, este nuevo impuesto “no obliga a quienes tributan directamente al Estado por Patrimonio”. Es decir, sólo es aplicable a residentes en España.

Además, el texto abre la puerta a que este tributo se extienda en el tiempo tras el fin de su vigencia de dos años -2023 y 2024-, ya que introduce una cláusula de revisión para efectuar una “evaluación de sus resultados al final de su vigencia y valorar su mantenimiento o supresión”.

El director de la División de Análisis Presupuestario de la Airef, Ignacio Fernández-Huertas Moraga, recordó ayer que para que la recaudación de este gravamen a los ricos pueda reflejarse en los ejercicios 2023 y 2024, como especifica el plan presupuestario enviado a Bruselas, “tiene que entrar en vigor antes de 2023, es decir, aprobarse en 2022″. Por ello, el Ejecutivo espera tener aprobado esta nueva figura impositiva antes del 31 de diciembre de este año como enmienda a la proposición de ley que tramita el Congreso para gravar los ingresos extraordinarios a energéticas y bancos. Además, el Gobierno sumará otra enmienda más con la limitación de las desgravaciones en el Impuesto sobre Sociedades para las grandes multinacionales, que recortará al 50% la posibilidad de compensar pérdidas de filiales en grupos consolidados.

La Airef también advirtió de que el Gobierno pretende ingresar 3.000 millones de euros por este concepto, 1.500 millones por cada ejercicio, una cifra que la autoridad fiscal cree demasiado optimista, y que ha reducido en 360 millones, 1.270 millones de euros para 2023 y 1.370 millones en 2024.