Nueva guerra interna en el Gobierno: Díaz quiere subir un 8% el SMI. Calviño y Montero lo rechazan

De nuevo resuenan los tambores de guerra en el seno del Gobierno de coalición y dentro del equipo económico que lidera la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Se acercan las fechas finales del año y deben cerrarse muchos frentes abiertos para que inicien su camino a primeros del año que viene. Y a tres de ellos les comen las fechas para cerrar acuerdos, tanto de forma interministerial como dentro del diálogo social: la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la reforma de las pensiones y el control de la inflación, que lleva implícita la derivada del control del precio de los alimentos, que el propio presidente Sánchez ha sacado a colación esta semana.

El Ejecutivo tienen en su calendario aprobar la subida del SMI en la que será la última actualización para cumplir el objetivo de legislatura de alcanzar el 60% del salario medio en España. Sin embargo, fuentes gubernamentales admiten que aún se está calculando cuánto es el salario medio porque «hay que tener en cuenta para el cálculo la distorsión de los dos últimos años por la pandemia y mecanismos como los ERTE». También esperan las conclusiones del comité de expertos, que «están culminando su tarea» de preparar un informe sobre la actualización del SMI, confirmó ayer la propia Díaz, que una vez lo reciba hará su propuesta oficial y la presentará a sindicatos y patronal para abordar la cuestión en la mesa del diálogo social, no sin antes contar con el visto bueno de Calviño.

Pero la parte socialista del Gobierno de coalición apuesta por una subida que no sea igual que la inflación, sino algo «más moderada para no lastrar el empleo». Fuentes ministeriales confirmaron a LA RAZÓN que la intención de Díaz es ligar esta última actualización lo más posible a la subida del IPC, una propuesta que estaría alrededor del 8%. Pero tanto de Economía como desde la cartera de Hacienda ya han le han advertido que eso sería «contraproducente en la actuales circunstancias de parón de la actividad» y podría «destruir empleo», por lo que serían partidarios «de elevarlo no más allá del 4%. Una diferencia de cuatro puntos porcentuales que abre una grieta más entre PSOE y Podemos. Lo único que está claro es que el nuevo alza del salario mínimo para 2023 superará los actuales 1.000 euros y que tendrá en cuenta el informe de la comisión asesora, que ya en 2021 planteó como subida más alta 1.049 euros para 2023. Trabajo se ha comprometido a reunir a los agentes sociales antes de final de año para trasladarles su propuesta, e insiste en que «tendrá en cuenta el impacto de la inflación».

El Gobierno confía también en que se pueda cerrar este mes la reforma de las pensiones en las que está trabajando el Ministerio de Seguridad Social de José Luis Escrivá, que espera sumar el respaldo de un diálogo social que ya ha mostrado su disconformidad por la propuesta de aumentar a 30 años el periodo de cálculo de las pensiones. También se ha opuesto Díaz, porque «retrae los derechos laborales y endurece el acceso a las condiciones de jubilación». Fuentes del Ejecutivo aseguran que no presentarán nada que no tenga el suficiente respaldo político para ser aprobado en el Congreso, para evitar los contratiempos y agobios que se vivieron con la aprobación de la polémica reforma laboral.

El tercer punto de fricción está en la fracasada propuesta de Díaz de aprobar un tope al precio de los alimentos, que ahora pretende reflotar el presidente del Gobierno al margen de la ministra de Trabajo. Pedro Sánchez quiere volver a asumir el protagonismo en el nuevo plan antiinflación, que quiere presentar «personalmente» antes de que finalice el año. «Este tercer paquete de medidas anticrisis será más ambicioso y contendrá iniciativas nuevas y la prórroga de algunas ya en vigor», confirmaron fuentes gubernamentales. Dentro de estas nuevas medidas entraría las relacionadas con la cesta de la compra, que ahora quiere monopolizar al margen de Díaz, que no ha dicho su última palabra.