¿Por qué no se conocen las ayudas europeas para obras de rehabilitación energética?

Nos acercamos al cierre de un 2022 cargado de frustración, desengaño y pena. Un año que empezó con fisuras, que pronto se rompió con la guerra y que finaliza con un enorme grado de incertidumbre. Y en sectores industriales clave pero dependientes del gas, con una trágica sensación de fin de ciclo.

En este contexto, prever un escenario para 2023 es jugar a los dados. Las previsiones de las principales instituciones para la economía española son tremendamente dispares. Pero más allá de los grandes números, luego está la realidad sectorial. Cuando escarbamos en las previsiones y miramos las líneas ligadas a construcción, en general es una de las áreas que mayor aportación se espera que genere sobre el PIB.

Sin embargo, también hay serias dudas. Los datos de consumo de cemento certifican que un creciente número de proyectos de obra civil y pública que debían activarse no lo han hecho por los costes. A nivel de licitación existen algunos datos aproximados: en torno a 1.000 millones de euros de inversión no ejecutada. En obra residencial no hay datos, cuando sabemos que una parte de los visados de este año también se han guardado, al menos, en la nevera. Y el año se cerrará claramente en negativo. Finalmente, la reforma -que tiene el mayor peso sobre el conjunto de materiales y actividad del sector- también registra un claro enfriamiento y en actividad ya ha entrado en negativos.

Certezas

En este contexto hay dos certezas. La crisis no se tiene que cebar en el sector de la construcción, aunque no la vaya a esquivar como sucedió con el covid. Y la segunda, existe una palanca de apoyo a la actividad. Una palanca compleja, pero real: las ayudas para la rehabilitación energética.

Las ayudas son reales: más de 3.500 millones de euros sólo para rehabilitación edificatoria. Cierto que su gestión no es sencilla, pero hay un paso a menudo olvidado y que es condición necesaria para llegar a la fase de gestión. La acción comercial y cierre de los proyectos con las comunidades. No es una venta más, es una venta consultiva y con un alto grado de complejidad e incertidumbre.

Las ayudas generan poca confianza en los usuarios. Y esta es una gran barrera. Aun así, hay argumentos ganadores: el dinero está en la caja, incluso en muchas comunidades autónomas se adelanta hasta el 50% de las ayudas, por lo que si el proyecto se aprueba está asegurada su financiación. También hay que decir que se trata de ayudas que no tributan como ingreso en el IRPF, por lo que no hay sorpresas de segunda ronda.

Ayudas del 85%

Voy a poner un ejemplo. Supongamos una comunidad de propietarios de 10 viviendas, construida el año 1989. Como la gran mayoría de viviendas del país (83%), en especial anteriores al año 2000, su calidad en términos de confort energético es mala, y su calificación energética F o G.

El presupuesto de una obra para un SATE y ventanas es de 140.000 euros. Ahorrará un 48% de energía. Pues bien, la subvención que les corresponde es del 65%, por tanto 91.000 euros. Así, la inversión por vecino, que sin ayudas hubiera sido de 14.000 euros, ahora es de 4.900 euros. Está muy bien, pero en 2023 y un contexto muy malo es mucho dinero. Por eso también hay asociada una deducción del 60% siempre que se ahorre más de un 30% de energía. Por tanto, el coste final por vecino de esta obra es de 1.960 euros. Es decir, ayudas por valor del 85%. Y faltaría sumar deducciones en los tramos autonómicos, como sucede en Galicia o Valencia, que en este ejemplo elevarían la ayuda hasta el 90%. Finalmente, por vez primera el sistema financiero ha creado líneas de crédito muy ventajosas para los usuarios.

Esa vivienda de 1989 se va a revalorizar respecto a lo invertido por los propietarios para la ejecución de la obra como mínimo un 1.000%; se va a amortizar la inversión vía reducción del consumo energético entre los 18 y 48 meses, según el clima; va a generar un enorme confort a todos los propietarios ganando enteros en su calidad de vida, que como son propietarios van a ser bastante más ricos (ni el bitcoin en sus mejores días daba esta rentabilidad superior al 1000%, y aquí sin riesgo alguno).

Es verdad que hemos sido muy críticos con el modelo. Apostábamos desde un primer momento por una ventana de excepcionalidad para la ejecución de los fondos. Una ventana que permitiera crear un único modelo válido para toda España. Al no ser así, en la práctica hemos perdido un año desde que se diseñara y publicara el marco normativo estatal hasta que las comunidades han publicado sus modelos. Un único modelo hubiera permitido, en primer lugar, realizar una única campaña de comunicación, divulgación y sensibilidad. En un país sin tradición a la hora invertir en la mejora del parque edificado, cambiar hábitos de los consumidores es un reto. Hubiera podido desarrollarse un único procedimiento de gestión, con elevado componente telemático, lo que genera eficiencias y escalabilidad. Y un riesgo evidente a partir de ahora. Si para las transposiciones se ha necesitado un año, ¿serán capaces las CCAA de valorar los proyectos en un máximo de 60 días desde su presentación? Recordemos que a menudo llegarán subsanaciones. Y recordemos que en diciembre de 2023 se agota el plazo para que los proyectos de rehabilitación hayan sido valorados. Un cuello de botella en la fase de valoración, subsanación y aprobación final es ahora el gran riesgo, suponiendo que la acción comercial sobre las comunidades de propietarios funcione.

El reto del sector privado es precisamente éste: ser capaces de tener personal cualificado para realizar el proceso de venta consultiva que implica un proyecto de rehabilitación. Tener personal que conozca el marco normativo, las ayudas, la financiación, los sistemas, capaz de gestionar objeciones, emociones, de generar un punto de encuentro natural con los propietarios. Este personal debe poseer claras habilidades comerciales no de venta, sino de venta consultiva, capacitación técnico-comercial; capacidad de generar a su alrededor un marco de gestión ganador (técnico, administrativo…) y contar con un espacio de atención a los propietarios claramente identificado, como por ejemplo son los puntos de venta de la distribución, bien diseñados y ubicados a este efecto.

La paradoja del CIS

La pelota está ahora sobre el sector privado porque nadie conoce las ayudas. En el barómetro del CIS de septiembre hay una pregunta cuya respuesta es desoladora: el 88% de los usuarios estaría de acuerdo con dar más ayudas para la mejora energética de los hogares.¡Pero si nunca habrá más ayudas! Lo que ocurre, y este barómetro lo evidencia, es que no se conocen.

Y dar a conocer las ayudas, las ventajas… constituye un reto enorme. Pero la oportunidad lo merece. A los más de 3.500 millones de euros para ejecutar obras había que sumar los más de 400 millones de la dotación para la deducción fiscal y los más de 5.500 millones si añadimos el fondo de garantía para potenciales problemas de morosidad.

En el contexto actual resulta difícil dejar de centrarse en el día a día. Como me decía un amigo, es tiempo de gestionar con las luces cortas, casi a oscuras, sin saber mínimamente qué puede suceder. Pero 2030 llegará. Y para entonces el envejecimiento del sector y su falta de renovación generacional será un problema de mercado que afectará muy negativamente a fabricantes y distribuidores. Es la hora, sin duda, de apostar por la rehabilitación energética.