La rehabilitación de viviendas se hunde: las solicitudes de ayuda se desploman un 82% hasta junio

La rehabilitación de viviendas se ha frenado en seco. Según datos oficiales recopilados por Andimac, patronal que representa a la distribución profesional de materiales para la edificación y la rehabilitación, hasta junio de este año, las solicitudes de ayudas para rehabilitación de edificios y viviendas que, si se aprueban, se transforman en proyectos, ascendieron a 11.716, lo que supone un desplome del 82% respecto a las 65.737 registradas en el mismo periodo del año anterior.

Para esta asociación, que achaca este desplome al fin de las ayudas europeas, se trata de un dato muy preocupante dado que la caída golpeará a la demanda de la actividad rehabilitadora en la medida en que las obras actuales y las restantes ligadas a los fondos europeos Next Generation finalicen en agosto de 2026.

La rehabilitación ha sido una de las apuestas del Gobierno para mejorar la eficiencia energética. Sin embargo, Andimac asegura que España está muy lejos de cumplir los objetivos que se había marcado. Según sus estimaciones, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) al que están ligados los fondos europeos preveía rehabilitar hasta 410.000 viviendas en el periodo 2021-2026. Sin embargo, sus cálculos apuntan a que las ayudas finalmente lleguen a unas 320.000 viviendas, ya que en junio de 2025 las ayudas definitivas para mejora energética de las viviendas suman un total de 246.000 viviendas.

La patronal, que asegura que España está muy lejos de alcanzar el objetivo de 300.000 rehabilitaciones al año que se había fijado para el año 2030, considera que estos datos hacen urgente clarificar el nuevo marco de ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, en especial qué instrumentos de apoyo tendrá y con que fondos se dotará.

Cambios necesarios

La patronal viene advirtiendo desde hace tiempo de las limitaciones del actual marco de regulación de las ayudas para la rehabilitación. Entre ellas, la enorme dispersión que existe hoy en día y la falta de actualización de sus niveles de intensidad estimados a los costes reales de los materiales. A nivel autonómico, destacan las barreras detectadas ante la ausencia de preconcesiones, lo que prolonga los tiempos administrativos, además de la imposibilidad de adelantar las ayudas a los propietarios pese a disponer desde hace meses de los recursos en tesorería, lo que impide incentivar la toma de decisión.

Desde la asociación agregan que, tras los fondos europeos, España no puede asumir como país el riesgo de no impulsar medidas intensas en materia de rehabilitación edificatoria, lo que conlleva dotación presupuestaria directa (ayudas a las familias) e indirecta (incentivos fiscales). A su juicio, no hacerlo no sólo no permitirá cumplir los compromisos de descarbonización ligados al ahorro energético, sino que supone un riesgo creciente para la pérdida del valor de los inmuebles, donde reside el 70% del ahorro de las familias, y la degradación de lo que hoy es el núcleo de las ciudades españolas, la vivienda levantada durante el desarrollismo.